Una nota constitucional

Leo que la Audiencia Nacional ve fundamentada la acusación de inconstitucionalidad formulada contra el recorte de salarios a los funcionarios públicos perpetrado por nuestro gobierno. Imagino que, al tratarse de una norma con efectos económicos masivos, la jurisdicción competente puede ser la de la Audiencia, y al tratarse además de un decreto, y no de una ley, no procederá acudir obligatoriamente al Tribunal Constitucional. Pero, de cualquier modo, constitucionales son los argumentos que se presentan por los acusadores y los que considera fundados la propia Audiencia.

¿Cuáles son tales argumentos? Principalmente uno: que la bajada de sueldos fijada por decreto vulnera el art. 37.1 de la Constitución, que ordena a la ley garantizar "la fuerza vinculante de la negociación colectiva". En efecto, el recorte salarial del funcionariado español se acordó contraviniendo un acuerdo previo suscrito por la administración y los sindicatos de empleados públicos en el que se fijaba una módica subida del 0.1%, esto es, una congelación a efectos prácticos. Y el gobierno, por decreto, es decir, del modo más autoritario imaginable, incumplía de modo flagrante el citado pacto.

El problema, de solventarse de manera favorable para los empleados públicos, entrañaría otro de rango aún mayor. Si este decreto puede vulnerar en el terreno de lo concreto un acuerdo fruto de la negociación colectiva, la ley 32/2010 lo quebranta de un modo general, por una parte, al permitir al empleador modificar sustancialmente las condiciones de trabajo cuando las circunstancias económicas lo requieran, y por otra, al capacitar al trabajador para que acuerde individualmente con el empresario unas condiciones diferentes a las recogidas en el convenio colectivo. Si el decreto contradice de manera específica el mandato constitucional, la ley de reforma laboral lo incumple clara y descaradamente, al vaciar de contenido y no garantizar el carácter vinculante de la negociación colectiva.

¿Tendrá esta inconstitucionalidad tan evidente alguna consecuencia jurídica? Probablemente no. En primer lugar, por falta de pretensión de recurrir la ley de reforma del mercado de trabajo ante el Tribunal Constitucional, aunque habrá que reconocer que todo habría quedado más elegante y democrático si previamente hubiesen tenido el valor de reformar dicho precepto. Y en segundo lugar, por el hecho materialista, indicado por Ferdinand Lasalle, de que la Constitución auténtica es la definida por la correlación de fuerzas existente en un país determinado en un momento dado de su historia. Y la clara hegemonía conservadora que padecemos, de la que participa ampliamente el gobierno y, por tanto, la inmensa mayoría de nuestros representantes, impedirá que se imponga el dictado de la Constitución, tan relevante, en cambio, para otros aspectos, como el de la indisolubilidad de la nación.

Esto nos coloca ante un problema de calado mayor, que no es otro que el de la expansión del Estado y el vaciamiento de la Constitución. No solo en España se está volviendo a conceder un papel desmesurado al poder ejecutivo; no solo aquí se está abusando de las normas de urgencia y la lógica de la excepcionalidad. En el fondo, la construcción del mercado libre --desde las rebajas de aranceles conseguidas militarmente por Gran Bretaña hasta la privatización por decreto de la propiedad-- ha sido una cuestión de imposición por parte del Estado, mediante normas autoritarias y con el uso frecuente de la violencia. Recuerden, a título de ejemplo, la primera de nuestras desamortizaciones, realizada bajo la primera ley de plenos poderes (al ejecutivo) dictada en nuestra experiencia constitucional.

De eso mismo va tratando de nuevo nuestra fábula, del allanamiento del terreno a una privatización todavía más masiva de la economía, y los tempos del mercado son impacientes, las medidas que requiere muy expeditivas y sus escrúpulos demasiado pocos como para tener que perderse en filigranas constitucionales. Por eso, el predominio de la lógica del mercado sobre la de la política constitucional hará que un simple decreto, o una mala ley, prevalezcan sobre la propia Constitución. Por eso también volverá a verse cómo, sin Constitución mediante que limite el poder declarando universalmente derechos individuales y sociales, el Estado y el mercado son tan mutuamente necesarios, tan recíprocamente imprescindibles, que ambos nacieron y ambos perecerán a la vez.

