La antropología dual de los liberales

En política, habría que distinguir entre teoría e ideología. La primera trata de fundamentarse en axiomas racionalmente contrastados. Sus proposiciones deben ser el fruto de la deducción lógica y cumplir la regla de la coherencia y la no contradicción. Una vez elaborada, los principios y consecuencias que la forman deben aplicarse a la realidad, ya sea para corroborarla o, cuando cumpla, para criticarla. La ideología, en cambio, no cumple exigencias de trabazón racional, pues su misión es servir a algún grupo social. Es incapaz de no incurrir en contradicciones, pues le resulta inherente la doble vara de medir, positiva cuando se aplica al grupo cuyos intereses defiende, y negativa cuando se coloca sobre los restantes sectores sociales. Y su despliegue tampoco es lógico-racional; más bien va desarrollándose de modo oportunista, al compás de las posiciones que salvaguarda, acuñando argumentos favorables a ellas a posteriori. 

El liberalismo económico da múltiples muestras de ser, no tanto una teoría racional, cuanto una ideología al servicio de unos pocos. Un caso muy evidente lo tenemos en sus premisas antropológicas. Pueden ser tanto optimistas como pesimistas, según el marco de relaciones que examine. Si se trata de las relaciones de intercambio comercial, entonces el hombre es un dechado de virtudes, actuará siempre de modo racional, comprará lo mejor y más barato, no se dejará llevar por insanas influencias publicitarias ni obedecerá a las necesidades creadas por el poder. Ahí, el hombre es un sujeto racional perfecto, el elemento indispensable para deducir que el mercado se rige, ante todo, por la ley racional e inmejorable de la oferta y la demanda.

En las relaciones de trabajo es otro cantar. Aquí entran en juego postulados pesimistas, que pintan al hombre con trazos muy poco generosos. Todo trabajador es un holgazán potencial; si no se cuenta con los elementos coactivos precisos, si no se le rodea de interinidad e inseguridad, el hombre siempre optará por acogerse a la ley del mínimo esfuerzo y entregarse a la molicie, por mucho que ello perjudique los intereses de su empresa y, a la larga, los suyos propios. En este caso, el hombre no parece poseer sentido racional alguno, ni es capaz de discernir a medio plazo y de anticiparse a las consecuencias negativas que podrían derivarse de un cultivo generalizado de la pereza. Por eso, reducido a sus tendencias más primarias, es conveniente introducir factores que lo disciplinen, como la amenaza del despido, la posibilidad de recortar su salario o la misma vigilancia de su jornada de trabajo. Así, ese trabajador que cuando va al supermercado es el mismo logos andante, cuando se encuentra en el curro se convierte en un homo sapiens poco evolucionado.

Las premisas vuelven a dar un giro considerable si, en vez de al trabajador, la teoría liberal se pone a contemplar y a explicarnos las cualidades del emprendedor. En este caso, el hombre va a tomar las decisiones más responsables, su objetivo último, la generación de riqueza y empleo, está marcado por la generosidad y por una visión precisa del interés general, virtudes, ambas, indispensables para garantizar un orden social próspero y cohesionado. Por eso conviene quitar todas las trabas impuestas por la legislación a esta inclinación a la bondad, desembarazarla de miedos, como el muy comprensible temor a comprometerse de por vida con un trabajador por culpa de los despidos impagables. Una vez librada de estas injerencias externas, la actividad del empresario podrá desplegar toda su capacidad benefactora, haciéndonos alcanzar el pleno empleo y la satisfacción general. 

Puede apreciarse, en este simplificado ejemplo, cómo la ideología liberal parte de una concepción del hombre diferente según convenga a los intereses que defiende. Si hubiese tratado de ser algo más coherente (y teórico), podría haber generalizado su antropología pesimista al caso de los empresarios, considerándolos, no como holgazanes potenciales, sino como tiburones despiadados del beneficio, para cuya inmediata maximización son capaces de tomar decisiones cortoplacistas e irracionales en detrimento de sus empleados, del interés general y, pasado el tiempo, de su propio interés egoísta, si no se les rodea, como al trabajador, de los mecanismos coactivos necesarios que les disuadan a adoptarlas. En el caso de que los liberales hubiesen tratado de ser algo más exigentes, desde el punto de vista racional, con sus premisas, no habrían entonces aprobado una reforma laboral como la que padecemos, que ya ha comenzado a devastar nuestro mercado de trabajo. Pero, claro, eso es mucho pedir a los que se encuentran obnubilados por la ideología -que no teoría- liberal.

