Directores en menos de un minuto

Como muchos otros telespectadores, ayer vi el programa de La Primera '59 segundos', en una especie de arranque periodístico de campaña muy oportuno y pertinente, vista la enorme influencia del 'cuarto poder' en nuestra 'sociedad del espectáculo'. Sólo quisiera hacer tres glosas marginales al respecto:

El nerviosismo, el titubeo y el inquieto laconismo de Ignacio Escolar reflejaba la ausencia completa de hábito en el ejercicio del poder propia de la generación de los ahora treintañeros. Bastaba un mero contraste con el aplomo y la soltura de los restantes directores -muy en especial los de Pedro Ramírez- para apercibirse, no sólo de que están ya curtidos en su función profesional de simplificar y determinar la compleja realidad política, sino de que sencillamente son almas ya vendidas al diablo del poder por las que ya no corre ni siquiera sangre -de hecho, el rostro ojeroso y la pose algo siniestra de Zarzalejos son casi vampirescos-. Con todo, Escolar fue capaz de marcar el paso en algunos temas, como el diálogo con ETA, asunto en el que los directores de El Periódico y La Vanguardia no hicieron más que repetir lo ya dicho por el joven periodista.

El País vuelve a delatarse con su espantada. La confluencia tranquila entre el aparato conservador y sin escrúpulos del SOE felipista y los editores monopolistas de PRISA parece haberse terminado, precisamente con una política exquisitamente liberal que ha tratado de diversificar un poco más la oferta mediática por el lado izquierdo de nuestra opinión. Como suele ocurrir, los detentadores de intereses oligárquicos y monopolistas, que no cesan de difundir en sus medios la fe en el credo del liberalismo feroz, abandonan ipso facto su ropaje liberal en cuanto la competitividad parece amenazar su posición privilegiada. ¡Aún hoy recuerdo cuando se le escapó al locutor del Telediario que E-On ponía a Endesa como condición de su OPA que se cancelaran los blindajes multimillonarios y los contratos vitalicios de sus consejeros de administración! ¡Resulta que justo aquellos que pregonan las virtudes de la flexibilidad y la movilidad en el empleo son contratados fijos con indemnizaciones estratoféricas por despido! De nuevo, liberalismo a beneficio de inventario. Eso es lo que volvió a demostrar el oligárquico y manipulador medio del conservadurismo templado español.

Por último, la obviedad: el abismo que media entre la opinión pública y la opinión publicada, que no es más que un chiringito de cuatro lobbys financieros, pertenecientes a familias concretas (Polanco, Lara, etc.) que no cesa de ejercer violencia, canonizando lo justo y excluyendo lo desviado, sobre las creencias sociales. Cómo se explica sino que de siete periódicos convocados sólo uno sea abiertamente del PSOE (El Periódico) y otro oscile entre la parte zapaterista del SOE y las izquierdas minoritarias, plurales y desencantadas (Público). Es que acaso de 40 millones de votantes, la opinión de los 10 escasos que representan al PP, y los 6 o 7 de la parte conservadora del SOE, merecen el 80% de la letra impresa periodística. En fin, una nueva muestra de cómo la espontaneidad social del liberalismo y las 'democracias avanzadas' no es más que una orquestación planificada al detalle de grupos de poder que no tienen nada de anónimos ni de invisibles.

La tortura y los registros de la convicción

Con suma desazón, he leído en estos días varios artículos de periodistas conservadores sobre los incidentes ocurridos con el presunto etarra Igor Portu. En algún caso, sólo podían apreciarse vísceras costumbristas regodeándose en la violencia y elevando a prerrogativa de la guardia civil la tortura de los sospechosos de terrorismo. Otros ejemplos, particularmente decepcionantes, invitaban a realizar un referéndum sobre la potestad policíaca de agredir a los etarras. Este razonamiento lo hacían precisamente aquellos que se cuidan de proponer consultas directas -o que bien las califican con premura de populismo irresponsable- en asuntos como el modelo territorial o el modelo de reparto de la riqueza. Que no hagan extensible el expediente de la democracia directa a estos otros asuntos, ya da una idea de la noción sesgada y a beneficio de inventario que sostienen de la democracia. Por último, había quien justificaba las lesiones como costes imprevistos pero necesariamente asumibles del mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Todos ellos, en resumen, defendían la impunidad de los agentes de la guardia civil.