Huelga e historia

Mañana voy a la huelga. Muchos son los pretextos que he oído para justificar no secundarla. Como no tengo vocación sacerdotal ni partidaria, no soy quien para concienciar a nadie. Es, desde luego, coherente no ir cuando se está conforme con las medidas adoptadas. Mayor perplejidad me produce el escándalo que éstas suscitan combinado con la pasividad. Las excusas son variadas, aunque se resumen en tres: "Los sindicatos no se lo merecen, pues son unos vendidos", "las cosas no están para perder un día de sueldo", "total, si no va a servir para nada".

Todas convergen en un mismo defecto de partida: la ceguera ante la historia, la incapacidad para apreciar cuál es la dinámica íntima de la historia de los hombres, que no es otra que la dinámica de las luchas de poder.

Se desconoce así que los sindicalistas han podido ser todo lo indolentes que se quiera, pero que los sindicatos componen un instrumento formidable, y hoy por hoy único, para la defensa de los derechos sociales. El defecto de la apreciación sindical es, en efecto, no haberse opuesto netamente a un gobierno que lleva adoptando medidas regresivas desde hace ya varios años. Pero más vale tarde que nunca y, sobre todo, más vale un atisbo de articulación organizativa de la masa trabajadora que la yuxtaposición de miles de empleados precarios y endeudados individuales y desconectados.

Con los citados pretextos, se pasa igualmente por alto que lo que está en cuestión no es el presente perpetuo en que vivimos, donde sí que se siente la pérdida de unas cuantas decenas de euros, sino un futuro próximo donde es más que probable que la sangría salarial no se haya restañado si no se han tomado las precauciones necesarias. La huelga, en este sentido, es un acto preventivo, una advertencia proclamada ante los centros decisorios para que detengan su desmantelamiento del Estado social.

Y, por último, con tales giros argumentales se deja de saber que ninguna acción sindical, ningún acto de resistencia obrera a lo largo de la historia se saldó de forma inmediata con una rectificación absoluta por parte de gobernadores y patronos. Todos se tropezaron en primer lugar con el fracaso, con fracasos mucho más dolorosos, intensos y profundos que los que mañana pudieran vivirse caso de que no existan rectificaciones gubernamentales, pues eran fracasos a cambio de los cuales se pagaba con la vida y la libertad. Pero antes, claro, se sabía, entre otras cosas por influjo marxista, que se estaba en guerra, y que la pérdida de una batalla no implicaba ni la renuncia a una estrategia global ni la derrota final en la contienda.

Gracias a esta visión de la historia, gracias al poder material conquistado y exhibido a su través, podemos (o hemos podido) gozar de las libertades y privilegios que el Estado democrático y social ha garantizado. La historia, en efecto, es un proceso cumulativo que se construye con cada acto, y no oponer ni el más mínimo conato de resistencia frente a los desmanes cometidos supone sentar un terrible precedente que autoriza tácitamente a que estos continúen y hasta se agraven.

Si las luchas en su aspecto más evidente y tangible han cesado, si a los enfrentamientos directos ha sustituido la democracia y la deliberación, no ha sido porque la polémica entre intereses y posiciones enfrentadas haya dejado de existir, sino porque resulta viable y preferible continuar la guerra por medios pacíficos. Pero la guerra, en sí, no ha terminado, la polémica como el factor estructurante principal de una sociedad no igualitaria sigue perfectamente en pie. Y, efectivamente, resulta una necesidad apremiante el demostrar que toda la organización social continúa deteniéndose y, en su caso, se desplomaría, sin el concurso activo del elemento trabajador, mucho más indispensable para una vida buena que las operaciones especulativas de los señores engominados que, impunemente, nos han hundido en esta situación.

Reforma laboral y legislación racional

Para, por una vez, sustituir la lectura de la prensa por información directa y veraz, me imprimí ayer la ley 35/2010, "de medidas urgentes para la reforma laboral". Fueron variadas las impresiones, pero cabe resumirlas en tres: la ley resulta la plasmación legal del cinismo en que se ha instalado el actual gobierno y todos los que lo defienden; introduce además novedades de tal calado que creo que probablemente suponga la reforma más agresiva y destructora de la protección del trabajo y la relevancia pública sindical; y, en último lugar y sobre todo, expresa una vez más la profunda ineptitud de toda la pléyade de políticos y asesores que conforma nuestra dirigencia. Expliquémoslo.