Sobre las elecciones francesas

Mucho más que la irrisoria y precaria victoria de Hollande, o que el desgaste no tan decisivo de Sarkozy, el dato más revelador de los resultados de las elecciones francesas ha sido, a mi juicio, el considerable crecimiento de la extrema derecha. Llama la atención cómo, a estas alturas, puede todavía convencer de forma masiva el discurso populista y falsamente anticapitalista y regeneracionista de Marine Le Pen. Parece obvio que sus consignas interpelan a la dimensión más primaria de los hombres, capitalizando sus miedos ante esta época de crisis e incertidumbre. La cuestión es que esa experiencia ya debiera estar vivida: también Hitler y el NSPD se presentaron en su momento como defensores de la auténtica democracia, como representantes de la verdadera nación alemana, como protectores de los alemanes frente a la maldad de capitalistas, banqueros, judíos y revolucionarios. La realidad a partir de 1933 demostró, sin embargo, que aquel programa presuntamente popular iba a desarrollarse en buena parte en contra de las capas populares alemanas que lo habían aupado y a favor de una parte de su clase industrial. La lección no parece haberse aprendido y ayer Le Pen veía aumentar su respaldo electoral sobre todo gracias al apoyo de la clase obrera. 

El peligro es real porque el resultado refleja una tendencia que, de continuar la coyuntura presente, habrá de profundizarse. Parece evidente que la frustración y el temor provocados por esta crisis están siendo capitalizados, sobre todo, por la extrema-derecha. Sus invocaciones nacionalistas, su ataque a la corrupción de los políticos, su explotación del chivo expiatorio de la inmigración y su retórica anticapitalista se asemejan como un calco al imaginario nacionalsocialista, y, como él, parece todavía capacitado para generar adhesiones masivas. Si la crisis sigue recrudeciéndose, si la indecorosa inmoralidad del capitalismo financiero continúa haciendo estragos, todo apunta a que la extrema derecha crecerá todavía más. Téngase presente que los tiempos actuales, como los de entreguerras, han acelerado su ritmo, y el 18% de ayer puede convertirse, en el giro de un par de años, en un 25 o en un 30%, si los partidos gobernantes y la propia Unión Europea no saben rectificar el rumbo actual, obedeciendo criterios menos cortoplacistas. 

El segundo punto destacable de la noche electoral francesa ha sido el aumento considerable de sufragios en la izquierda crítica. El Front de Gauche, liderado por un enérgico Jean-Luc Mélenchon, antiguo ministro de Jospin, vio crecer su respaldo electoral desde el misérrimo 1.93% (equivalente a 707.200 de votos) obtenido por los comunistas franceses en 2007 al 11.11% actual (equivalente a 3.985.200 de votos).  

Llama la atención que este sensible auge electoral haya sido interpretado por algunos como un fracaso. Se ha puesto con ello de relieve una estrategia mediática de neutralización de la oposición política de izquierdas que no ha sido la primera vez en aplicarse. Muy básicamente, consiste ésta en inflar deliberadamente las expectativas, para garantizar así que sean con casi total seguridad defraudadas, consiguiéndose con ello una futura retirada de adhesiones y apoyos ciudadanos. Ya pasó con el cartero trotskista Oliver Besancenot. En esta ocasión, hubo incluso algunos blogs que, basándose en supuesta información secreta, apuntaban a una posible segunda vuelta entre Hollande y Mélenchon. Como es natural, en muchos pudo más el deseo que el juicio realista y esperaban un resultado en torno al 20%. Solo tomando como base estas expectativas infundadas, que ni siquiera hallaban correlato en las encuestas, que concedían al FG entre el 12 y  el 14%, puede interpretarse el 11.11% como una derrota. 

Por el contrario, estamos ante un explícito reconocimiento de una forma de hacer política, de ejercer el liderazgo y de encarar los desafíos de la izquierda, aglutinando sus valores fundamentales de democracia, justicia social, humanismo universalista y ecologismo. De estos resultados acaso pueda predicarse el acierto de una táctica del Front de Gauche: la de reclamar la apertura de un nuevo proceso constituyente. Esta reivindicación es del todo justa en un sentido estrictamente jurídico: las medidas actuales, muchas de ellas adoptadas de modo autoritario a golpe de decreto, vienen a vaciar por una vía de facto el modelo constitucional presuntamente en vigor, el del Estado social y democrático. Para realizar este desmontaje de un modo legítimo desde el punto de vista constitucional habría que convocar de nuevo al poder constituyente, para que las naciones o pueblos europeos pudiesen decidir democrática y libremente si abandonar su sistema político para instituirse en forma de Estado liberal-capitalista. No lo están haciendo y, en ese sentido, todas sus medidas pecan de ilegitimidad originaria en el procedimiento, pues no se limitan a gestionar una coyuntura política desfavorable sino que, como sus adalides mismos proclaman, están refundando el Estado.

