Decálogo para una regeneración económica

1. Nuestra Constitución establece que el sistema fiscal ha de ser 'progresivo'. Esta característica no se logra con aumentos de los impuestos al consumo y la simplificación y reducción de tipos del impuesto sobre la renta. Se necesita un sistema fiscal constitucional verdaderamente progresivo que grave más a los que más tienen.

2. Se requiere igualmente un combate eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida que acabe con la situación inquina que prevalece en la actualidad, donde unos (los asalariados) tributan hasta el último céntimo en proporción a lo que ganan y otros, en cambio, evaden buena parte de sus ingresos.

3. Si se quiere una economía asentada sobre pilares consistentes, hay que beneficiar la economía real sobre la especulativa. Y para ello es indispensable que aumente la tributación por rentas de capital y por transacciones financieras, al tiempo que se relaja y bonifica fiscalmente a las rentas de trabajo.

4. Si uno de los máximos problemas actuales es el de las deslocalizaciones de las grandes empresas, muchas de ellas subvencionadas con dinero público e incentivadas fiscalmente para atraer su asentamiento, la única solución viable es la participación pública en el capital de grandes empresas, canjeando subvenciones por acciones, y pudiendo vender éstas en caso de deslocalización, para atender a los gastos generados por la destrucción del empleo.

5. Si una de las más flagrantes injusticias en el mercado actual es el diferencial entre los precios de origen y el de venta al público de los productos básicos, hay entonces que fomentar seriamente las cooperativas de productores y de consumidores y aplicar con rigor leyes que garanticen la competitividad entre distribuidores, acabando así con la actual situación de oligopolio. De hecho, sería indispensable un impulso serio y articulador del tejido productivo real fomentando a la pequeña y mediana empresa y la creación de cooperativas.

6. Si el discurso liberal legitima que se contengan los salarios pero no, en cambio, las rentas empresariales porque estas constituyen el capital con que se reinvierte en el tejido productivo, hagamos entonces al liberalismo ser coherente consigo mismo prescribiendo a las empresas el deber de reinvertir en economía real parte de sus beneficios anuales.

7. Parece estar más que demostrado, con datos, cifras y facturas sufridas cada mes, que las privatizaciones se han saldado con el enriquecimiento de unos pocos, con un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y también con su encarecimiento. Hay que apostar con tesón por estatalizar grandes empresas que solo pueden funcionar en régimen de oligopolio y que son vitales para el interés general, como a no dudarlo lo son las empresas energéticas o las encargadas de la producción y distribución del agua.

8. Vistos los gastos provocados por el rescate de bancos y cajas, parece más que razonable defender una inversión de tan elevados montantes en la creación de una banca pública, en régimen de competencia con la privada y encargada de proveer financiación de un modo no exclusivamente guiado por la ganancia y el beneficio inmediatos.

9. Es igualmente indispensable una mayor transparencia financiera y una vigilancia más estricta de la ética en el mundo de los negocios. A través de registros públicos de cargos e ingresos debiera conocerse el nombre y salario de los consejeros de las principales empresas. Tendría que establecerse un régimen de incompatibilidades que impidiese la presencia de una sola persona en varios consejos y deberían asimismo conocer una limitación legal sus disparatadas remuneraciones, no ya solo en la cantidad, sino en su origen, impidiendo que las operaciones de alto riesgo con perjuicio posible para la sociedad puedan ser bonificadas y premiadas en el mundo empresarial.

10. Y, por último, sería necesario modificar los índices de medición macroeconómica actuales para dar entrada a otros factores que contabilicen aspectos claves como la libertad ciudadana, la calidad de los servicios públicos, el nivel cultural medio y los ingresos medios.

Decálogo para una regeneración política

Creo que una buena forma de organizar las propuestas e ir clasificándolas acaso podría ser la siguiente:

(1) Medidas para una regeneración política y democrática;

(2) Medidas para una regeneración económica y laboral;

(y 3) Medidas para una regeneración mediática y cultural.

