Sin título

Llevo tanto tiempo sin regresar a Meine Zeit, que, lleno de culpabilidad, casi evito abrir la página. Mi silencio se explica, cómo no, por cuestiones de trabajo. Preparo con mucho esfuerzo, y no sé si con éxito, algunos textos para la enseñanza de la historia del derecho internacional en la edad contemporánea y de la historia del derecho ―ahora en general, incluyendo civil, laboral y penal― durante el siglo XX, hasta la caída del Muro. También ando editando algunas fuentes inéditas de teoría política y del Estado redactadas durante la II República, alguna suscrita por un escritor famoso. Y, hasta donde me han alcanzado las fuerzas, he vuelto a repasar los mismos contenidos de siempre del alemán, aquéllos que se imparten en el nivel B1, del que no logro subir, por dar la espalda al idioma en cuanto regreso a España.

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No han sido pocos los intentos de ponerme a escribir algún apunte, pues, aunque encerrado trabajando en el Max Planck, ha habido estímulos y curiosidades que me animaban a hacerlo. En cuanto apreciaba el tiempo que la tarea me iba tomando, me invadía la culpa por no dedicarme a mis auténticas responsabilidades, y la abandonaba. Si hoy la retomo es porque, como excepción, y después de una noche ―corta, de cualquier modo: ya no son como antes― de despedida, me he regalado a mí mismo una jornada de lecturas, escaneos y caminata.

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He querido comentaros algunas anécdotas alemanas, ya fuesen ilustradoras de una inclinación reguladora y jerárquica hasta el exceso o de un modo de organizarse la vida social, laboral y económica que, según pienso desde que vine por primera vez, solo podemos envidiar e intentar emular. He querido también indicaros que he abierto un nuevo blog, Polemizando con Ignacio Camacho, de tono más polémico y directo, aunque sin incurrir por ello en el tono soez habitual en las abundantes tertulias ultraderechistas. Pero, ante la imposibilidad de ir actualizándolo como debiera, tanto por falta de tiempo como por no poder consultar desde aquí la página de ABC ―desconozco la misteriosa razón que me ha impedido hacerlo―, preferí anunciarlo a mi regreso.

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He querido hablar, y seguramente lo haré a la vuelta, sobre los resortes ―emotivos, racionales― que explican el ser conservador. De apariencia realista y moderada, los postulados conservadores han solido perfilarse en polémica con una concepción sublimada de lo que significa ser de izquierdas, la cual, en realidad, tergiversa, simplifica y distorsiona el núcleo materialista de las convicciones de izquierdas.

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He querido escribir sobre las disociaciones ideológicas en que vivimos instalados. Disociaciones que afectan tanto a nuestra estructura económica como política. Como sucedió en otros tiempos, se da en éste un marcado contraste entre lo que efectivamente está instaurado en la realidad y las categorías con que nosotros ―los agentes de dicha instauración― lo interpretamos. Por un lado, una vida económica explicada como sociedad artesanal y competitiva formada de emprendedores arriesgados; por otro, una vida política comprendida con categorías parlamentarias, democráticas e individualistas. La realidad, en cambio, muy poco se parece a tales representaciones, que sin embargo cuentan con una vocación normativa, con una vis reguladora y ética, que tampoco cabe desconocer.
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He querido escribir, por supuesto, sobre mis lecturas. Después del fantástico y dilatado recorrido por el retablo realista de Fortunata y Jacinta he concatenado con dispar fortuna una serie de lecturas contemporáneas. Schlink, y la corrección gramatical e historiográfica del jurista; Ishiguro, y la agilidad de una prosa puesta al servicio de la nada; Proust, al que siempre vuelvo para fascinarme y aprender, pero del que cada vez me voy alejando más, no por su legendario abuso de las subordinadas, que no me molesta, sino por la superficialidad de los detalles en los que se detiene y demora.

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Pero, sobre todo, Chirbes, Rafael Chirbes: los títulos precisos, cargados de significación ―Los disparos del cazador, La larga marcha, La caída de Madrid―; la historia política española contada por fin con una sensibilidad materialista, sin resentimientos, pero sin justificaciones ni equiparaciones, distribuyendo a cada cual ―ingenuidad, dogmatismo, crueldad, oportunismo…― lo que le corresponde. Chirbes y el oportuno recuerdo de que bajo nuestros pies, allá en el pasado, primó la barbarie, la subyugación, el sufrimiento, la violencia. Y Chirbes lo cuenta de un modo fluvial, por el que te deslizas, resbalándose los ojos por las páginas, devorando cada capítulo sin que ninguno llegue a saciarte, porque cada uno te ha dado tanto, te ha mostrado tanto y tan bien, que no puedes evitar el deseo de seguir recibiendo, como si en algún momento te fuesen a revelar el auténtico y doloroso secreto jamás contado del devenir español.