El preámbulo afirma que la norma tiene como finalidad combatir el empleo temporal precario y la "dualidad" del mercado de trabajo, es decir, la disociación de éste en una élite de trabajadores fijos bien remunerados y con despidos muy bien indemnizados y un batallón de empleados en precario, que concatenan contratos basura y no gozan nunca de las condiciones suficientes para estabilizarse y promoverse en el puesto. Asimismo, el "objetivo esencial" de la reforma es reducir "el desempleo e incrementar la productividad de la economía española". Todo ello, por supuesto, sin merma alguna del "compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores".

La cuadratura del círculo, evidentemente, no llega a lograrse, poniéndose de este modo al descubierto la falsedad de la retórica con que el Gobierno pretende legitimar esta conculcación de los derechos laborales. En realidad, la única "penalidad" impuesta a los empleadores con el fin de reducir el número de contratos temporales es la de incrementar su indemnización a doce días por año; sin embargo, "razones de prudencia aconsejan implantar este incremento de una manera gradual", no habiendo entonces, en la práctica, medida coactiva alguna que impida la eternización de la temporalidad que se dice combatir. Todo queda en una limitación temporal de hasta cuatro años (¡uh, qué arrojo socialista!) para los contratos por obra y servicio y en la consueta presunción de que quien encadena un mismo contrato, para un mismo puesto y en una misma empresa es, de facto, y por lo tanto también de jure, indefinido. Una presunción ya vigente que en nada ha eliminado dicha dualidad.

Dejando de lado las típicas bonificaciones para quienes contraten a jóvenes, mujeres o desempleados, hasta ahí llegan las novedades favorables al trabajador. Todo lo demás son reformas adoptadas en sistemático detrimento suyo. Veamos las más escandalosas.

- Para poder extinguirse los contratos de trabajo mediante un "despido colectivo" bastará que el empleador alegue, como causa objetiva que lo justifica, "una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas". La "razonabilidad de la decisión extintiva" se vincula en todo caso a que permita "preservar o favorecer" la "posición competitiva" de la empresa "en el mercado". Con ello, la labor empresarial, que en buena tradición weberiana comprendía como virtud la ascesis y previsión indispensables para mantener en el tiempo una actividad productiva, se convierte ahora, con medidas como ésta, en una tarea cortoplacista que no requiere siquiera la provisión de fondos para momentos bajos, en el entendido subyacente de que la vida de una empresa, como la producción de un país, ha de describirse con una línea continua y eternamente ascendente.

- Justifican asimismo el despido colectivo los cambios tecnológicos, organizativos y mercantiles que obliguen a la empresa a extinguir relaciones laborales para "prevenir una evolución negativa de la empresa", consolidándose así el principio según el cual, para mantener su posición y su nivel de ganancias, la empresa a lo primero que puede meter la tijera es a las rentas del trabajo. De esta forma se legitiman unos recortes que, como en buena lógica de guerra preventiva, tendrían como objetivo colocar parches ante coyunturas desfavorables eventuales y futuras sobre las que no existe certidumbre alguna. El trabajo se convierte así en subalterno de la prognosis económica.

- Más escandalosa aún es una de las causas que permite que un despido individual sea procedente y, por tanto, cuente con una indemnización mucho menor. Me refiero a la causa de absentismo: a tenor de la ley, podrá despedirse individualmente "por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses", no computándose como "faltas de asistencia", entre otras, las bajas "acordadas por los servicios sanitarios oficiales" que "tengan una duración de más de veinte días consecutivos". Lo cual, hablando en plata, no significa sino que si el trabajador se da de baja dos o tres veces durante más de nueve días en el plazo de dos meses estará ya a merced del empleador, que no es que lo despida inmediatamente, pero sí que contará con el instrumento coativo de amenazarlo con dicha posibilidad.

- Y, por último, en tan subordinado lugar han dejado a la fuerza sindical y su capacidad negociadora, que el trabajador podrá por su cuenta acordar a la baja con el patrón sus condiciones de trabajo, mientras que el empleador podrá modificar "sustancialmente las condiciones de trabajo", incluidos horario, jornada, sistema de remuneración y turnos, cuando "existan probadas razones económicas, organizativas o de producción".