Medidas que quizá puedan plantearse teniendo siempre a la vista la Constitución, que nos asiste de cabo a rabo con los derechos que declara y las posibilidades que abre.

Y aquí va un decálogo de medidas para una regeneración política y democrática.

1. Reforma del régimen electoral en un sentido más proporcional, siguiendo las recomendaciones del propio Consejo de Estado;

2. Sometimiento a referéndum de todas las decisiones de gran trascendencia política y económica.

3. Sistema obligatorio de listas abiertas para todos los partidos y en todas las elecciones, tanto locales como autonómicas y generales;

4. Aplicación obligatoria de primarias para selección de líderes municipales, autonómicos y estatales y abiertas a militantes y a inscritos en listas públicas de simpatizantes;

5. Prohibición absoluta de presentarse a cualquier elección a los imputados en procesos criminales incoados por casos de corrupción;

6. Inhabilitación durante 30 años para ejercer cargos públicos o empresariales a los representantes públicos condenados por sentencia firme en casos de corrupción;

7. Declaración obligatoria del patrimonio y los ingresos de los representantes públicos, antes, durante y después de su mandato político;

8. Supresión de la financiación privada a partidos políticos y limitación considerable de la financiación pública;

9. Mayor limitación del período y los gastos destinados a las campañas electorales;

10. Incompatibilidad absoluta entre cargos representativos (locales, autonómicos y estatales) y cargos empresariales, ya sean como consejeros de administración o como asesores; incompatibilidad vigente mientras se ostenta el cargo representativo y que no caduca hasta pasada una década después de haberlo dejado.

Juventud y derecho constitucional

Queridos amigos, me animo a escribiros un par de reflexiones por si pueden contribuir en algo a vuestras (nuestras) movilizaciones.

Es irónico ver a muchos políticos veteranos alarmados ante las concentraciones juveniles de los últimos días. Debe recordarse por eso que la gran mayoría de ellos procede de una generación, nacida en la década de los cuarenta o los primeros cincuenta, que se echó a la calle con apenas veinte años para combatir una dictadura y una crisis económica fulminante. Con sus huelgas prolongadas, sus movilizaciones y su compromiso contribuyeron a acabar con un sistema injusto y opresor. Y como sus aspiraciones y reclamaciones eran legítimas, muy pronto comenzaron a formar parte de los centros decisorios para tomar ellos mismos parte de las riendas del país. En las primeras Cortes democráticas, por ejemplo, ya se sentaba como diputado Rubalcaba, quien quizá se presente a presidente en unos pocos meses.

No encuentro motivo alguno para impedir que esto vuelva a ser así. Ninguna dictadura, ningún régimen marchito y corrupto, se desplomó hasta que la parte más crítica y activa de la juventud no salió a la calle para quejarse y reivindicar. La juventud es un valor que os legitima y que además pone en evidencia la necesidad urgente de un brusco relevo generacional. A mi humilde juicio, no solo debéis criticar a quien gobierne del modo que se viene haciendo, es que tendríais vosotros mismos que gobernar.

Pero es que además os asiste y legitima también el propio derecho constitucional. Según nuestra Constitución, el Estado español es 'un Estado social y democrático de derecho', no un Estado liberal de mercado, y los principios supremos en los que se fundamenta han de ser 'la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político' (art. 1.1). Es evidente que el actual Estado desatiende las implicaciones más elementales de la 'igualdad' y la 'justicia', y con su oligarquía bipartidista y mediática, atenta claramente contra 'el pluralismo político'.

Pero hay mucho más. La Constitución impone (art. 7) que 'la estructura interna y funcionamiento' de los partidos sean 'democráticos', y eso, con las listas cerradas y las designaciones a dedo, se incumple clamorosamente. Los poderes públicos (art. 9.2) deben obligatoriamente 'promover las condiciones' necesarias para el goce efectivo de la libertad y la igualdad, y deben asismismo 'remover los obstáculos' que impiden 'la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica', algo incumplido con el actual régimen electoral y con las últimas reformas laborales.