El problema "jurídico" del aborto

Para Martín Serrano

El asunto del aborto, que lleva en primera plana desde hace más de un año, puede afrontarse desde muy variadas perspectivas. Las cuestiones y dilemas que suscita han de inscribirse en su faceta biológica, religiosa, ética y jurídica. El problema es que, con frecuencia, estos planos, a veces inconmensurables entre sí, aparecen entremezclados interesadamente. En este sentido, no otra cosa hace sino confundir el consueto enfoque conservador, reverdecido en estos meses de reforma legislativa, cuando da a entender que una ley de plazos equivale a promover matanzas de niños, o dicho con más rigor, a vulnerar sistemáticamente el derecho a la vida.

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En efecto, el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con una dimensión biológica indiscutible. ¿A partir de qué momento puede hablarse de vida humana?, ¿puede sin más atribuirse humanidad a una multiplicidad de células en proceso de reproducción exponencial?; aunque durante las primeras semanas del embrión no quepa hablar estrictamente de vida humana, ¿no estamos de cualquier modo ante un proyecto de ésta, ante una expectativa probable que se frustra de manera irreversible con el aborto? Todo esto, desde luego, encierra gran interés, pero solo toca de soslayo la cuestión de su enmarque jurídico.

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Tampoco cae de lleno en él su aspecto religioso y moral, aunque muy bien puede esta faceta inspirar regulaciones jurídicas. Aquí el principio motor resulta meridianamente claro, pues si a dios pertenece en exclusiva la prerrogativa de dar la vida no puede considerarse sino pecaminosa la aprobación de una norma que permite interrumpir su proceso de creación. Entre este planteamiento y aquel otro que propugna la abstención o el rechazo de los preservativos no hay, como suele pretenderse, solución de continuidad, pues también en este segundo caso, donde la actitud regresiva y reaccionaria aparece indisimulada, se está previniendo el sabotaje de la propagación divina de la vida humana. Y no deja de haber reveladoras tensiones entre esta impostada defensa del derecho a la vida con el simultáneo consentimiento de guerras, invasiones y muertes que exhiben con cinismo muchos católicos conservadores. Ya sé que dentro del marco de reflexión católico caben, en virtud de un libre albedrío del que carece el feto, este tipo de pareceres simultáneos, pero para quien no se mueve en dicho marco continúan resultando chocantes.

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Mucho más concierne a la dimensión jurídica del aborto su aspecto ético, lo referido a la concurrencia del derecho a decidir de la madre con la expectativa de vida (digna) del concebido no nacido. En el fondo, la regulación jurídica no prohibicionista viene principalmente a cohonestar en lo posible ambas posiciones igual de legítimas. Querer involucrar también en ello al padre, como sugería hace poco un tertuliano conservador de una televisión local andaluza, podría resultar creíble si no fuese evidente, por desgracia, que en la abrumadora mayoría de los casos quien termina cuidando y, caso de ser así, cargando con el bebé y los niños es la mujer.

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Con estos elementos, podemos aproximarnos ya a los motivos inspiradores de la regulación jurídica del aborto. Si se parte de una posición religiosa intransigente, su correlato normativo habría de ser la prohibición absoluta, su criminalización y consiguiente castigo. Por eso llama la atención que quienes, en vía de hipótesis, se colocan en este ángulo no se hayan rebelado contra la legislación anterior, que no era en absoluto prohibicionista. Si, por el contrario, partimos de premisas éticas, habremos de compaginar el derecho de libertad de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus. Hasta ahora, la fórmula era dar prioridad al segundo como regla y otorgar, como excepción condicionada, supremacía al primero. La legislación actual parece haber invertido la ponderación, haciendo prevalecer de modo absoluto e incondicionado durante un tiempo prefijado el derecho a decidir de la mujer. ¿Por qué ha sido así?