Es en ese sentido en el que considero acertadas las consignas constituyentes de Mélenchon. No en aquello en que lo exceden. Es decir, basar el programa político presentado a las elecciones en un plan de reconstitución plena del Estado debe corresponderse, para ser creíble, con un apoyo considerablemente mayor al obtenido. De lo contrario, supone la colocación de una parte considerable de la ciudadanía (un 11.11% de los electores, concretamente) en una suerte de situación de rebeldía o desafección total respecto del sistema vigente, lo cual acrecienta su crisis y descomposición y, a la larga, contraria los postulados mismos de la izquierda crítica.

En efecto, la crisis actual está sirviendo claramente para desmantelar el Estado del bienestar, justamente el sancionado por las Constituciones de posguerra. Si la izquierda, con sus consignas constituyentes, desprecia también a estas normas fundamentales, en lugar de defenderlas, entonces termina propiciando, en vez de amortiguando, la progresiva destrucción del modelo que habría de salvaguardar. Por eso creo tan errada la opinión que ayer vertía en su tuiter Alberto Garzón, considerando que los resultados franceses, y el auge del Front Nationale, obligan a intensificar el "proceso revolucionario" para robar adhesiones a la extrema derecha y ganarlas para una supuesta revolución izquierdista. 

Ciñéndonos al laboratorio de la historia, no puede estar más desatinado el consejo. En caso de que la izquierda -de una izquierda cuyo apoyo social ronda, como máximo y a día de hoy, el 15-20%- recrudezca su inclinación rupturista y constituyente, en caso de que caiga en la tentación de una (inviable) escalada revolucionaria, eso no produciría un descenso de la extrema derecha, sino su aumento, porque las masas -clases medias acomodadas- que hoy votan a Sarkozy encontrarían mejor protección de sus intereses en la virulencia derechista de Le Pen. Eso sucedió con el fascismo en Italia y con el nazismo en Alemania y podría volver a suceder en Francia si la izquierda crítica se mira el ombligo en lugar de mirar alrededor suya. 

A mi juicio, esta izquierda ecosocialista y comunista debe jugar el papel que Mélenchon le daba en su intervención de anoche: servir de dique al crecimiento de la extrema derecha y servir también de palanca para desalojar al conservadurismo liberal y ortodoxo que rige los designios de Europa para mal de la mayoría. En este sentido, socialdemócratas y socialistas y comunistas deberían aprender profundamente de sus errores, porque de su proverbial enemistad histórica, de las traiciones y tibiezas de unos y de los maximalismos de otros, se deducen muchos de los males que Europa padeció en el siglo XX. 

Por el lado de la socialdemocracia habrían de aprender a no tratar con desdén a la izquierda crítica, a cuidarla y favorecerla en los sistemas electorales viendo que es una pieza fundamental en la gobernación progresista. Deberían asimismo tomar nota de que el haber sucumbido al relato neoliberal, el haber asumido sus categorías para explicar la realidad e inspirar sus decisiones, les ha conducido a la oligarquización, a su falta de credibilidad, a la consiguiente retirada de apoyos populares -con beneficio de la derecha centrista y extremista- y, en definitiva, a su fracaso. Y su alianza sustantiva con la izquierda real bien puede servirle para volver a teñir de rojo sus planteamientos y objetivos políticos.

Y por el lado de la izquierda crítica habrían de aprender a cultivar la transigencia, a abandonar su inclinación dogmática a repudiar con visceralidad la diferencia doctrinal y a realizar un juicio realista de las coordenadas presentes, unas coordenadas que no favorecen una ruptura radical del sistema político sin movilización masiva en la que sustentarse (una movilización que sí se dio, por ejemplo, en las recientes experiencias constituyentes latinoamericanas) y que solo permiten la reforma sustantiva y rectificadora del modelo, para lo cual hace falta sellar alianzas progresistas que, en un futuro, acaso puedan crear las condiciones materiales necesarias para una ruptura. 

De la altura de miras de ambas sensibilidades depende, en definitiva, que no volvamos a adentrarnos en otra Noche de Walpurgis.         