La Constitución garantiza además el derecho 'a recibir información veraz' de los medios (20.1.d), derecho constantemente conculcado por buena parte de la prensa y los informativos actuales. Fundamental es, por otra parte, 'el derecho a la educación' universal, algo que choca con el encarecimiento constante de las tasas.

La Constitución ordena el establecimiento de un 'sistema tributario inspirado en la igualdad y la progresividad' (31.1). Las últimas rebajas de impuestos a las rentas altas y la consiguiente subida del IVA (impuesto anti-progresivo) vulnera evidentemente este mandato. La propiedad privada no es sacrosanta en nuestro ordenamiento constitucional, que permite la expropiación con indeminización por motivos 'de interés social' (33.3). ¿No es acaso del mayor 'interés social' el que se facilite el derecho a la vivienda expropiando inmuebles infrautilizados por sus propietarios o por las promotoras y los bancos? La Constitución, por otra parte, obliga a la ley a 'garantizar la fuerza vinculante de los convenios colectivos' (37.1). ¿Por qué, entonces, la última reforma laboral autoriza a que el trabajador individual revise a la baja, en acuerdo con su empleador, los términos del convenio colectivo de su sector?

Y, en fin, la Constitución (92.1) permite las consultas al cuerpo electoral a través de 'referéndum' cuando se trata de adoptar 'decisiones políticas de gran trascendencia', como lo es la de poner a disposición de la banca miles de millones de euros, y autoriza además la 'intervención de empresas' cuando así convenga al 'interés general' y cuando éstas solo puedan desarrollarse en régimen de monopolio (128), como ocurre, por ejemplo, con las eléctricas y energéticas actuales.

Por eso, queridos amigos, vuestras concentraciones y marchas son tan oportundas, saludables y necesarias. El régimen actual, oligárquico, clausurado sobre sí mismo, mendaz y corrupto, necesita de vuestra energía y participación para refundarse. Y para ello os asiste y legitima nuestra propia Constitución.

Tenéis todo mi apoyo y entusiasmo,

Sebas

Estado, banca y espectáculo

Ayer domingo se celebró por segunda vez un referéndum en Islandia para decidir si el país hacía frente a las deudas contraídas, e impagadas, de su banca. El fenómeno rápidamente fue traducido al lenguaje falaz, ideológico y malintencionado de los media. Los titulares que pude leer venían a afirmar que 'Islandia se niega a pagar la deuda a Gran Bretaña y Holanda', e incluso había algún periodista que, en lugar de a los países acreedores, se refería directamente a 'los ahorradores británicos y holandeses'. Atiéndase bien a la estrategia, pues un negocio interbancario resultaba así expresado como un problema abierto entre un país en su conjunto, Islandia, y muchos ciudadanos de otros dos países, esos 'ahorradores'. De un plumazo, se esfuman los agentes responsables, la banca misma. Es lo que tiene el espectáculo, que malforma con la aviesa intención de garantizar las jerarquías. Por eso el placer de leer un periódico equivale al del comentario de texto de una proclama propagandística mucho más refinada que las del Tercer Reich.

Con el sentido común, ese órgano al que tanto apelan los conservadores, y con el derecho por delante, e incluso con una economía sensata (otro término que intentan apropiarse los liberales), la realidad emerge como cosa bien distinta. Estamos, en efecto, ante una deuda considerable contraída por una banca radicada fiscalmente en Islandia. Nada sabemos acerca del capital que compone dicha sociedad bancaria, probablemente participado por empresas, corporaciones e inversores que no son islandeses. Por lo tanto, la nacionalidad se presenta como concepto incongruente respecto de la naturaleza de la banca.