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La respuesta a esta pregunta es la que nos coloca ya ante la dimensión estrictamente jurídica del aborto. A lo último que ésta se asemeja es a la producción limpia e inmediada de realidad. Me explico: lo que las leyes regulan no es lo que habrá de producirse sin más en los hechos. El silogismo «si la nueva regulación permite el aborto libre durante un plazo determinado gran parte de mujeres lo practicaran» resulta en esencia incierto. Propio del pesimismo conservador, que concibe al hombre como tendente por naturaleza al pecado y la protervia sino existen constricciones y penitencias que lo contengan, este razonamiento oculta dos realidades: primero, el carácter trágico y doloroso de la decisión de interrumpir el embarazo, que ya hace de dique de contención frente a una supuesta extensión arbitraria, y después, y sobre todo, que dicha nueva regulación no ha hecho sino responder al estímulo de la realidad, en lugar de pretender fabricarla.

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Sigo explicándome. La regulación estatal de una práctica social no es sino un intento de racionalizarla objetivamente con la finalidad de transmitir seguridad. Al protocolizar, simplificar y prevenir las acciones de los sujetos y de los organismos públicos, la vida social se organiza según parámetros calculables y previsibles. Desde luego tal regulación puede y ha de responder a premisas éticas y antropológicas determinadas, pero también es claro que desde los tiempos de las normas generales y abstractas es esa, la racionalización en pro de la seguridad, una de las funciones principales que el derecho desempeña.

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¿Qué quiero decir con ello? Pues, por ejemplo, que la prohibición absoluta del aborto no conlleva su desaparición, sino su desplazamiento a la clandestinidad, como acontece con la droga. Los conservadores, que cuando reflexionan económicamente tienen estos postulados muy en cuenta, los olvidan curiosamente cuando se trata de imponer conductas morales o identidades nacionales por decreto. En definitiva, la práctica del aborto desde la anterior ley hasta ahora no había revelado sino un fraude generalizado: el de justificar el aborto, dictamen psicológico mediante, invocando el riesgo de padecimiento mental o anímico de la madre. En la realidad, el aborto ya era libre durante las doce primeras semanas, pero tenía que contar con una autorización pericial expedida casi siempre de manera fraudulenta. Esto dejaba un flanco sin cubrir, pues era posible, como de hecho ocurrió, que a algún juez cruzado del catolicismo le diese por exhumar historiales de abortistas para rectificar los dictámenes psicológicos y condenar a las investigadas, cuyo derecho fundamental a la intimidad era vulnerado del mismo modo que se atropellaba la seguridad jurídica en su noción más elemental.

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De eso, entonces, se trataba y se trata: de garantizar tales derechos alterando la legislación para descriminalizar una práctica ya arraigada en la realidad. Habría, pues, de ser ésta el objetivo de los ataques católicos y no una legislación que ni ampara el asesinato de niños ―como aviesa y torcidamente denuncian carteles y eslóganes de la derecha― ni promueve códigos morales excluyentes. Aunque pueda sorprender a algún lector, creo que su aprobación es un gran tanto a favor de una joven y concienzuda ministra que dista de ser lo peor que hay en el gabinete que sufrimos.

Beneficio, armonía y capital

En la definición del capitalismo encontramos dos elementos bien diferenciados entre sí: por una parte, es aquel sistema económico basado en el beneficio privado; por otra, se supone que la concurrencia entre intereses de lucro produce como resultado una distribución eficiente de los recursos y, por consiguiente, una razonable armonía social. Como puede apreciarse, el primer extremo es de carácter descriptivo, mientras que el segundo aspecto es de naturaleza valorativa e incluso desiderativa.

Quizá las conclusiones del análisis de nuestra desbocada actualidad económica dependan de cuál de ambos aspectos se enfatice, bien el del beneficio como única y excluyente regla, bien el de la armonía como resultante de la concurrencia. Mi humilde opinión es que resulta mucho más revelador emplear en los análisis la primera parte de la acepción del capitalismo, considerando la segunda una reminiscencia teológica ya insostenible, cuya función política es legitimar ideológicamente y enmascarar los efectos disolventes de la primera. Veamos algunos ejemplos de ello.

Hace ya casi dos años, en el verano de 2008, estalló una crisis a la que se hizo frente, primero, con inyecciones de liquidez multimillonarias por parte de los Bancos Centrales, y después, con fondos de reestructuración dispensados por los Estados con cargo a los contribuyentes. Se hizo con el pretexto de que eran entidades too big to fall, es decir, con la excusa de que su quiebra supondría el caos social, no con el argumento más sincero de la socialización de las pérdidas y la concurrencia económica sin riesgos, esto es, con el del aseguramiento del beneficio.

Hoy, los problemas de endeudamiento privado y de falta de liquidez persisten pese a las ayudas. Y toda esa política de salvamento en pro de mantener la armonía social ha enmascarado un negocio monumental: las entidades financieras han podido obtener fondos para reparar sus pérdidas a un 1% de interés que rápidamente han invertido en los mismos bonos de deuda emitidos para sufragarlos, bonos cuya rentabilidad, como se sabe, no ha parado de crecer.