De este modo, el Gobierno no solo sienta las bases para la construcción de un mercado de trabajo donde los empleados pasan a ocupar un estatus mucho más debilitado, sino que, sobre todo, coloca la patata caliente de la conflictividad laboral en la casta judicial, encargada en última instancia de dilucidar si concurren efectivamente las causas que justifican los despidos colectivos o las modificaciones restrictivas de las condiciones laborales. El problema es, en primer término, de índole técnica: ¿cuentan nuestros tribunales con los instrumentos necesarios para interpretar y verificar contabilidades de empresas, para calcular o adverar el índice total de absentismo en un centro de trabajo o sencillamente para interpretar los designios del mercado y las posiciones que en él ocupen las empresas? La cuestión es igualmente de índole política, pues con una reforma como ésta no se vuelve a demostrar sino la irresponsabilidad profunda y congénita de nuestros gobernantes, incapaces de adoptar medidas de carácter ejecutivo sustituyéndolas por cláusulas imprecisas que aplazan la decisión política hasta el litigio judicial.

Mas, ante todo, la ley de la reforma laboral que hemos comentado nos coloca frente a un problema jurídico de envergadura. Si entre nosotros los europeos nació la ley como expresión fundamental del poder público fue, principalmente, como medio de garantía frente a la discrecionalidad de los aparatos judiciales dependientes de la corona. La ley, para cumplir su función garantista, había de ser, en primer lugar, representativa de la voluntad general, pero también, en segundo lugar, taxativa, precisa, transparente y determinada, para facilitar al máximo su aplicación e interpretación, pues de transmitir seguridad jurídica se trababa. Y es esto lo que ha olvidado el legislador al reformar el mercado de trabajo, dejando abiertas todas las puertas a aplicaciones abusivas, que, en su caso, habrán de limitar unos tribunales ya de por sí exhaustos y derechizados.

Guardería neoliberal vs. Guardería del bienestar

He estado estos días buscando un "centro de educación infantil no obligatoria" para mi hijo en la ciudad donde empezamos ahora a residir, (y donde yo nací, viví mis primeros años y donde regresé por otros cinco tras licenciarme). He tenido la misma experiencia que al ingresarlo en su guardería anterior, y no me resisto ahora a contárosla.

Para esquematizar la exposición, recurramos a dos tipos ideales de guardería: una neoliberal y otra del bienestar. Anticipo que mientras la segunda es una figura imaginaria, la primera es una realidad bien visible. ¿En qué consiste tal realidad? Pues en sociedades de responsabilidad limitada que gestionan varias guarderías instaladas en locales. Su mecánica económica y organizativa es la siguiente: en la cúspide encontramos al director de la red de guarderías, nunca presente del todo en ninguna de ellas, y con unas funciones de logística y gestión empresarial --compra y alquiler de locales, búsqueda y negociación de subvenciones, captación y control del personal, adquisición de muebles y material docente, negociación con editoriales-- hasta cierto punto ajenas al mundo de la puericultura. En un escalón inferior hallamos a los gerentes o encargados de cada guardería, o excepcionalmente de varias de ellas. Éste ya es el que atiende a los padres interesados, quien dirige y fiscaliza al personal contratado, el que recauda y gestiona la rutina del centro que dirige. Y por último, en el más bajo escalón, las que desarrollan la función primordial: el cuidado, atención y formación de los pequeños; unas chicas (no es sexismo, sino constatación de lo que hay) a quienes se les supone una formación en educación infantil cuyas credenciales se escamotean a los padres. Se desconoce su proceso de selección, que no debe ser muy exigente cuando algunas empleadas no son sino parientes de la gerencia, y se sospecha un sueldo precario.

Así son las guarderías privadas, por las que se paga entre 150 y 350€ mensuales. Si entendemos esta educación infantil como un servicio indispensable para la mayoría de las familias, comprobamos que en este caso, en el neoliberal, se presta de un modo en el que lo más irrelevante, y lo peor pagado, es lo fundamental, mientras que el mayor beneficiado es justamente quien hace negocios --entre otras cosas abaratando costes y precarizando el mismo servicio que presta-- con la guarda y custodia de niños. Así, la retórica e ideológica apelación a la iniciativa de la "sociedad" para cubrir esta necesidad solo recubre un negocio bien montado donde lo menos importante es lo crucial.

El punto máximo al que llega el Estado del liberalismo social es a la subvención directa de las pocas plazas disponibles en centros así diseñados. Es decir, la supuesta política social de los socialdemócratas deja intacto el principio según el cual es la sociedad (o sea, los empresarios) la que autónomamente debe satisfacer dicha necesidad, comprometiéndose solo a su financiación, íntegra o parcial, cuando las circunstancias así lo exijan y dependiendo de los ingresos obtenidos. Curiosamente, la administración autonómica calcula el coste de una plaza concertada con un importe sensiblemente superior (290€) al que efectivamente cuesta la plaza en régimen exclusivamente privado (230€). Ya tenemos aquí el primer fraude al erario público. Pero el fraude general viene cuando comprobamos que tal financiación pública no sirve sino para engordar aún más la nómina del director o propietario de la red de guarderías y perpetuar la precariedad de las puericultoras, sin entrañar, que yo sepa, ningún control sobre la formación y selección de éstas.