Convengamos, sin embargo, en que al pagar allí (escasos) impuestos y al desarrollar allí parte de sus inversiones, podemos continuar considerando a dichos bancos como islandeses. Continuarían siendo, a pesar de todo, empresas dedicadas al negocio financiero. Deberán tener fondos de garantía que respalden parte de esas transacciones de las que se benefician. Y si han sido realizadas con manifiesta negligencia por sus administradores, habrán de responder estos por sus decisiones con su patrimonio personal. En caso de no tener fondos suficientes para hacer frente a los pagos debidos, tendrán que declararse en quiebra, se abrirá concurso de acreedores y se sufragarán los gastos hasta donde llegue el capital disponible, el fondo de garantía y los bienes y líquido de los consejeros en caso de gestión irresponsable. Habrá, como siempre ocurre, acreedores y proveedores que solo puedan cobrar parte de lo que le adeudan, parte que podrán continuar reclamando en lo sucesivo si el mismo banco vuelve a fundarse. Y aquí se detiene la salida jurídica al problema en el caso islandés.

En el británico y holandés la cosa es similar. El centro de gravedad se halla de nuevo en los bancos que han dispuesto de los fondos depositados por ahorradores. El vínculo enlaza a los clientes particulares con sus bancos, que han invertido en entidades islandesas. Si han colocado determinadas cantidades en negocios que han terminado mal, han de asumir las consecuencias con sus propios fondos. Tendrán, supongo, cierta cantidad para garantizar un porcentaje de los depósitos y cuentas. Y deberán asimismo detraer de negocios en los que obtengan plusvalías el importe necesario para equilibrar las cuentas por sus pérdidas 'islandesas', que en ningún caso suponen, salvo quiebra y concurso, la pérdida de los ahorros por parte de sus clientes.

Así, lo que en realidad es un negocio económico entre empresas bancarias termina, pues, representándose como un nexo político entre la ciudadanía islandesa y parte de la ciudadanía británica y holandesa, con culpable omisión de dichas corporaciones. Un fenómeno económico se torna político por el poder político que la economía tiene.

Hay, aparte, un dato todavía más relevante: y es que solo circunscribiendo lo ocurrido a sus justos patrones jurídicos y económicos puede continuar aspirándose a un libre mercado responsable. Solo si sabes que si la cosa sale mal podrás perder lo invertido tomarás las cautelas necesarias para evitarlo. Solo si se evitan rescates públicos de deudas privadas el capitalismo podrá ser fiel a sí mismo y continuar legitimándose. Porque, de lo contrario, además de promoverse una economía desquiciada, negligente y caótica, saldría a la luz otra evidencia que los capitalistas necesitan ocultar.

¿Cuál? Muy sencillo: que hay sectores económicos cuya envergadura e importancia colectivas los hace destinatarios naturales de una titularidad pública. Quizá la banca solo pueda continuar teniendo sentido, sin constituir un riesgo manifiesto para el conjunto de la comunidad, como entidades de crédito y depósito a pequeña escala. Cuando de ella nace la financiación de toda la estructura económica de un país su rango pasa del derecho privado al público, de ser un medio para la economía interindividual a ser el soporte económico de toda la colectividad. Y llegando a esa escala es natural que al final concluya apareciendo la única institución con legitimidad colectiva plena, el Estado.

Por eso, cuando los liberales justifican como paréntesis la intervención estatal porque hay entidades 'demasiado grandes para caer', hay que responder que, en realidad, son entidades 'demasiado grandes para estar en manos tan pequeñas', en las manos de unos particulares multimillonarios sin sentido alguno de la trascendencia colectiva de sus decisiones.

Guerra, lenguaje y política de partidos

Una ocasión como la presente, de guerra de algunas potencias "contra un dictador", ofrece una oportunidad inmejorable para reflexionar acerca de la naturaleza propagandística de la información y también sobre las mediaciones políticas de nuestra percepción.

La premisa fundamental, que es la falta absoluta de información veraz acerca de lo que sucede en Libia, jamás resulta enunciada. En lugar de acabar con nuestro desconocimiento, los titulares periodísticos y las opiniones de tertulianos transmiten una imagen esquemática y sesgada del conflicto. Se afirma, por ejemplo, que con esta intervención se trata de "bombardear a Gadafi" (Sarkozy dixit). Como se comprenderá, semejante frase no sirve ni como metáfora que oculte la realidad, que no es otra sino esta: lanzamiento de misiles y bombas sobre infraestructuras, el ejército y la población civil que apoya al dictador.