En este último mes, casi todos los gobiernos europeos han aprobado unos planes drásticos de recorte del gasto público con el paradójico fin de 'tranquilizar a los mercados' para continuar colocando deuda. El destino fatal de tales medidas habremos de apreciarlo en unos ocho o nueve meses: las deudas solo se pagan si se tienen ingresos, y el nivel de éstos, tanto en el sector privado como en el público, se hundirá debido a la inflación, la subida de impuestos directos y el descenso de renta. Con lo cual, las deudas persistirán. Pero lo interesante es apreciar que dichos recortes se justifican alegando 'la prosperidad del mañana', cuando la función que están desempeñando, consciente o inconsciente, es ceder espacios públicos al negocio (beneficio) privado. Buena prueba de ello es que, hasta el momento y tras el decreto de recortes, el coste de colocación de la deuda española no ha cesado de incrementarse.

En otro orden de cosas, cuando se debate el asunto de la tributación de las rentas de capital, el frente liberal suele esgrimir el riesgo de la 'descapitalización de la economía': si se aumentan los gravámenes sobre las Sicav --vienen a decir-- los capitales se marcharán a otros países para invertir. El pretexto de fondo es siempre el mismo: el capitalista está interesado, en última instancia, en producir y vender su producto lo más óptimamente posible, lo cual, a la larga, produce un efecto de distribución y armonía que son la seña de identidad del capitalismo. Y si se aduce el beneficio, se da por entendido que éste proviene en exclusiva de este tipo de producción, pues el capital está abocado a invertirse para generar riqueza y, por ende, empleo y abundancia.

Las dudas no tardan en acudir: ¿está interesado realmente el capital en invertir en el tejido productivo cuando cuenta con medios para autorreproducirse especulando? ¿por qué teniendo un régimen tan privilegiado como el español --el que menos grava al capital de la OCDE-- tenemos una crisis tan monumental, superior a la de países con imposiciones al capital más elevadas? ¿cómo puede hablarse de descapitalización cuando nos referimos a un incremento del tipo de tributación en dos o tres puntos? Al tratar por igual una mínima subida y una confiscación en toda regla, ¿no supone eso una falta interesada a la lógica de la argumentación? En fin, ¿no podrían arbitrarse mecanismos que gravasen al capital improductivo y meramente especulativo y, en cambio, bonificasen al que invirtiese en la actividad económica real?

Pero claro, si se trata de garantizar y aumentar los beneficios privados, se están adoptando desde luego las medidas oportunas. No, empero, si se intenta garantizar una armonía de pequeños productores en sana competencia. La inminente reforma laboral, cuyo aspecto más sensible es la sustracción de la tutela judicial sobre los despidos, dos tercios de los cuales son hoy declarados improcedentes, habrá igualmente de demostrarlo: se creará una estructura productiva que garantizará aún más el beneficio, comprometiendo en cambio el aspecto armónico que también pretende predicarse del sistema capitalista.

República y violencia

En una charla digital mantenida ayer por Andrés Trapiello con ocasión de la nueva edición de Las armas y las letras, sostenía el escritor: "No sé si el alma, pero el motor de la segunda república fue la violencia".

Con semejante aseveración vuelve a ponerse en evidencia la confusión mental con que se aprecia nuestro pasado político. Téngase en cuenta que tratamos la opinión de un escritor competente, aunque a mi juicio bastante insulso, estudioso de la época al menos en su aspecto literario y lo suficientemente objetivo como para afirmar, frente a los equidistantes que nunca lo son en realidad, lo siguiente: "nadie debería dudar que las ideas por las que se combatió en uno y otro lado no podían ser más diferentes, en el de la República por los principios de la Ilustración (libertad, igualdad y fraternidad), fundamento de las democracias modernas, y en el de los sublevados por la conculcación de esos mismos principios, con la participación decisiva de curas, militares y capitalistas".

Si un intelectual experto en el asunto y de juicio además ponderado incurre en dicha confusión conceptual, si la mezcla de planos que ahora paso a indicar suele incluso ser frecuente entre historiadores tan consolidados como Santos Juliá, podemos imaginarnos la medida de su difusión en el conocimiento ordinario. Aunque consciente de su práctica esterilidad, y trayendo por una vez a estas líneas parte de mi labor profesional, intentemos revelar el equívoco que subyace a las consideraciones que ligan la Segunda República y la violencia política.