A vueltas con la reforma constitucional

Cuanto más medito sobre el particular, más matices surgen. La aprobación hoy en el Congreso de la toma en consideración de la reforma del artículo 135 de la Constitución pone de relieve problemas de forma y de contenido.

¿Supone el déficit público un problema de la suficiente envergadura como para llevarlo a la norma fundamental, donde supuestamente se recogen las trazas y principios estructurales del Estado español? Creo que lo acontecido en estos últimos meses, y en especial a principios de agosto, con España al borde de no poder obtener financiación, demuestra que así es. El Estado, tal y como se encuentra instituido en nuestro vigente sistema liberal, no puede sobreendeudarse, so pena de comprometer su misma soberanía.

En efecto, desde el momento en que el Estado (y las instituciones públicas) carecen de suficiencia financiera, y deben allegar sus ingresos mediante la vía fiscal o la del endeudamiento, una situación deficitaria incontrolada los pone en manos de las entidades privadas que lo financian, como bien se ha demostrado últimamente.

Esto sería alarmante sino fuese porque la circunstancia específica española, según advierten una y otra vez los técnicos de hacienda, se caracteriza por un bochornoso fraude fiscal, por una falta creciente de progresividad -en contradicción, por cierto, con nuestra Constitución- del sistema tributario y por la consiguiente desproporción en el reparto de las cargas financieras entre los ciudadanos españoles. Solo con que se trabajase con algo más de énfasis en este punto buena parte del problema se desinflaría, pero esto no ocurrirá hasta que la dirigencia política no deje de estar plenamente inscrita, con unidad de intereses y creencias, en la oligarquía financiera y económica.

Por lo demás, no me parece en absoluto una insensatez que aquellos políticos que, de manera transitoria, ocupen cargos representativos deban limitarse en sus políticas a los fondos disponibles, ampliados a lo sumo con un crédito limitado, impidiendo así dispendios exagerados a costa de los contribuyentes, pues claro es que hasta el dinero financiado mediante el endeudamiento público termina saliendo del bolsillo del contribuyente.

Porque, esos fondos disponibles, si son complementados con los que legítimamente debiera disponer el Estado en una situación de fraude mermado y progresividad restaurada, no son tan escasos como se piensa. Antes al contrario, podría afirmarse que para las necesidades que deben cubrir las instituciones públicas en un Estado social y democrático son hasta abundantes. El problema es cuando de tales fondos deben vivir bancos rescatados, empresas subvencionadas, terratenientes mantenidos, clientelas satisfechas, cargos artificiales de sueldos vergonzosos, asesores múltiples y el personal de instituciones vacías.

Este es el verdadero problema de Estado, y muy pocos de los políticos actuales se encarga de denunciarlo. El déficit, pues, constituye un problema de notable gravedad, solo resoluble en las actuales circunstancias mediante un adelgazamiento contundente de la financiación pública justo en aquello que no es esencial al Estado social, desde la sanidad y la educación hasta las prestaciones y pensiones; en lo que le es más bien accesorio y gravoso, por más que sea consustancial a un Estado oligárquico y privatizado como lo es crecientemente el actual.

Una de las vías para llegar a tal adelgazamiento es desde luego su imposición jurídica. Desde la izquierda, con todo fundamento, una vez visto dónde se están aplicando los recortes hasta ahora, se advierte que dicha imposición solo servirá para consagrar por medio del derecho el vaciamiento del Estado social. No tiene, sin embargo, que ser así, pues margen para el recorte hay, y mucho, tanto en el campo institucional, con esas diputaciones clientelares, esos cargos decorativos o esos ayuntamientos prescindibles o plagados de liberados ociosos, como en el privado, con esas entidades financieras rescatadas o esas derramas multimillonarias que reciben constantemente, a través de múltiples vías, las empresas y corporaciones. Y si no se aplican los recortes en este segundo aspecto, y se cumplen los augurios de la izquierda, siempre cabe el rechazo a una política de tal tenor, porque lo decisivo es que la limitación del déficit por imposición jurídica, tal y como ésta resulta planteada, no obliga, de inmediato y unilateralmente, a la eliminación de los servicios públicos.