Otra de las expresiones que sirve tanto para desinformar como para legitimar la guerra pretexta que "Gadafi estaba masacrando a su pueblo", que esta guerra es para evitar "las matanzas de un dictador contra su sociedad civil". Tales asertos resultan discutibles. Es, sin duda, una ficción malintencionada pintar aquel conflicto como la oposición entre un asesino y su pobre pueblo. Si así fuese, si los enunciados anteriores describiesen con un mínimo de fidelidad la realidad, no habría que intervenir en absoluto, pues ya se bastaría y se sobraría todo un pueblo para derrocar a un gobernante asesino. Parece, por el contrario, que, pese al lenguaje preformativo, todas las evidencias muestran una guerra civil entre una parte considerable de la población que apoya al dictador contra otra no menos numerosa.

Llegados a este punto, se llega entonces a otro nivel argumental. Se reconoce, en efecto, que en Libia se estaba librando una guerra civil. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros? Según los partidarios de la intervención, "impedir una masacre" por parte de Gadafi, no ya contra toda su población, que es una mentira descarada, sino contra los rebeldes. Esto puede encerrar parte de verdad, pero la afirmación requiere ser completada, pues hemos impedido, efectivamente, la victoria del bando oficial, pero a costa de abrirle el paso al bando rebelde, que avanza a golpe de cañón y balas y probablemente masacrando a la parte de la población que apoya a Gadafi.

La intervención extranjera, pues, no ha venido a evitar una guerra civil, sino a recrudecerla alterando su desarrollo e inclinando la balanza a favor del bando que presumiblemente iba a ser derrotado. Pocos son los periodistas y políticos que llegan hasta este punto, porque si lo alcanzan, se impone entonces un interrogante que nadie llega a responder con datos fehacientes: ¿cuáles son las razones materiales que nos llevan a apoyar al bando sublevado en detrimento del bando gubernamental? Como respuesta, solo puede leerse la vaga y tímida contestación siguiente: "la intervención es legítima y justa porque la facción rebelde, a semejanza de lo contemplado en las restantes revueltas árabes, lucha por la libertad y la democracia".

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¿Se está seguro de eso? ¿Hay algún periodista, corresponsal o tertuliano que haya realizado una descripción solvente de la naturaleza y reclamaciones del colectivo rebelde? Hasta donde llevo leído y escuchado, no. Por eso es éste mi principal reparo a la actual intervención. Quienes asimilan a los rebeldes libios a los manifestantes de El Cairo o Túnez van contra la evidencia de que en ningún momento, al menos que yo sepa, han circulado imágenes de marchas y concentraciones multitudinarias clamando por reformas democráticas en las plazas públicas. En Libia, prácticamente desde el comienzo, lo que hemos apreciado ha sido a un colectivo armado intentando tomar el control sobre parte del territorio. De hecho, por lo poco que he podido leer de análisis riguroso, parece que la conflictividad responde a tensiones de carácter regional, de dominio de élites sobre sus propios recursos y territorios con independencia del gobierno más que de masas reivindicando apertura democrática para toda Libia.

Pues bien, si el análisis de la conflagración queda empañado por un lenguaje simplificador, esquemático y legitimador, en última instancia, de la guerra, ya en España se arruina del todo por la pantalla distorsionadora del enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios. Lo que prima por estos lares es, desde la derecha, demostrar que Zapatero ha sido, una vez más, incoherente, ahora respecto de su negación a la guerra de Irak, y, desde el liberalismo social (PSOE), subrayar las diferencias entre esta intervención y la realizada contra Sadam Husein. Un problema de tanta gravedad resulta así absorbido por nuestra cansina dialéctica bipartidista, no dejando espacio ni lugar alguno a la reflexión y el análisis desapasionados.

