Daños colaterales de la desmovilización civil

Allá por los ochenta, cuando en España todavía coleteaba la resistencia antifranquista, el espíritu sesentayochista y cierta conciencia obrerista, una de las obsesiones de la gauche divine era la desmovilización civil. Con tanta huelga, asociación de vecinos, protesta y presión social no se podía gobernar cómodamente y las instituciones se vaciaban de sentido. La cobertura teórica la aprestaban liberales como Ralph Dahrendof, quien abogaba por la expresión de la voluntad ciudadana a través de los órganos de que se había dotado, mas no directamente, con manifestaciones, pancartas y proclamas, pues de ese modo el Estado se paralizaba. Entonces se acuñó la versión moderna de la distinción entre el gobierno responsable, con sentido institucional, y el populista: mientras el primero canaliza sus actuaciones sin excepción por medio de los organismos establecidos, el segundo se dirige directamente, sin mediaciones ni procedimientos, a la ciudadanía en su conjunto, o lo que es peor, a uno de sus grupos, normalmente el más numeroso y desfavorecido, al que consulta en referéndum cada dos por tres y al que satisface con medidas despóticas de carácter económico.

La vigencia de esta ortodoxia política durante tres décadas no podía pasar en balde. Atrofiado todo instinto de lucha social, o recluido éste en el ridículo desprovisto de finalidad, el panorama de la sociedad política, tal como ansiaba el primer liberalismo, se escinde en dos: por una parte, el entramado estatal, y por otra, una agregación de individuos incapaces de toda solidaridad activa y no caritativa*. Las consecuencias más directas son, por un lado, que los sujetos están (estamos) convencidos de que todas las problemáticas sociales han de encontrar solución y respuesta en las instituciones, y por el otro, que las demandas cívicas clamorosas carezcan de resonancia legislativa. Ahí están para demostrarlo tanto la actitud más frecuente ante la crisis, que en ningún momento interpela a la sociedad civil como principal agente de su resolución, como los oídos sordos que los sucesivos gobiernos han hecho a huelgas generales o a manifestaciones pacifistas.

Este hábito político, de esperarlo todo del Estado sin confiar en las propias fuerzas, no se aprecia solo en los hechos colacionados. Cuenta asimismo con daños colaterales menos visibles y pone además en evidencia hasta qué punto esta ética individualista contradice el funcionamiento mismo de un mercado libre, con el que equivocadamente se la asocia como su base antropológica más ajustada. Dos movilizaciones recientes nos recuerdan, valga la paradoja, hasta qué punto está desmovilizada la sociedad. Me refiero a la que los agricultores y ganaderos llevaron a cabo hace un par de fines de semana en Madrid y a la que ayer protagonizaron nuestros músicos. Ambas se caracterizan por una suma de individuos que comparten profesión, los cuales, ante una situación económica difícil, optan por sumar fuerzas en un solo día para pedirle soluciones, heterónomas, al gobierno. Después, cada uno a su santa casa, a seguir gastando las subvenciones europeas y culturales y a continuar lamentándose de su tan precaria situación.

Si hubiese un mínimo de espíritu asociativo y cooperativo las cosas podrían marchar de forma bien distinta. El problema de los bajos costes de la producción en la agricultura y la ganadería se deben, según manifestó el propio Rajoy, al oligopolio reinante en la distribución. ¿Qué problema hay, pues, en prescindir del mediador y organizarse por sectores o comarcas para distribuir los propios bienes? Pues el trabajo que cuesta organizarse, poner a la gente de acuerdo y salir del tractor para fundar cooperativas.

Con el problema de las descargas por internet sucede algo por estilo, aunque aún más desenfocado. Cuando las pérdidas del sector se equiparan a las bajadas de archivos se está ocultando el dato bien ostensible de que no todos los discos pirateados serían adquiridos en el mercado. Si hay tanta actividad de intercambio se debe precisamente a su gratuidad. Pero, de cualquier forma, también aquí se pretende resolver el escollo con prohibiciones y merma de derechos, en vez de con una respuesta colectiva de los productores. ¿Qué problema hay, en este segundo caso, con prescindir de productoras y distribuidoras, limitar la industria a los músicos y técnicos del sonido, ambos suficientes para colocar el propio producto en la red o en las tiendas de discos? ¿No está claro que si un disco costase 3€, que es lo que vienen a llevarse los autores por cada venta, el personal podría optar por descargas a bajo coste o por comprar directamente su cd?

Sin embargo, con este infantilismo disfrazado de madurez, con este Estado paternalista presentado como liberal, y con este oligopolio alabado como libre competencia, resulta mucho más cómodo patalear un par de días para que venga el gobierno a salvarte de los problemas.

* No suelo incluir en estas páginas, salvo en muy pocas ocasiones, los materiales que me sirven para el trabajo académico. Pero para apoyar esta afirmación me viene en mientes uno tan elocuente que merece la pena citarlo. Es la memoria de un fiscal de audiencia del País Vasco creo recordar que de 1904. En ella narra unos hechos asombrosos: acosada Bilbao por una lluvia de desahucios, los afectados terminaron explotando hasta el punto que hubo de intervenir el ejército. El detonante fue un lanzamiento más, la gente dijo basta, se lanzó a la calle con todo el mobiliario de sus respectivas casas y comenzó una guerrilla urbana que duró más de tres días, hasta que pudieron desalojar a los inquilinos con la intervención del ejército. Hoy, tiempo también de embargos, a lo más que llega el hombre es a presenciar por la mirilla como echan al vecino y volverse rezando para que no le caiga la misma desgracia del cielo.