El problema radica en la sede y en el procedimiento. En relación a esto segundo, lo del procedimiento, no me refiero tanto a la falta de referéndum, que hubiese arrojado resultado similar al de hoy en el Congreso, cuanto al de concretar el control del déficit en una limitación constitucional del endeudamiento público. Por reproducir la conocida y manida metáfora, es como si fuese más eficaz colgar en la nevera un cartel afirmando rotundamente 'desde mañana empezaré a hacer mis deberes siempre a las cuatro de la tarde, y no me levantaré en tanto no los haya terminado', que hacer los deberes mismos, sin proclamación alguna.

Es decir, lo importante en lo que al déficit concierne es reducirlo, y no afirmar que en lo sucesivo se reducirá, porque esto no es más que voluntarismo jurídico en el peor sentido del término, ya que, o se hace una lectura flexible del precepto, y por tanto éste llega a ser innecesario, o se puede llegar al absurdo de poner al Estado al borde de la parálisis y el abismo por intentar cumplir lo materialmente inasumible. Por ejemplo -como bien me decía Rafael Hortaleza por tuiter- cómo cabría gestionar con ese marco jurídico una inversión, necesaria y rentable a la larga, que produce sin embargo un endeudamiento inicial considerable. Por eso, como digo, mucho más eficaz hubiese sido empezar a adelgazar el gasto público en todo aquello -que es mucho- que tiene de superfluo, que afirmar en sede constitucional que el endeudamiento será, en lo venidero, muy pequeño y manejable.

Y he aquí otro problema: ¿es la Constitución la sede adecuada para incluir un precepto del tenor del que se propone? Aunque puede argumentarse que sí, dado que la disciplina del gasto pasaría a ser un rasgo estructural de nuestro Estado, creo, por las razones atendidas, que existen motivos para decantarse por la negativa. Algo tan dinámico, coyuntural y sometido a variables externas como son las necesidades de financiación del Estado quizá no deba reglamentarse en una norma, la constitucional, que exige fijeza de términos y vocación de permanencia en sus contenidos, siendo preferible, a mi juicio, recurrir a instrumentos legales que impongan techos de gasto o limiten transitoriamente la capacidad de endeudamiento, atendiendo siempre a las circunstancias económicas del momento.

Y es que acaso la mejor manera de disciplinar el gasto de los políticos no sea la de limitar su capacidad de endeudamiento en una norma suprema, sino delegar seriamente dicha fiscalización en la ciudadanía, interesada en términos generales en estar gobernada por representantes que atiendan con sus gastos a las necesidades esenciales en vez de derrochar en enchufes, capítulos superfluos o conceptos protocolarios. Con una transparencia real, hoy plenamente asequible desde el punto de vista técnico, que permita a los ciudadanos conocer en tiempo real el destino de sus impuestos, quizá se consiguiese más que con un nuevo precepto, aprobado por métodos demasiado expeditivos y que nuestra cambiante realidad puede revelar como un desacierto más.

Estado inerme / Estado fuerte

La economía virtual cuenta con su propia lógica, que muy poco o nada tiene que ver con la economía real. Por eso resultan tan chocantes las explicaciones a posteriori de por qué baja la bolsa o sube la prima de riesgo. Son intentos vanos y culpables de racionalizar lo que en esencia es irracional. Por eso también resultan tan vergonzosos los análisis, electoralistas e interesados, de los militantes y voceros del PP, coincidentes en su apreciación de que el encarecimiento de la financiación se debe a la presencia de Zapatero o a la insuficiencia de las reformas, como si el acometimiento de estas hubiese dado algún resultado más allá del agravamiento de la situación o como si 'los inversores' distinguieran el signo político del gobernante cuando de hacer caja se trata.

Ese es, y no otro, el problema: que el mercado está constituido de tal forma que puede guiarse en exclusiva, sin obstáculos jurídicos, por una monomanía patológica del beneficio. De un señor que a través de un banco compra letras o bonos para invertir con seguridad en deuda pública, de esta imagen trasnochada, se ha pasado a una compleja trama de mercados secundarios, productos financieros, operaciones en corto y apuestas a la contra que ponen algo tan serio como la financiación de los pueblos a los pies de voluntades arbitrarias y despiadadas.

El primer paso, pues, para comenzar a resolver el acuciante problema que nos asfixia es reformar, sí, pero el mismo mercado financiero, no solo a través de tasas a las transacciones, que también, sino mediante una reducción drástica de sus actuales posibilidades especulativas. Que no se acometa tal reforma no es sino la prueba palmaria de que los competentes para hacerla tienen mayor complicidad con los especuladores que con la ciudadanía a la que dicen representar.