Para lograrlo hemos de responder primero a esta aparentemente sencilla, pero realmente espinosa, cuestión: ¿qué significa el enunciado "Segunda República"? Simplificando mucho el análisis, orillando la percepción que de ella pudieron tener los agentes históricos, creo que pueden aislarse dos sentidos bien diferenciados entre sí: en primer lugar, uno eminentemente historiográfico, a tenor del cual dicho enunciado viene a significar "el período de la historia política española que va del 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936 (o al 1 de abril de 1939, en el caso de los territorios del bando republicano)"; y en segundo lugar, otro de contenido específicamente jurídico-político, que define la Segunda República como aquel "sistema político compuesto de las instituciones y regido por los principios consagrados en la Constitución de diciembre de 1931, desarrollados por la legislación parlamentaria y aplicados por la actividad burocrática y judicial".

La diferencia no es menor, porque mientras en la primera acepción es posible sostener que la República duró cinco años y constituyó un intervalo convulso, en la segunda resulta bastante más problemático. Expliquémonos.

Asociar el régimen republicano y la violencia política es legítimo cuando acotamos aquel tracto histórico y comprobamos el número y la proporción de atentados y delitos cometidos con finalidad política o con un contenido claro de revancha social. Lo que comienza a ser ideológico es pensar que esa efervescencia era un rasgo propio y genuino justamente de aquel período que arrancó en 1931. Quienes así proceden, desconectan la República de sus antecedentes y olvidan --descarada, deliberada o inconscientemente-- los atentados políticos y la represión institucional extralegal que se produjeron durante la Restauración, especialmente en 1909 y en los dos años posteriores a la revolución rusa.

¿Por qué, entonces, no se declara que "el motor de la Restauración fue la violencia" con la misma insistencia con que se vinculan República y caos? Pues porque, pese a ser incluso una aseveración más veraz --de hecho, se aplicó con mucha mayor intensidad la ley de fugas en tiempos de Alfonso XIII que de la República--, la ideología suele dominar al conocimiento, incluso al presuntamente científico. Y porque cuando se trata de la Restauración se traza una divisoria entre el Estado y la sociedad que no se emplea para los tiempos republicanos. Empleémosla nosotros, colocándonos así en la segunda de las acepciones del enunciado "Segunda República".

Si ésta equivale al Estado republicano --al "conjunto de instituciones y principios consagrados en la Constitución de 1931 y desarrollados por las leyes..."-- la primera y decisiva conclusión que debemos alcanzar es que República en España no llegó a haber, siendo su existencia la de un proyecto político que, aun necesitando para su despliegue de dos generaciones, fue desarrollado a tropezones durante no más de dos años.

Tras la victoria de las derechas en noviembre de 1933 prosiguió, desde esta perspectiva jurídica o estatal, un período antirrepublicano, caracterizado por concatenar estados de excepción con la consiguiente suspensión de derechos constitucionales y por derogar y rectificar toda la obra legislativa republicana (que no era sino la materialización normativa de los mandatos constitucionales). Tanto es así, que la famosa revolución de octubre de 1934 no fue sino la respuesta extrainstitucional a la iniciativa gubernamental de deshacer todo lo decisivo y transformador de la legislación del primer bienio. Por eso es tan falsa la afirmación conservadora y centrista (Juliá) de que las derechas en el 34 defendieron el orden político republicano frente a la revolución anarquista y socialista, cuando tales derechas llevaban desde enero de ese mismo año vaciando de contenido el orden constitucional, como vino también a demostrar el proyecto de 'reforma de la Constitución' de Lerroux de 1935, en el cual los capítulos de las autonomías, los derechos sociales, la propiedad y las relaciones Iglesia-Estado experimentaban, sino su directa supresión, sí una profunda revisión de efectos anulatorios en la práctica.

Lo que prosiguió a las elecciones de febrero de 1936, con buena parte de la izquierda social resentida por la rectificación de la república y por la brutal represión del 34, fue, en efecto, un período extrarrepublicano, donde unos y otros ya apostaban por soluciones ajenas a las instituciones y principios republicanos, si bien esta evidencia no borra el esfuerzo de otros muchos por reconducir la vida pública a dicho marco institucional, esfuerzo que solo terminó de arruinar el golpe de Estado.