Frente a esta realidad cabe oponer otra perfectamente factible y para nada utópica: la que al principio he llamado guardería del bienestar. ¿En que consistiría? Muy sencillo: en convertir la educación infantil de los primeros tres años en un servicio público a cargo del Estado. ¿Qué supondría? Unas guarderías donde algún técnico administrativo se encargaría de su gestión y donde unas profesionales de la puericultura, con formación universitaria, selección por oposición y puesto y sueldo de funcionarias, se encargarían del cuidado e instrucción de los niños. El que en la guardería neoliberal estaba arriba, pasaría de inmediato a reubicarse en la condición de director técnico de uno o varios centros; y las que estaban abajo ascenderían hasta convertirse en lo que son, el núcleo y función fundamentales del servicio.

Los liberales podrían objetar lo siguiente: esa guardería supondría gastos mucho más elevados y, caso de implantarse, aletargarían la iniciativa privada e impedirían la producción del excedente de riqueza del empresario, que al fin y al cabo tributa y que, por tanto, termina revirtiendo beneficios en la colectividad. Fácil es la contrarréplica: (1) vistos los gastos en subvención de plazas concertadas, dudo que fuese imposible costear los gastos que originase su fundación, pero es más, visto el personal funcionario inactivo y sobrante sería un modo de buscarles ocupación y rentabilizar sus nóminas; (2) si se monta esta guardería del bienestar, no como régimen monopólico, sino como sistema público al que se accede solo con unas determinadas condiciones de renta y de trabajo, seguiría quedando espacio para la iniciativa privada, que se encargaría de garantizar el servicio a capas más pudientes que deseasen prestaciones más sofisticadas (natación, música, idiomas...); (3) de convivir ambos regímenes, la iniciativa privada seguiría "generando riqueza" y "revirtiendo beneficios" a la comunidad, por mucho que las estadísticas de la Agencia Tributaria no paren de desmentir estas falacias evidenciando el fraude estructural y la contribución irrisoria de sociedades y empresas.

¿Una política de la naturaleza?

Parece que, de cara a las próximas elecciones, el ambiente político va enriqueciéndose. El ejemplo europeo y el fracaso gubernamental prestan terreno abonado para ello. En Alemania y, sobre todo, Francia y Portugal, predican con el ejemplo: el desplazamiento neoliberal de la socialdemocracia va liberando espacios que pronto son ocupados por organizaciones izquierdistas. Si de representar corrientes de opinión en su justa proporción trata la democracia, habrá que convenir que la gauche divine de los multimillonarios Schroeder, Blair o, entre nosotros, Garmendia y Sebastián representa a un sector reducido de la sociedad, al compuesto por aquellos liberales progresistas de riñón forrado y alta cultura que en conjunto no suman más del 10% de la sociedad. Alrededor de sus partidos se ha abierto una zona de luchas por un electorado mayoritario y desencantado que, en su mayoría, ha sucumbido a los cantos facilones de la derecha más burda y, en el resto, contempla desconcertado y escéptico las confesiones de izquierdismo de los socioliberales y la proliferación de nuevas formaciones que superan el anquilosamiento comunista.

Es en estas coordenadas, sin duda favorables, donde hemos de situar el nacimiento de Equo, la formación de López de Uralde y Joan Herrera. Se miran ante todo en el espejo alemán, desconociendo la diversidad de trayectorias, y francés, queriendo emular el éxito de Cohn-Bendit, que superó en las últimas europeas a los socialdemócratas oficiales. En España encuentran a mi entender un espacio muy propicio a sus intereses, visto que IU no ha logrado asumir su principal desafío desde hace más de una década: desembarazarse del partido comunista y huir sistemáticamente de la tradición cainita, asamblearia, iluminada y dogmática de nuestra izquierda más sorda y rancia.