Y es justamente ese, a mi juicio, el problema de fondo en todo esto. El Estado, tras años invertidos en su desmantelamiento, vuelve hoy a tener graves problemas para su financiación, como antes los tenían las Monarquías aguerridas en manos de los tributos señoriales o como el Estado liberal los tuvo, y graves, por apoyarse solo en una fiscalidad sobre el consumo. Llevamos padeciendo décadas de clases gobernantes imbuidas de neoliberalismo que desprecian en el fondo al Estado que representan y dirigen. Ahora, según la mitología liberal, todo se deja a la autonomía privada, orientada por sí sola a la armonía. Incluso cuando es el Estado el que financia, la actividad la desarrolla una entidad privada con ánimo de lucro, como pasa con las escuelas infantiles, los colegios concertados, la limpieza de las ciudades o la construcción de viviendas sociales.

Esta reducción del Estado a un simple distribuidor --casi nunca justo-- de fondos recaudados por impuestos no podía tener más consecuencias que las presentes. La financiación de las actividades de interés general está en manos de los tributos obtenidos de los ciudadanos y de la emisión de deuda. En relación a lo primero, ya es una evidencia notoria que el grueso de lo recaudado procede de los asalariados y del consumo, existiendo una sociedad estamental en toda regla que distingue a los que pagan sus impuestos escrupulosamente de los que pagan solo parte o nada, sector que coindide precisamente con el más adinerado. La bochornosa falta de inspectores, tanto de hacienda como, sobre todo, de trabajo, y el entorpecimiento ministerial a la lucha contra el fraude, cuando no directamente la amnistía fiscal gubernamental, ponen de relieve hasta qué punto se descuida este primer soporte financiero en favor de los más poderosos económicamente. Y el segundo, a la vista está que resulta contraproducente, al tener a la población condenada a pagar, sin justificación, intereses leoninos.

Vivimos en una situación de clara emergencia económica. Si la primera medida para paliarla habría de consistir en reformar a los mercados, y no en condenarse a la pobreza, la segunda debiera consistir en un acrecimiento considerable del Estado hasta hacerlo autosuficiente en términos económicos. Urge que vuelva a ser productivo y autónomo para no estar en manos de especuladores sin escrúpulos. Hay instrumentos constitucionales no solo que avalan, sino que hasta sugieren imperativamente, que esa habría de ser la salida. Nunca podrá explicarse sin recurrir a la ideología que el dinero invertido en sanear a cajas y bancos privados no se haya empleado en su nacionalización, y posterior conversión en banca pública. Ese podría, debería, haber sido un primer paso. Y el segundo debería apuntar a las abusivas empresas energéticas, con sus vergonzosos 'déficit tarifarios', que solo sirven para engordar las cuentas de multimillonarios e indolentes consejeros de administración que para nada necesita una empresa pública.

Para revertir esta calamitosa situación, caracterizada por la debilidad del Estado frente a las embestidas del mercado, solo cabe su revigorización. Es sencillamente inadmisible que una oligarquía minoritaria y enferma, como es la muy bien reflejada en Inside Job, doblegue a poblaciones enteras para saciar su incomprensible ansia infinita de ganancia. Es frente a esa panda de mafiosos y terroristas financieros, responsables directos de la adopción de políticas criminales con resultado de muerte por cierres de centros de salud o por especulación alimentaria, que el Estado debe mostrar toda su fortaleza, y no ante la parte más crítica de sus propios ciudadanos, única depositaria actualmente de la poca esperanza de regeneración que queda.

Decálogo para una regeneración económica

1. Nuestra Constitución establece que el sistema fiscal ha de ser 'progresivo'. Esta característica no se logra con aumentos de los impuestos al consumo y la simplificación y reducción de tipos del impuesto sobre la renta. Se necesita un sistema fiscal constitucional verdaderamente progresivo que grave más a los que más tienen.

2. Se requiere igualmente un combate eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida que acabe con la situación inquina que prevalece en la actualidad, donde unos (los asalariados) tributan hasta el último céntimo en proporción a lo que ganan y otros, en cambio, evaden buena parte de sus ingresos.

3. Si se quiere una economía asentada sobre pilares consistentes, hay que beneficiar la economía real sobre la especulativa. Y para ello es indispensable que aumente la tributación por rentas de capital y por transacciones financieras, al tiempo que se relaja y bonifica fiscalmente a las rentas de trabajo.