Con lo antedicho la conexión entre República y violencia parece hacerse más compleja. No puede equipararse la violencia alojada en la sociedad con la ejercida por las instituciones, y dentro de esta última tampoco cabe confundir la violencia aplicada en el primer bienio republicano con la del segundo bienio antirrepublicano. Pero lo decisivo es, en efecto, deslindar violencia política ejercida por grupos sociales y violencia estatal. Solo esta segunda cabe atribuirla a la República, entendida en su segunda acepción. Cuando se habla del primer tipo de violencia, la social, malamente nos podemos referir a ella considerándola el motor del Estado republicano. Todas las evidencias apuntan, por el contrario, a que dicho Estado, manifiestamente débil y precario, hacía lo (im)posible por reprimirla y neutralizarla.

Más claro: para que la quema de iglesias y la República (como Estado) estuviesen estrechamente vinculadas haría falta encontrar alguna disposición legal, o al menos administrativa, que ordenase, por las razones que fuese, la quema de dichos edificios. ¿La había? De ningún modo: lo que hallamos son disposiciones que castigan especialmente ese tipo de actos vandálicos (v. Ley de Defensa de la República). Cuando el Estado nazi acometía actos de limpieza étnica, o infligía penas bárbaras por razones ideológicas, lo hacía en aplicación de la legislación vigente (una legislación, claro, tan laxa y evanescente como para amparar toda la arbitrariedad imaginable). El Estado republicano, por el contrario, no sancionaba en sus leyes ni la quema de conventos, ni la eliminación del adversario, ni el uso impune de la violencia para lograr fines políticos. Lo que hacía era justo lo inverso: condenar todas estas conductas, e intentar instituir un régimen pluralista y democrático, para acabar precisamente con el abuso crónico y estructural de la violencia política que había signado la historia española anterior.

Por eso, en suma, cuando se afirma que "la violencia fue el motor de la Segunda República", tal sentencia solo es (parcialmente) correcta si es idéntica a esta otra: "la violencia fue el motor de la historia política española de 1931 a 1936", pero es una clamorosa, malintencionada y politizada incorrección lingüística sin con ella quiere sostenerse que "la violencia fue el motor de la Constitución de 1931, de las instituciones y principios que en ella se consagraron, y de las leyes y reglamentos que los desarrollaron".

A mi juicio, con la inclusión de este inapreciable pero decisivo matiz se aclaran muchas cosas que el lenguaje ordinario, y también el historiográfico, por torpeza y falta de disposición analítica, mantienen ocultas en beneficio conservador.

Veracidad

Como corren tiempos técnicos y estadísticos, buena parte de la verdad es objetiva, mal que pese a los relativistas. Las ideologías, los principios y las convicciones muy bien pueden obedecer a querencias personales, razones biográficas, consideraciones racionales o inclinaciones apasionadas. Pero los datos son los datos y su objetividad resulta indiscutible. Otra cosa es cómo se interpreten.

Todo el obvio preámbulo viene a cuento porque hoy leí un esclarecedor artículo sobre el funcionariado europeo que viene a desmentir, en general, todo el relato conservador acerca de la hipertrofia burocrática española, mucho más radicada, caso de existir, en la engolfada y expansiva masa de cargos de libre designación inflada por los partidos que en la nómina de funcionarios de carrera.

Si los datos que, negro sobre blanco, registra el citado artículo cuestionan cierto discurso oficial, viene a echar directamente por tierra algunos análisis recientes. Me refiero en concreto al que hace unas semanas publicó en El Mundo Víctor Pou Serradell, profesor de la Escuela de Dirección IESE, perteneciente a su vez a la Universidad que el Opus Dei tiene establecida en Navarra. En su artículo, titulado El fin de un modelo político estatista, se aseguraba que "hacia finales del siglo XIX, Grecia ya contaba con la burocracia mayor de Europa", mientras que "en la actualidad ... un millón de personas aproximadamente, o sea, un trabajador griego de cada cuatro es un empleado del Estado".

La realidad, por el contrario, es otra muy distinta: de 27 países europeos analizados, resulta que el que más funcionarios por habitante tiene es Suiza (1 por cada ocho), seguida de Finlandia, Letonia y Malta (1/9). Con un funcionario por cada doce habitantes figuran Francia y Bélgica, mientras que nosotros, en una discreta decimosexta posición, ascendemos a un funcionario por cada dieciocho, con la misma cifra que Alemania y un funcionario más per cápita que Italia. ¿Y Grecia, dónde está la estatista Grecia? Pues en el número veinte de la lista, con un funcionario por cada veinte habitantes. Si hacemos entonces los cálculos pertinentes, y dividimos sus 11.260.400 habitantes entre los veinte que corresponden a cada funcionario, resulta que el Estado elefantiásico griego cuenta con 563.020 funcionarios, prácticamente la mitad de lo que afirmaba el citado economista.