Los Verdes españoles se topan, sin embargo, con un riesgo fundamental: el reduccionismo que supone restringir un programa político de gobierno al problema de la protección medioambiental. Dicho riesgo se agrava todavía más si tenemos en cuenta la escasísima sensibilidad ecológica que todavía prima en la mayor parte de las poblaciones españolas. Con la complejidad que entraña la política, que requiere adoptar decisiones sobre temas tan variados como la administración de justicia, la regulación mercantil o la hacienda municipal, ¿cómo convencer de la propia capacidad limitándonos a proclamar el cierre de las nucleares, defender una fiscalidad verde y conseguir el reciclaje de todos los desechos?

Este riesgo, sin embargo, supone, más que una deficiencia congénita del movimiento verde y de su próxima cristalización partidaria, un desafío intelectual. Un reto que se concentra en la concepción que tengamos de la naturaleza y que comienza a superarse en cuanto obviemos la dicotomía entre la naturaleza exterior y la interior, pues uno de los problemas más acuciantes del sistema político-económico actual es precisamente su falta de correspondencia, no sólo con el medio ambiente (la naturaleza exterior), sino también con la fisonomía natural del hombre (naturaleza interior).

Solo si se verifica este salto se estará en condiciones de postular un programa tan complejo y autosuficiente como lo es la propia política. Solo si defender una política de la naturaleza significa algo más que la legítima y necesaria protección del medio ambiente podrá contarse con las condiciones de credibilidad que posibilitan el éxito. Ese es, en mi opinión, el punto débil y el que más han de trabajar los partidarios del movimiento verde, pues parece claro que oponerse de forma crítica al modelo vigente no es sino denunciar que éste se basa en la represión, mutilación y cosificación de la naturaleza del hombre.

Sin título

Llevo tanto tiempo sin regresar a Meine Zeit, que, lleno de culpabilidad, casi evito abrir la página. Mi silencio se explica, cómo no, por cuestiones de trabajo. Preparo con mucho esfuerzo, y no sé si con éxito, algunos textos para la enseñanza de la historia del derecho internacional en la edad contemporánea y de la historia del derecho ―ahora en general, incluyendo civil, laboral y penal― durante el siglo XX, hasta la caída del Muro. También ando editando algunas fuentes inéditas de teoría política y del Estado redactadas durante la II República, alguna suscrita por un escritor famoso. Y, hasta donde me han alcanzado las fuerzas, he vuelto a repasar los mismos contenidos de siempre del alemán, aquéllos que se imparten en el nivel B1, del que no logro subir, por dar la espalda al idioma en cuanto regreso a España.

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No han sido pocos los intentos de ponerme a escribir algún apunte, pues, aunque encerrado trabajando en el Max Planck, ha habido estímulos y curiosidades que me animaban a hacerlo. En cuanto apreciaba el tiempo que la tarea me iba tomando, me invadía la culpa por no dedicarme a mis auténticas responsabilidades, y la abandonaba. Si hoy la retomo es porque, como excepción, y después de una noche ―corta, de cualquier modo: ya no son como antes― de despedida, me he regalado a mí mismo una jornada de lecturas, escaneos y caminata.

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He querido comentaros algunas anécdotas alemanas, ya fuesen ilustradoras de una inclinación reguladora y jerárquica hasta el exceso o de un modo de organizarse la vida social, laboral y económica que, según pienso desde que vine por primera vez, solo podemos envidiar e intentar emular. He querido también indicaros que he abierto un nuevo blog, Polemizando con Ignacio Camacho, de tono más polémico y directo, aunque sin incurrir por ello en el tono soez habitual en las abundantes tertulias ultraderechistas. Pero, ante la imposibilidad de ir actualizándolo como debiera, tanto por falta de tiempo como por no poder consultar desde aquí la página de ABC ―desconozco la misteriosa razón que me ha impedido hacerlo―, preferí anunciarlo a mi regreso.

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He querido hablar, y seguramente lo haré a la vuelta, sobre los resortes ―emotivos, racionales― que explican el ser conservador. De apariencia realista y moderada, los postulados conservadores han solido perfilarse en polémica con una concepción sublimada de lo que significa ser de izquierdas, la cual, en realidad, tergiversa, simplifica y distorsiona el núcleo materialista de las convicciones de izquierdas.