4. Si uno de los máximos problemas actuales es el de las deslocalizaciones de las grandes empresas, muchas de ellas subvencionadas con dinero público e incentivadas fiscalmente para atraer su asentamiento, la única solución viable es la participación pública en el capital de grandes empresas, canjeando subvenciones por acciones, y pudiendo vender éstas en caso de deslocalización, para atender a los gastos generados por la destrucción del empleo.

5. Si una de las más flagrantes injusticias en el mercado actual es el diferencial entre los precios de origen y el de venta al público de los productos básicos, hay entonces que fomentar seriamente las cooperativas de productores y de consumidores y aplicar con rigor leyes que garanticen la competitividad entre distribuidores, acabando así con la actual situación de oligopolio. De hecho, sería indispensable un impulso serio y articulador del tejido productivo real fomentando a la pequeña y mediana empresa y la creación de cooperativas.

6. Si el discurso liberal legitima que se contengan los salarios pero no, en cambio, las rentas empresariales porque estas constituyen el capital con que se reinvierte en el tejido productivo, hagamos entonces al liberalismo ser coherente consigo mismo prescribiendo a las empresas el deber de reinvertir en economía real parte de sus beneficios anuales.

7. Parece estar más que demostrado, con datos, cifras y facturas sufridas cada mes, que las privatizaciones se han saldado con el enriquecimiento de unos pocos, con un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y también con su encarecimiento. Hay que apostar con tesón por estatalizar grandes empresas que solo pueden funcionar en régimen de oligopolio y que son vitales para el interés general, como a no dudarlo lo son las empresas energéticas o las encargadas de la producción y distribución del agua.

8. Vistos los gastos provocados por el rescate de bancos y cajas, parece más que razonable defender una inversión de tan elevados montantes en la creación de una banca pública, en régimen de competencia con la privada y encargada de proveer financiación de un modo no exclusivamente guiado por la ganancia y el beneficio inmediatos.

9. Es igualmente indispensable una mayor transparencia financiera y una vigilancia más estricta de la ética en el mundo de los negocios. A través de registros públicos de cargos e ingresos debiera conocerse el nombre y salario de los consejeros de las principales empresas. Tendría que establecerse un régimen de incompatibilidades que impidiese la presencia de una sola persona en varios consejos y deberían asimismo conocer una limitación legal sus disparatadas remuneraciones, no ya solo en la cantidad, sino en su origen, impidiendo que las operaciones de alto riesgo con perjuicio posible para la sociedad puedan ser bonificadas y premiadas en el mundo empresarial.

10. Y, por último, sería necesario modificar los índices de medición macroeconómica actuales para dar entrada a otros factores que contabilicen aspectos claves como la libertad ciudadana, la calidad de los servicios públicos, el nivel cultural medio y los ingresos medios.

Decálogo para una regeneración política

Creo que una buena forma de organizar las propuestas e ir clasificándolas acaso podría ser la siguiente:

(1) Medidas para una regeneración política y democrática;

(2) Medidas para una regeneración económica y laboral;

(y 3) Medidas para una regeneración mediática y cultural.

Medidas que quizá puedan plantearse teniendo siempre a la vista la Constitución, que nos asiste de cabo a rabo con los derechos que declara y las posibilidades que abre.

Y aquí va un decálogo de medidas para una regeneración política y democrática.

1. Reforma del régimen electoral en un sentido más proporcional, siguiendo las recomendaciones del propio Consejo de Estado;

2. Sometimiento a referéndum de todas las decisiones de gran trascendencia política y económica.

3. Sistema obligatorio de listas abiertas para todos los partidos y en todas las elecciones, tanto locales como autonómicas y generales;

4. Aplicación obligatoria de primarias para selección de líderes municipales, autonómicos y estatales y abiertas a militantes y a inscritos en listas públicas de simpatizantes;

5. Prohibición absoluta de presentarse a cualquier elección a los imputados en procesos criminales incoados por casos de corrupción;

6. Inhabilitación durante 30 años para ejercer cargos públicos o empresariales a los representantes públicos condenados por sentencia firme en casos de corrupción;

7. Declaración obligatoria del patrimonio y los ingresos de los representantes públicos, antes, durante y después de su mandato político;

8. Supresión de la financiación privada a partidos políticos y limitación considerable de la financiación pública;

9. Mayor limitación del período y los gastos destinados a las campañas electorales;

10. Incompatibilidad absoluta entre cargos representativos (locales, autonómicos y estatales) y cargos empresariales, ya sean como consejeros de administración o como asesores; incompatibilidad vigente mientras se ostenta el cargo representativo y que no caduca hasta pasada una década después de haberlo dejado.