Estamos, en efecto, ante un problema. Se llama impunidad de la mentira y consiste en la sustitución de la información por la propaganda política. Sobre él, como rasgo consustancial de la sociedad del espectáculo, ya trató Guy Debord. Puede pensar el lector que ahora, en lugar de datos contrastables, exhibiré mis inclinaciones ideológicas, pero el caso es que tengo la recurrente sensación de que la mayoría de todas estas falsificaciones (e invenciones) de datos --y hasta del mismo lenguaje-- proceden de la derecha. ¿Merecerían este tipo de falsedades alguna reprobación, algún tipo de control? Mi lado jacobino me dice que sí, pues creo que son perfectamente distinguibles la opinión y la transmisión de datos. Pero mi lado reacio a la autoridad me hace partidario de otro tipo de fiscalización, más espontánea y ciudadana.

Por eso, ya puestos, os confieso mi sueño académico. Creo que la frase más repetida por todos los políticos y periodistas en todos los debates y tertulias es la que, en beneficio propio, acude al "ejemplo de los países de nuestro entorno", ejemplo del que se saca una cosa y su contraria con el solo fin de sustentar las propias pretensiones. La cuestión es que el reiterado recurso a esta comparación suele ser directamente proporcional al desconocimiento de la realidad política, jurídica y económica de "los países de nuestro entorno".

¿Y mi sueño? Ahí va: un instituto de derecho y economía comparados dedicado precisamente a publicar (traducir) todo lo concerniente a datos, hechos y documentos en que se refleje la estructura jurídica y económica de dichos Estados, principalmente del alemán, que no por casualidad es el más citado. Y una de sus labores, claro, sería ejercer, a modo de observatorio, de censor de políticos y periodistas, publicando periódicamente las mentiras (propagandistas) que tanto unos como otros suelen poner en circulación cuando hablan de las experiencias y medidas adoptadas en los restantes países europeos. Una cura de nuestro enquistado provincianismo, vaya.

Socialismo y democracia

Hace muy poco, un visitante y comentarista, que seguramente había observado mal la galería de autoridades con que se presenta este portal, se sorprendía de que su autor se declarase socialista, partícipe y simpatizante de esa doctrina tan desfasada y totalitaria cuya barbarie e ineptitud práctica quedaron irrevocablemente demostradas en 1989.

Si no tendiésemos a occidentalizar toda nuestra realidad, el juicio anteriormente transcrito sería harto discutible, vista la alta probabilidad de que un régimen comunista, que se compone además de un sexto de la población mundial, sea la máxima potencia de aquí a un par de décadas. No es éste, sin embargo, el criterio del que humildemente me valgo para declararme socialista, sino más bien la aplicación de los parámetros de eficiencia, poder y éxito que emplean los conservadores y liberales para señalar como ejemplo a los Estados Unidos.

Mis baremos son otros, muy breves y sencillos, y por eso seguramente simplistas. Si el autor de estas líneas se proclama socialista es, contra lo que pudiese parecer, porque ama por encima de todas las cosas la libertad individual y entiende, como lo hacía su admirado Oscar Wilde, que dicha libertad solo florece universalmente cuando todos los sujetos sin excepción tienen las necesidades básicas resueltas, esto es, alimento, vivienda, vestido, profesión, educación, sanidad y renta disponible para una socialización igualitaria. Se trata, en efecto, de colocar a la economía en función del hombre, y no al revés, logrando la emancipación respecto de las necesidades perentorias para, una vez satisfechas, proceder a realizarse como mejor convenga, a través del arte, la amistad, la familia o la actividad comercial y la riqueza. Se trata, en suma, y como decía Albert Einstein, que no era estúpido, del reto de "superar la fase depredadora de la evolución humana". Y parece obvio que, en comparación con este sentido ilustrado de la libertad, la que propugnan los liberales no es más que una prerrogativa de las minorías cuyo despliegue necesita la subyugación (y depredación) creciente de las mayorías.