Como suele ocurrir en otros asuntos, en este en particular se confunden dos planos completamente diferenciados de la acción social. Si observamos lo sucedido desde una perspectiva meramente privada, es comprensible la empatía hacia unos guardias que vengaban de esa forma el reciente asesinato de dos de sus colegas, siempre y cuando tales guardias sean considerados meras personas privadas. Personalmente, si situamos la cuestión en un plano moral estrictamente individual, no me permitiría condenar sin más estas agresiones puntuales. De hecho, si alguien asesinase a un ser querido, y me fuese dado el placer de poder vengarme personalmente, lo haría con casi toda probabilidad.

En cambio, todo se transforma si nos elevamos al plano de la generalidad en el que forzosamente se desenvuelven las normas jurídicas. Defender aquí la facultad de torturar significa abrir la puerta a la arbitrariedad, la inseguridad y la violencia, justo aquellos peligros que el derecho quisiera conjurar. Por eso hay tanta impremeditación en quienes sacan la cara por los policías torturadores sin discriminar los planos de la comprensión moral y de la censura jurídica, sin diferenciar los niveles de lo privado y lo público. Proyectadas a la lógica de las leyes, sus propuestas significan sencillamente una invitación a consagrar en el derecho la potestad para torturar cuando así lo recomiende una sospecha personal. Pero esta patente de corso es la negación misma del derecho y de la igualdad ante la ley. Lo que a mi entender corresponde entonces no es salir en defensa de los funcionarios policiales, como ha hecho Pérez Rubalcaba, sino instar una investigación concienzuda que permita concluir si hubo, o no, lesiones gratuitas.

Está bien tomarse la justicia por la propia mano, pero ateniéndose luego a la justicia de las leyes y el Estado. Si no es así, no puede justificarse de ningún modo el derecho, que pasaría a ser defensa legal para unos y desprotección total para otros. Y lo que es peor: situado el discurso en el mero uso de la fuerza, a expensas de la justicia legal, tampoco quedarían argumentos para combatir a quienes sólo saben manifestar sus reivindicaciones a través de la violencia. Es revelador que quienes, en apariencia, se presentan como los mayores y más firmes luchadores contra el terrorismo sean los primeros que presentan sus convicciones en el mismo registro que los terroristas.

El canon digital, la SGAE y los intermediarios

Junto al debate de los presupuestos, la controversia que parece clausurar el año presente tiene mucho que ver con este nuevo medio que empleamos y con los recursos que pone a nuestro alcance. Hace ya tiempo, el responsable de turno decidió que acceder gratuitamente a los contenidos que otros internautas tienen archivados en su disco duro conculca la propiedad intelectual de los artistas. Desde luego, lo evidente aquí es el tratamiento político, jurídico y mediático de una nueva realidad con viejos esquemas. Del mismo modo que a ningún literato se le ocurriría pedir -espero- una compensación porque los lectores nos prestemos mutuamente nuestros libros, también debiera ser inverosímil que descargarnos un archivo sonoro de un navegante de Ocklahoma produjese los aspavientos que crea en ese raro gremio de los creadores. El equivalente de la comunidad, descarga y consumo privado de archivos audiovisuales, que requieren a veces para ser vistos y oídos de soportes y reproductores digitales, no es de ningún modo la exhibición de una película en un video-club previo pago en taquilla o la reproducción ilegal de manuales universitarios. Debemos modificar nuestro 'chip' y constatar que los documentos digitales son inmateriales, intangibles, viajan por la red y pueden compartirse simultáneamente con millones de personas. Pero, en esencia, al igual que prestar un libro, el intercambio gratuito de contenidos electrónicos continúa siendo un acto libre basado en una decisión individual y soberana en virtud de la cual alguien resuelve colgar en la red un compact, una película o un texto que se acaba de comprar. Me parece lógico perseguir la venta de copias ilegales. Pero gravar el hecho de compartir bienes digitales, aplicando un canon a todos los aparatos e instrumentos que hacen posible este compartimiento, más que una barbaridad, me resulta un acto de anacronismo.