Juventud y derecho constitucional

Queridos amigos, me animo a escribiros un par de reflexiones por si pueden contribuir en algo a vuestras (nuestras) movilizaciones.

Es irónico ver a muchos políticos veteranos alarmados ante las concentraciones juveniles de los últimos días. Debe recordarse por eso que la gran mayoría de ellos procede de una generación, nacida en la década de los cuarenta o los primeros cincuenta, que se echó a la calle con apenas veinte años para combatir una dictadura y una crisis económica fulminante. Con sus huelgas prolongadas, sus movilizaciones y su compromiso contribuyeron a acabar con un sistema injusto y opresor. Y como sus aspiraciones y reclamaciones eran legítimas, muy pronto comenzaron a formar parte de los centros decisorios para tomar ellos mismos parte de las riendas del país. En las primeras Cortes democráticas, por ejemplo, ya se sentaba como diputado Rubalcaba, quien quizá se presente a presidente en unos pocos meses.

No encuentro motivo alguno para impedir que esto vuelva a ser así. Ninguna dictadura, ningún régimen marchito y corrupto, se desplomó hasta que la parte más crítica y activa de la juventud no salió a la calle para quejarse y reivindicar. La juventud es un valor que os legitima y que además pone en evidencia la necesidad urgente de un brusco relevo generacional. A mi humilde juicio, no solo debéis criticar a quien gobierne del modo que se viene haciendo, es que tendríais vosotros mismos que gobernar.

Pero es que además os asiste y legitima también el propio derecho constitucional. Según nuestra Constitución, el Estado español es 'un Estado social y democrático de derecho', no un Estado liberal de mercado, y los principios supremos en los que se fundamenta han de ser 'la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político' (art. 1.1). Es evidente que el actual Estado desatiende las implicaciones más elementales de la 'igualdad' y la 'justicia', y con su oligarquía bipartidista y mediática, atenta claramente contra 'el pluralismo político'.

Pero hay mucho más. La Constitución impone (art. 7) que 'la estructura interna y funcionamiento' de los partidos sean 'democráticos', y eso, con las listas cerradas y las designaciones a dedo, se incumple clamorosamente. Los poderes públicos (art. 9.2) deben obligatoriamente 'promover las condiciones' necesarias para el goce efectivo de la libertad y la igualdad, y deben asismismo 'remover los obstáculos' que impiden 'la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica', algo incumplido con el actual régimen electoral y con las últimas reformas laborales.

La Constitución garantiza además el derecho 'a recibir información veraz' de los medios (20.1.d), derecho constantemente conculcado por buena parte de la prensa y los informativos actuales. Fundamental es, por otra parte, 'el derecho a la educación' universal, algo que choca con el encarecimiento constante de las tasas.

La Constitución ordena el establecimiento de un 'sistema tributario inspirado en la igualdad y la progresividad' (31.1). Las últimas rebajas de impuestos a las rentas altas y la consiguiente subida del IVA (impuesto anti-progresivo) vulnera evidentemente este mandato. La propiedad privada no es sacrosanta en nuestro ordenamiento constitucional, que permite la expropiación con indeminización por motivos 'de interés social' (33.3). ¿No es acaso del mayor 'interés social' el que se facilite el derecho a la vivienda expropiando inmuebles infrautilizados por sus propietarios o por las promotoras y los bancos? La Constitución, por otra parte, obliga a la ley a 'garantizar la fuerza vinculante de los convenios colectivos' (37.1). ¿Por qué, entonces, la última reforma laboral autoriza a que el trabajador individual revise a la baja, en acuerdo con su empleador, los términos del convenio colectivo de su sector?

Y, en fin, la Constitución (92.1) permite las consultas al cuerpo electoral a través de 'referéndum' cuando se trata de adoptar 'decisiones políticas de gran trascendencia', como lo es la de poner a disposición de la banca miles de millones de euros, y autoriza además la 'intervención de empresas' cuando así convenga al 'interés general' y cuando éstas solo puedan desarrollarse en régimen de monopolio (128), como ocurre, por ejemplo, con las eléctricas y energéticas actuales.

Por eso, queridos amigos, vuestras concentraciones y marchas son tan oportundas, saludables y necesarias. El régimen actual, oligárquico, clausurado sobre sí mismo, mendaz y corrupto, necesita de vuestra energía y participación para refundarse. Y para ello os asiste y legitima nuestra propia Constitución.

Tenéis todo mi apoyo y entusiasmo,

Sebas