Pero hay más. Si me declaro socialista es porque antes soy demócrata. ¿Y por qué socialismo y democracia son inescindibles? ¿por qué las reglas básicas de la democracia --principio de la mayoría, comunidad de procedimientos, incertidumbre en los resultados-- solo pueden aplicarse en un contexto de homogeneidad económica? Pues por la elemental razón de que poca eficacia puede lograr una ley democrática en una sociedad económicamente dispar. Cuando existen minorías poderosas por su capital y poder acumulados, cualquier ley mayoritaria que pretenda retocar el statu quo se encuentra abocada al fracaso, según advera todo un repertorio de acontecimientos históricos repetidos desde 1919 hasta la misma actualidad. (Derecho de resistencia legítima al tirano y la opresión, denominaban desde Juan de Mariana hasta Ramiro de Maeztu este privilegio de desobedecer las leyes públicas que antaño correspondía a los aristócratas y desde el siglo XIX a los detentadores del poder social y económico. No por casualidad, junto a la propiedad privada y la libertad (comercial), era uno de los derechos sagrados y naturales declarados desde la Virginia de 1776 al París de 1789).

En definitiva, como estamos muy lejos de poder considerar satisfechas universalmente las necesidades perentorias, y como los contrastes económicos que obliteran la lógica democrática no cesan de aumentar, creo que siguen existiendo buenas razones para reivindicar el socialismo y la democracia, sin que ello suponga la más mínima complacencia con lo que tuvo de bárbaro la experiencia soviética.

Misceláneo

Solo tres apuntes, variados entre sí: uno sobre el bipartidismo, otro sobre la posible subida de impuestos a las rentas altas y, por último, otro, de nuevo, sobre el Estado del Bienestar.

Bipartidismo. Tras la II Guerra Mundial, y una vez compulsado el fracaso del principio de proporcionalidad en la organización de los parlamentos, se acuñó el axioma, de estirpe británica, a tenor del cual la gobernabilidad se garantiza solo mediante un sistema bipartidista en el que se alternen en el poder dos grandes y transversales agrupaciones de centro, con la consiguiente exclusión o postergación de las tendencias minoritarias. Algunos autores, como Giovanni Sartori, elevaron a categoría lo que no era sino una rectificación histórica. Pero, ¿tiene validez general dicha categoría?

Para ser exactos, no es éste el sistema vigente en España, país culturalmente plural que amplifica, en aras de la integración, la presencia parlamentaria de los partidos nacionalistas. Pero diríase que, en términos de opinión pública, el debate se halla en buena parte determinado por las reglas del bipartidismo. Muchas veces me pregunto si es ésta la distribución que mejor se ajusta a la fisonomía de la sociedad española. No solo es que encorsete el debate, simplificándolo e inscribiendo a los sujetos en dos bloques políticos. Es que a veces toma la forma de una guerra civil sin armas, donde hay que esperar cuatro años para tener el placer de una indolora pero visceral revancha. La diversificación real de la representación parlamentaria, ¿no contribuiría a enriquecer de matices el debate y a firmar un armisticio en el que se excluyese el sectario y permanente choque de trenes?

Impuestos. Parece que es inminente una subida impositiva a las rentas más altas. Si se adopta finalmente, Zapatero y su gobierno, a mis ojos, no harán sino continuar hundiéndose en el descrédito. De llegar, desde luego la celebraré. Pero la interpretaré como un síntoma más de la falta de dirección en este país, de la inseguridad, los titubeos y la falta de identidad política de nuestra dirigencia actual. Y, sobre todo, la entenderé como una decisión forzada por las circunstancias, después de que Portugal y hasta Francia --ambos con intervención conservadora-- hayan tomado la iniciativa, y como una resolución netamente electoralista, inspirada en el miedo a perder votos, mas no en un criterio rector de tono socialista.

Estado del bienestar. Almorzando hoy con uno de mis más queridos maestros, me transmitía éste un interrogante de esos que parecen poner fin a toda discusión. Seguramente el colega Non Sola Scripta podrá rebatirlo con estadísticas y datos fiables, pero he de confesar que su plasticidad, lo impactante de su imagen, deja pocas dudas a la respuesta. Ahí va: "¿cómo se explica que en la Europa devastada y apremiante de la segunda posguerra fuese posible edificar todo un Estado del bienestar, que ahora, con una renta per cápita, una productividad, una riqueza y una estabilidad notablemente superiores, ha devenido insostenible?"

La respuesta, claro, se encuentra en 1989. Aunque con sentido e intenciones contrapuestos, he leído tal parecer en autores conservadores y progresistas, y yo humildemente, en algún comentario y en alguna nota al pie, he dejado constancia de él. El Estado del bienestar, en efecto, era el reflejo institucional en Occidente del régimen comunista instaurado en la Europa Oriental. Todo un mastodonte armamentístico e industrial decía solidarizarse con la clase trabajadora internacional, que por tanto no convenía expoliar con descaro y sin prevenciones.

Mi maestro lo aseveraba más gráficamente: "los tanques del ejército rojo se encontraban en Berlín".