El desfase entre nuestra realidad efectiva y las medidas legales no proviene sólo de su llamativo desajuste respecto de las nuevas tecnologías. De todo lo que he leído sobre el asunto, tan sólo se destacan los derechos de los internautas y los intereses de los autores, que sólo podrían congeniar precisamente a través del resarcimiento que supone el canon. Sin embargo, nadie, o muy pocos, mencionan lo más evidente: se gravan productos consumidos en España para trasvasar dinero a una asociación de autores españoles porque se consideran ilícitas las descargas libres de archivos... ¡de todo el mundo mundial! En una palabra: se está regulando con una ley limitada a la jurisdicción estatal un intercambio transnacional. De lo recaudado con el canon, ¿cobrarán también los músicos americanos, los directores italianos o los actores alemanes que uno tiene en su discoteca o filmoteca 'pirata'? A esto se podrá responder que, si los restantes Estados tomasen medidas similares en sus respectivos países, se reinstauraría el equilibrio. Pero, ¿y mientras eso ocurre?, ¿y si no ocurre jamás?, ¿han de beneficiarse los autores patrios por cada película americana que nos bajemos?

El liberalismo presume de ser una doctrina en la cual el Estado sólo se ajusta a lo que de forma natural y espontánea la sociedad exige. Quizá no se haya inventado ninguna falacia tan eficaz y, al mismo tiempo, tan fácilmente refutable. En la sociedad de la información, como en las primeras sociedades capitalistas, el problema no proviene nunca ni del productor ni del consumidor. Las malformaciones, crisis y demás inestabilidades vienen de otro sitio: de la maraña de mediadores que dicen conectar, pero alejan cada vez más, al productor y al consumidor. A fuerza de persistir con el curso de los siglos, esta malla espesa de intermediarios parece tan necesaria y fatal como la misma ley de la gravedad. Sin embargo, su afán por parecer imprescindibles sólo delata su carácter superfluo. Una gobernación inteligente, y atenta a los intereses de productores y consumidores, no debiera servir sólo para canalizar esta transferencia de renta desde el internauta de a pie hasta Alejandro Sanz. Lo que habría de promover es la progresiva desaparición de las distribuidoras y animar al contacto directo entre el autor y el consumidor.

¿Qué impedimentos hay ahora para que todo creador, a un precio irrisorio, ponga a disposición del público sus obras? Ninguno. El problema quizá sea que hasta los mismos políticos que aprueban el canon saben, en el fondo, que no son más que otros intermediarios. Y les asusta que nos percatemos de ello y nos dé por autogobernarnos.

Sobre la inflación

Leí ayer que el secretario de Estado de economía, David Vergara, apoya la iniciativa de la patronal española de no subir los sueldos en consonancia al aumento, más que considerable, del coste de la vida. Alegan todos, patronos y socialistas, el carácter extraordinario y pasajero de este repentino aumento de los precios, que de repercutirse en los salarios nos condenaría a una espiral inflacionista.
A nadie se le escapa ya que este ascenso imparable de los precios no es cosa de hace pocos meses. La única novedad es que, por fin, la subida ha comenzado a afectar a bienes que están incluidos en el baremo oficial del IPC, que fue convenientemente modificado justo después de la entrada del euro, con el fin evidente de enmascarar su impacto inflacionista. También es meridianamente claro que la causa última de la subida de precios no cae tanto del lado de los consumidores, jodidos cada vez que nos incrementan el coste de nuestras necesidades, como de la parte de los mercaderes, que, al colocar sus productos en el circuito comercial, deciden discrecionalmente su precio. En definitiva, esta carrera sin freno de los costes de la vida no equivale sin más a un empobrecimiento generalizado sino más bien a un enriquecimiento selectivo.
No obstante, el caso merece un par de puntualizaciones más, reconducibles en última instancia a un defecto cultural de la ciencia económica ortodoxa, que guía los pasos de la política española casi como si fuese El Corán en un Estado islamista teocrático. Esta deficiencia se refiere a la representación netamente decimonónica que la economía política continúa haciendo del entramado social, escindido según sus dogmas principales en un sector productivo minoritario y un sector de consumo mayoritario. Sólo así se explica que tomen el aumento de los salarios como la única causa controlable -ya que la fijación de precios se estima una aberración intolerable- de la inflación, pues el crecimiento de la renta familiar hace aumentar la demanda, y el exceso de demanda presiona sobre el valor natural de las cosas. Pues bien, esa figuración teórica debe ya declinar ante una sociedad cada vez más compuesta, desde el punto de vista económico, de autónomos, empresarios, freelancers y demás trabajadores por cuenta propia que, en conjunto, suman un potencial de consumo de mayor magnitud que la agrupación multitudinaria de mileuristas.
Se colige de esto que en una sociedad con claro predominio social de la iniciativa privada, la incontención de las rentas empresariales se traduce forzosamente en una subida de precios, como bien demuestra el hecho de que muchos españoles -cientos de miles, vaya- ganen lo suficiente como para adquirir una vivienda prácticamente por año, pese a sus actuales costes meteóricos.
A esta circunstancia acompaña otra, que considero de puro sentido común. Si se continúan estrangulando los salarios, y como consecuencia de ello el consumo de las familias desciende hasta lo estrictamente necesario, ¿no conlleva también esto un ostensible riesgo inflacionario, al tener el comerciante que suplir el descenso de ventas con una subida de precios para garantizar su renta habitual?