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He querido escribir sobre las disociaciones ideológicas en que vivimos instalados. Disociaciones que afectan tanto a nuestra estructura económica como política. Como sucedió en otros tiempos, se da en éste un marcado contraste entre lo que efectivamente está instaurado en la realidad y las categorías con que nosotros ―los agentes de dicha instauración― lo interpretamos. Por un lado, una vida económica explicada como sociedad artesanal y competitiva formada de emprendedores arriesgados; por otro, una vida política comprendida con categorías parlamentarias, democráticas e individualistas. La realidad, en cambio, muy poco se parece a tales representaciones, que sin embargo cuentan con una vocación normativa, con una vis reguladora y ética, que tampoco cabe desconocer.
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He querido escribir, por supuesto, sobre mis lecturas. Después del fantástico y dilatado recorrido por el retablo realista de Fortunata y Jacinta he concatenado con dispar fortuna una serie de lecturas contemporáneas. Schlink, y la corrección gramatical e historiográfica del jurista; Ishiguro, y la agilidad de una prosa puesta al servicio de la nada; Proust, al que siempre vuelvo para fascinarme y aprender, pero del que cada vez me voy alejando más, no por su legendario abuso de las subordinadas, que no me molesta, sino por la superficialidad de los detalles en los que se detiene y demora.

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Pero, sobre todo, Chirbes, Rafael Chirbes: los títulos precisos, cargados de significación ―Los disparos del cazador, La larga marcha, La caída de Madrid―; la historia política española contada por fin con una sensibilidad materialista, sin resentimientos, pero sin justificaciones ni equiparaciones, distribuyendo a cada cual ―ingenuidad, dogmatismo, crueldad, oportunismo…― lo que le corresponde. Chirbes y el oportuno recuerdo de que bajo nuestros pies, allá en el pasado, primó la barbarie, la subyugación, el sufrimiento, la violencia. Y Chirbes lo cuenta de un modo fluvial, por el que te deslizas, resbalándose los ojos por las páginas, devorando cada capítulo sin que ninguno llegue a saciarte, porque cada uno te ha dado tanto, te ha mostrado tanto y tan bien, que no puedes evitar el deseo de seguir recibiendo, como si en algún momento te fuesen a revelar el auténtico y doloroso secreto jamás contado del devenir español.

El problema "jurídico" del aborto

Para Martín Serrano

El asunto del aborto, que lleva en primera plana desde hace más de un año, puede afrontarse desde muy variadas perspectivas. Las cuestiones y dilemas que suscita han de inscribirse en su faceta biológica, religiosa, ética y jurídica. El problema es que, con frecuencia, estos planos, a veces inconmensurables entre sí, aparecen entremezclados interesadamente. En este sentido, no otra cosa hace sino confundir el consueto enfoque conservador, reverdecido en estos meses de reforma legislativa, cuando da a entender que una ley de plazos equivale a promover matanzas de niños, o dicho con más rigor, a vulnerar sistemáticamente el derecho a la vida.

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En efecto, el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con una dimensión biológica indiscutible. ¿A partir de qué momento puede hablarse de vida humana?, ¿puede sin más atribuirse humanidad a una multiplicidad de células en proceso de reproducción exponencial?; aunque durante las primeras semanas del embrión no quepa hablar estrictamente de vida humana, ¿no estamos de cualquier modo ante un proyecto de ésta, ante una expectativa probable que se frustra de manera irreversible con el aborto? Todo esto, desde luego, encierra gran interés, pero solo toca de soslayo la cuestión de su enmarque jurídico.

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Tampoco cae de lleno en él su aspecto religioso y moral, aunque muy bien puede esta faceta inspirar regulaciones jurídicas. Aquí el principio motor resulta meridianamente claro, pues si a dios pertenece en exclusiva la prerrogativa de dar la vida no puede considerarse sino pecaminosa la aprobación de una norma que permite interrumpir su proceso de creación. Entre este planteamiento y aquel otro que propugna la abstención o el rechazo de los preservativos no hay, como suele pretenderse, solución de continuidad, pues también en este segundo caso, donde la actitud regresiva y reaccionaria aparece indisimulada, se está previniendo el sabotaje de la propagación divina de la vida humana. Y no deja de haber reveladoras tensiones entre esta impostada defensa del derecho a la vida con el simultáneo consentimiento de guerras, invasiones y muertes que exhiben con cinismo muchos católicos conservadores. Ya sé que dentro del marco de reflexión católico caben, en virtud de un libre albedrío del que carece el feto, este tipo de pareceres simultáneos, pero para quien no se mueve en dicho marco continúan resultando chocantes.