Axfisiante, pues, tanta deformación lingüística y tanto debate preconstruido, y si no lo creen, asómense a cualquier tertulia vociferante de nuestras noches televisivas. No se aprende ni se obtiene la más mínima reflexión instructiva, entre otras cosas, porque cuando alguien independiente va a pronunciarse ya se encargan de interrumpir los mercenarios disfrazados de tertulianos.

Dos modelos para la crítica política

Para C. G.

Acabo de pasar una semana en Madrid bien intensa. Leyendo manuales de derecho político franquista por las mañanas para un próximo artículo y disfrutando con colegas de veladas nocturnas en las que si no de derecho, sí conversamos abundantemente de historia y política. Una de ellas, la más prolongada y apasionada, la pasé junto a un querido colega, que me presentó a su vez a un interesante profesor italiano, y ahí que compartimos los tres una estupenda cena centroeuropea, con dilatada sobremesa en el Círculo de Bellas Artes, charlando acerca de vinos, lugares, libros e ideas, sobre todo de ideas.

Precisamente debatiendo acerca del concepto de liberalismo, de su estatuto político real, de sus diferencias históricas respecto del Antiguo Régimen y de sus relaciones con el concepto de Estado, el colega italiano lanzó una pregunta que me dejó meditando durante un par de días: "porque, al fin y al cabo, se necesita adoptar un modelo político que nos sirva para interpretar y criticar tanto la realidad histórica como nuestra actualidad circundante", vino a sugerir, inquiriéndonos seguidamente con un "¿cuál es el vuestro?".

Yo contesté apresuradamente que la "democracia constitucional", a lo que mi amigo me contestó con razón que eso puede suponer el peligro de deslizarse por la pendiente acrítica que termina apoyando guerras para la defensa de los derechos humanos. En efecto, adoptar como modelo de referencia la democracia constitucional puede implicar una inscripción "orgánica" en el sistema actual, sobre todo si se adopta la retórica de su progresiva generalización, pero también cabe que suponga una confrontación crítica respecto del régimen que sobre todo en los últimos tiempos venimos padeciendo.

En efecto, partir de la democracia constitucional, tal como la entiende, por ejemplo, su más ilustre sintetizador, Luigi Ferrajoli, implica, en mi opinión, dos cosas fundamentales: garantizar los instrumentos y derechos necesarios para la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de resonancia colectiva, por un lado, y por otro, determinar funcionalmente el poder y su derecho, solo legítimos en la medida en que promueven el pluralismo y las libertades individuales. Pues bien, ni una cosa ni la otra, pese al mandato constitucional correspondiente, son satisfactoriamente resueltas en los sistemas políticos actuales de corte occidental.

Lo primero porque en el estímulo de la decisión política y en la generación de opinión pública juegan hoy mucho más las coacciones corporativas que las exigencias ciudadanas, reduciéndose la democracia en muchos casos a un periódico escrutinio electoral de todas formas nada desdeñable, pues al menos permite desalojar a quienes han defraudado las expectativas en ellos depositadas. Si, por un lado, esta adscripción política y procedimental justifica la celebración de la garantía de derechos colectivos como el de reunión y asociación, por el otro, en cambio, fundamenta la crítica a la polarización de la opinión pública operada por la oligarquía mediática o por el esquematismo partitocrático, así como presta base a los reparos planteados a los recortes tremendos sufridos por los poderes sindicales.

Y lo segundo, lo de promover las libertades, tampoco queda ni mucho menos satisfecho en la actualidad europea u occidental. Tanto el discurso de la seguridad como el de la lubricación de los mercados, dos caras de la misma moneda según enseñó Foucault en su Biopolítica, convergen en su común consecuencia de recortar las libertades, y desde la lógica de la democracia constitucional cabe desde luego oponer objeciones a esta deriva. Desde estas premisas, por ejemplo, los derechos sociales comparten el mismo rango fundamental de los individuales. Ellos suministran las condiciones materiales para el disfrute de cualquier libertad y para la misma participación política democrática. Sacrificarlos en nombre de índices macroeconómicos o de la libertad abstracta de los neoliberales, siempre compatible con la discriminación y la subyugación jerárquica de sujetos concretos, no puede sino resultar una práctica rechazable desde el enfoque democrático-constitucional. Al igual que lo son otras prácticas ya habituales entre nosotros, como el encerramiento prolongado de personas por el hecho de ser inmigrantes o la prohibición persistente de partidos políticos por meras sospechas y por cálculo político.