Titularidad y gestión

Hace poco que me mudé a mi nueva casa y, entre las gestiones de acomodo, contraté teléfono e internet. Tratando con la empresa suministradora, me comentaba la agente comercial que podía obtener una subvención de la Junta andaluza al darme por primera vez de alta en el servicio. "Yo mismo se lo gestiono. No tiene que tomarse ninguna molestia. La Administración nos abona a nosotros directamente la subvención y se la descontamos automáticamente de la factura", recitaba de memoria la teleoperadora, no sin antes advertirme que la primera factura no comprendería un mes completo, sino solamente veinte días -por el precio del mes entero, claro-.

Hace dos días recibí un sms de la administración autonómica en el que me comunicaba que, al no haber cumplido los trámites preceptivos, daba por desistida mi solicitud de subvención al programa Hogar Digital. Me puse inmediatamente en contacto con ONO -mi operadora telefónica- a través, por supuesto, de un 902, es decir, pagando por cada minuto de llamada. Hablé con tres latinoamericanos. La nacionalidad, desde luego, es indiferente y en nada afecta a la eficacia del servicio. Sin embargo, parace que ya es habitual que todas las llamadas de consultas se derivan a países en vías de desarrollo, donde pagan sueldos mucho más bajos y donde, más de una vez, la preparación es sensiblemente menor. El caso es que la única solución que supieron darme por respuesta fue que no me preocupase, que ignorase el mesaje o, simplemente, que esperase a la fecha de facturación.
Toda esta introducción sólo tiene la finalidad de agregar una prueba empírica más al sinfin de pequeños abusos que hemos de soportar casi a diario, desprovistos de protección alguna que sea eficaz, inmediata y accesible. Es un dogma del nuevo tiempo (hacer) creer que el carácter privado de un servicio garantiza infaliblemente la eficiencia de la prestación y, con casi toda probabilidad, el abaratamiento de sus costes. No quisiera simplemente insistir en la evidencia de que la privatización de los servicios no supone una gestión impecable, según demuestran los apagones veraniegos, ni tampoco un descenso de su precio, como adveran día a día las refinerías. Dada su elementalidad, creo también innecesario ahondar en la burda propaganda que nos llueve desde todos los diarios, insistiendo en la necesidad de subir el precio de las facturas para poder cubrir los costes de producción de la energía. ¿Dentro de los costes de producción hemos de incluir forzosamente los meteóricos sueldos de los directivos de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, aquéllos mismos que tiene puestos blindados y proclaman por doquier las virtudes de la flexibilidad y temporalidad en el trabajo? (Por cierto, ¿son hoy las eléctricas otra cosa que monopolios privados geográficamente circunscritos a un territorio menor que el del Estado?)
La cuestión de fondo, a mi juicio, es la confusión interesada de dos conceptos diferentes y que, por tanto, se desenvuelven en planos heterogéneos. Una cosa es la titularidad del servicio -del equipamiento, la infraestructura, el capital, los beneficios- y otra muy distinta su gestión específica. En una palabra: que un servicio sea público o privado no tiene porqué implicar necesariamente la eficacia o ineficacia de su gestión. Es así perfectamente concebible un servicio sufragado con fondos públicos y prestado con perfecta diligencia, al igual que un servicio nefasto en manos privadas. Bastaría con tomar medidas que garantizasen la profesionalidad del funcionario para que las ganancias producidas por el suministro de necesidades básicas revirtieran de nuevo en la sociedad. Habría también que poner freno al empeoramiento deliberado de los servicios públicos, antesala necesaria para comenzar la propaganda privatizadora (ojo, en este sentido, con la educación). Por mucho que la historia parezca evolucionar hacia otro norte, sigue siendo intolerable que la lógica del enriquecimiento se apodere de la producción y distribución de bienes -que no mercancías- como el agua, la electricidad o el combustible.
Al parecer, el ministro 'socialista' Solbes ha declarado hoy que "aún no sabemos lo que cuesta el euro". Por el contrario, la rutina nos lo recuerda con obcecación todos los días.