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Mucho más concierne a la dimensión jurídica del aborto su aspecto ético, lo referido a la concurrencia del derecho a decidir de la madre con la expectativa de vida (digna) del concebido no nacido. En el fondo, la regulación jurídica no prohibicionista viene principalmente a cohonestar en lo posible ambas posiciones igual de legítimas. Querer involucrar también en ello al padre, como sugería hace poco un tertuliano conservador de una televisión local andaluza, podría resultar creíble si no fuese evidente, por desgracia, que en la abrumadora mayoría de los casos quien termina cuidando y, caso de ser así, cargando con el bebé y los niños es la mujer.

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Con estos elementos, podemos aproximarnos ya a los motivos inspiradores de la regulación jurídica del aborto. Si se parte de una posición religiosa intransigente, su correlato normativo habría de ser la prohibición absoluta, su criminalización y consiguiente castigo. Por eso llama la atención que quienes, en vía de hipótesis, se colocan en este ángulo no se hayan rebelado contra la legislación anterior, que no era en absoluto prohibicionista. Si, por el contrario, partimos de premisas éticas, habremos de compaginar el derecho de libertad de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus. Hasta ahora, la fórmula era dar prioridad al segundo como regla y otorgar, como excepción condicionada, supremacía al primero. La legislación actual parece haber invertido la ponderación, haciendo prevalecer de modo absoluto e incondicionado durante un tiempo prefijado el derecho a decidir de la mujer. ¿Por qué ha sido así?

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La respuesta a esta pregunta es la que nos coloca ya ante la dimensión estrictamente jurídica del aborto. A lo último que ésta se asemeja es a la producción limpia e inmediada de realidad. Me explico: lo que las leyes regulan no es lo que habrá de producirse sin más en los hechos. El silogismo «si la nueva regulación permite el aborto libre durante un plazo determinado gran parte de mujeres lo practicaran» resulta en esencia incierto. Propio del pesimismo conservador, que concibe al hombre como tendente por naturaleza al pecado y la protervia sino existen constricciones y penitencias que lo contengan, este razonamiento oculta dos realidades: primero, el carácter trágico y doloroso de la decisión de interrumpir el embarazo, que ya hace de dique de contención frente a una supuesta extensión arbitraria, y después, y sobre todo, que dicha nueva regulación no ha hecho sino responder al estímulo de la realidad, en lugar de pretender fabricarla.

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Sigo explicándome. La regulación estatal de una práctica social no es sino un intento de racionalizarla objetivamente con la finalidad de transmitir seguridad. Al protocolizar, simplificar y prevenir las acciones de los sujetos y de los organismos públicos, la vida social se organiza según parámetros calculables y previsibles. Desde luego tal regulación puede y ha de responder a premisas éticas y antropológicas determinadas, pero también es claro que desde los tiempos de las normas generales y abstractas es esa, la racionalización en pro de la seguridad, una de las funciones principales que el derecho desempeña.

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¿Qué quiero decir con ello? Pues, por ejemplo, que la prohibición absoluta del aborto no conlleva su desaparición, sino su desplazamiento a la clandestinidad, como acontece con la droga. Los conservadores, que cuando reflexionan económicamente tienen estos postulados muy en cuenta, los olvidan curiosamente cuando se trata de imponer conductas morales o identidades nacionales por decreto. En definitiva, la práctica del aborto desde la anterior ley hasta ahora no había revelado sino un fraude generalizado: el de justificar el aborto, dictamen psicológico mediante, invocando el riesgo de padecimiento mental o anímico de la madre. En la realidad, el aborto ya era libre durante las doce primeras semanas, pero tenía que contar con una autorización pericial expedida casi siempre de manera fraudulenta. Esto dejaba un flanco sin cubrir, pues era posible, como de hecho ocurrió, que a algún juez cruzado del catolicismo le diese por exhumar historiales de abortistas para rectificar los dictámenes psicológicos y condenar a las investigadas, cuyo derecho fundamental a la intimidad era vulnerado del mismo modo que se atropellaba la seguridad jurídica en su noción más elemental.

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De eso, entonces, se trataba y se trata: de garantizar tales derechos alterando la legislación para descriminalizar una práctica ya arraigada en la realidad. Habría, pues, de ser ésta el objetivo de los ataques católicos y no una legislación que ni ampara el asesinato de niños ―como aviesa y torcidamente denuncian carteles y eslóganes de la derecha― ni promueve códigos morales excluyentes. Aunque pueda sorprender a algún lector, creo que su aprobación es un gran tanto a favor de una joven y concienzuda ministra que dista de ser lo peor que hay en el gabinete que sufrimos.