En definitiva, adoptar como modelo la democracia constitucional, que si bien es de carácter legalista, por democrática, también permite actuar al poder judicial conforme a los principios rectores de la política estatal, reconociéndole así cierto margen de positiva discrecionalidad, adoptar este modelo, digo, significa entonces adoptar asimismo una actitud crítica en relación a nuestro presente político. ¿Y resulta tal modelo universalizable o espontáneamente generalizable? Creo que no, porque su preferencia en mí deriva de unas coordenadas culturales y vitales específicas que no pueden extrapolarse sin más, mucho menos si tal generalización implica acciones contrarias al propio modelo, esto es, impuestas desde arriba y, por tanto, antidemocráticas, y vulneradoras de derechos individuales y colectivos y, por consiguiente, anticonstitucionales. Ahora bien, no por ello caigo en un relativismo absoluto ni dejo de creer, en términos ahora sí universales, que una comunidad política donde sus miembros tengan algo que decir en la gestión de los intereses colectivos y donde, además, se respeten y promuevan sus libertades, comenzando por las condiciones materiales para su disfrute, goza de mayores cotas de bienestar que otra que no cuente con tales características.

¿Y por qué entonces titulaba el post como "dos modelos para la crítica política"? Porque tampoco estoy seguro de adherirme por completo al sistema teórico de la democracia constitucional. En el fondo siento este sistema como el políticamente más hábil para combatir el poder concentrado, que hoy es fundamentalmente el económico, en nombre de la libertad extendida a todos. Por eso suelo polémicamente autodenominarme jacobino, porque defiendo la soberanía del poder público democrático frente a cualquier poder privado particularista, algo que necesita recuperarse para luchar contra la actual privatización del poder público.

Pero no es sino detrás de este combate cuando aparece para mí el modelo verdaderamente alternativo a la alienación y automatismo propios de nuestros regímenes reales. No es, sin más, el de la sociedad comunista y sin clases, porque en él la riqueza es perfectamente posible como fruto del mérito y siempre que no implique la instrumentalización en propio beneficio de semejantes. Es más bien el de una "vida natural", semejante a lo que Hegel quería designar al hablar del Sonntag des Lebens (el domingo de la vida), cuando las obligaciones, las responsabilidades y las servidumbres que determinan nuestra existencia entran en suspenso y nos reencontramos a nosotros mismos, a nuestros iguales, al amor, la naturaleza, la amistad, el arte, la vocación y, en definitiva, la libertad.

Cambio de look, cambio de nombre y salida del armario

Queridos Meinezeitianos, he decidido actualizar un poco mi blog, sirviéndome de una nueva plantilla que estimo más o menos acorde con los contenidos aquí publicados. He resuelto también firmar ya con mi nombre propio, conocido por la mayoría de quienes frecuentan este portal: Sebastián Martín, para más señas, investigador de historia del derecho en la Universidad de Sevilla. Como he dejado de emplear mi heterónimo, también dejaré de hacer referencia a él en el título del blog, que pasará a llamarse criticademitiempo.blogspot.com. En él, como hasta ahora, colocaré mis reflexiones críticas sobre teoría y actualidad políticas y, en menor proporción, mis incursiones en la crítica cultural. Para intervenciones y polémicas más directas, con nombre y apellidos y descendiendo más a la arena de lo inmediato, tengo el blog secundario, aunque también activo, de polemizandoconignaciocamacho.blogspot.com.

Un abrazo a todos

Sebas

Y en cuanto edite la foto me quito la servilleta, que no tenía ninguna otra a mano en el portátil!