Los socialistas, los populares y el Impuesto de Patrimonio

Redactando el apunte anterior me venía a la cabeza una reflexión que me suscitaban las últimas declaraciones y propuestas económicas de los dos partidos predominantes. En realidad, esa reflexión no es más que una mezcla de dos convicciones cada vez más arraigadas: una se refiere al desconocimiento y la indocumentación que signan nuestro tiempo, la otra, a la impertinencia de los juicios que se pretenden universales.

En efecto, estoy plenamente de acuerdo con Debord cuando caracterizaba este presente por el secreto deliberado y la falta de transparencia. Si así no fuese, sería pública y notoria la situación patrimonial de nuestros líderes políticos y los asesores, directivos y demás personajes que pululan en su entorno condicionando decisivamente la gestión política. Esta era una de las grandes utilidades de aquella propuesta, pronto devuelta al cajón, de hacer pública y accesible la composición y las ganancias de los consejos de administración de las empresas que cotizan en el Ibex-35. Vano intento, agresivamente recibido por los editorialistas de El País, que lo tachaban de una intolerable muestra de suspicacia ante las honestas y abnegadas fuerzas productivas de nuestro país. A lo que iba: si conociésemos el patrimonio de los dirigentes políticos del PSOE, el PP y los restantes partidos que bendicen esta supresión de los impuestos directos me apuesto el cuello a que se demostraría claramente que lo presentado como una medida adoptada en beneficio de "las familias españolas" no es en realidad sino una reforma que afecta muy principalmente a quienes la han adoptado, y a quienes los jalean desde los medios para que la adopten.

Lo alarmante de todo esto no es que caminemos hacia un sistema impositivo donde sólo queden impuestos indirectos, pues, una vez suprimido el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, poco más quedará aparte del IVA y de los Impuestos especiales sobre carburantes, tabaco y alcohol. Ni siquiera es preocupante, pisoteada como está la Constitución (léase País Vasco y Ley de Partidos, por ejemplo), que estas medidas abroguen en la práctica el mandato constitucional de la progresividad fiscal. A mi juicio, la cuestión se refiere sobre todo a la única mentalidad que, al parecer, puede engendrar el modelo liberal y, además, a la dificultad insuperable de gobernar a lo grande una sociedad cada vez más diferenciada internamente.

Con respecto a lo primero, baste decir que desde el liberalismo siempre se concibe la ganancia como fruto del ingenio, el esfuerzo, el trabajo o la audacia individuales, escamoteándose con ello el componente necesariamente social que tiene cualquier ganancia económica. El Impuesto del Patrimonio o el de Sucesiones no suponen una confiscación encubierta, como algunos pretenden, sino la justa reversión a la sociedad de lo que, en rigor, ha sido también fruto suyo. Si los liberales fuesen consecuentes, y creyesen de veras en la concurrencia y la competitividad igualitaria, no defenderían la eliminación del Impuesto de Sucesiones, sino la del derecho mismo a heredar, del que proviene la acumulación constante del privilegio y la supremacía económica.

Sobre la diferenciación de nuestras colectividades no hay más que constatar la falsedad que esconden hoy los tradicionales conceptos del interés general, el bien común, y demás directrices éticas reinventadas por la burguesía decimonónica. No es que hayan dejado de existir asuntos que a todos incumben. El problema es que muy difícilmente puede ningún sector de la sociedad atribuirse el derecho de interpretar en exclusiva qué es lo que interesa a la generalidad. Por eso, ya va siendo hora de abandonar prejuicios estatalistas y empezar a reconocer que la gestión política legítima pasa por reducirse a una esfera más local.

Por cierto, habría que recordar a Solbes su juicioso apotegma: "no existe burbuja alguna hasta que no explota".

Miremos a Europa

Este pasado fin de semana tuve algo de tiempo para dedicar a una tarea que, si alguien la realiza en nuestra triste tierra, oculta muy bien sus resultados. Me refiero a la lectura de prensa internacional. Sólo conozco el ejemplo, irregular y breve, de una revista de prensa extranjera que editaba -no sé si continúa haciéndolo- El Periódico.

Estoy convencido de que uno de los rasgos preponderantes de nuestro plural país es el ensimismamiento. Como dice mi colega Alfons, único en sus clases del derecho del franquismo, "cuarenta años de dictadura no pasan en balde" (http://palimpsest.blog.com/). Uno de los efectos más nocivos de aquella losa fue arruinar la tarea europeizadora que los descendientes de Giner de los Ríos llevaban ya más de década y media desarrollando. Todavía hoy es muy frecuente contemplar el peor padecimiento que aqueja a nuestros compatriotas, y que podríamos denominar universalismo hispano. Consiste esta dolencia en creer que el género humano en su totalidad se distingue por los mismos atributos que caracterizan al ciudadano medio ibérico, individualista, desconfiado, escéptico, desencantado y conformista. Basta un paseo por los periódicos europeos para comprobar que ese carácter castizo, amén de genuino nuestro, es, como todo en este mundo, un producto de la historia.

En el Corriere della Sera llevaban varios días desgranando una reforma de la legislación económica italiana, en la que destaca la creación de un nuevo cargo, designado, con el habitual efectismo italiano, Mister Precios, y en la que se contempla también la posibilidad de suspender la devolución de la hipoteca durante seis meses, librando así al deudor de la amenazante ejecución de su patrimonio por parte del banco. Más interés encierra, en cambio, la novedosa dependencia estatal, nombrada por el presidente del consejo a propuesta del ministro de economía, y que tiene encomendada la vigilancia de la cadena productiva, por si detecta en ella alguna subida de precios injustificada.

Por su parte, el Frankfurter Allgemeine también ha tratado durante varios días el debate político en torno a los sueldos de los consejeros de administración de las altas empresas. Aunque al parecer la iniciativa provenía del ministro de trabajo, correligionario del SPD, la señora Merkel hacía suya la reivindicación y, en el Dia del Partido, transmitía a los dirigentes de la CDU la indignación y alarma por las vergonzosas retribuciones de los directivos. Venía a decir que el mercado sólo es aceptable como un espacio unitario de intercambio, y que prácticas como esas escindían la sociedad y sembraban la división, el resentimiento y la frustración.

Mientras, aquí en España, el diario más socialdemócrata de nuestro entorno, El País, advertía hace poco a Zapatero que las elecciones se ganan por el centro "desideologizado", y celebraba que el titubeante primer ministro hubiese tomado nota de ello, dando mensajes de "tranquilidad" al mundo empresarial con el nombramiento del liberalote Solbes y proponiendo la supresión del impuesto de patrimonio. El problema no es que a Rajoy ni se le ocurra imitar a su homóloga alemana en ese gesto de honestidad. Lo decepcionante en España es que, a pesar de que las ganancias de los directivos son aún más altas que en Alemania, ni Zapatero, ni los medios que se tildan de izquierdas -y que, en el fondo, no son más que el reflejo escrito de la preponderancia económica de la familia Polanco-, se atrevan ni por asomo a denunciar la desproporción de renta que caracteriza la situación económica actual. Alegan una especie de miedo impostado a generar "intranquilidad" en los círculos industriales y económicos. Aducen también que es inherente a la condición humana aspirar a unos beneficios sustanciosos por un trabajo que repercute positivamente en todos. En definitiva, presentan la dinámica económica como una realidad intangible y fatal, aunque se apresuren a contradecirse cuando se reprochan entre ellos mutuamente el penoso estado de cosas actual.

Mientras la política siga siendo lacaya de la economía hasta el punto en que lo es en España, podrá decirse que estamos en una democracia con minoría de edad y que el espectro guerracivilista todavía deambula entre nosotros.