Vence el bipartidismo y el PP acorta distancias

Sin más tiempo que para un breve apunte, y a falta de un examen algo más extenso, quiero decirte, amigo lector, que mi impresión del resultado de nuestras elecciones generales es que el bipartidismo ha sido su gran ganador. Un análisis de buena fe y objetivo debe además atemperar la alegría y la euforia de la victoria socialista. Sobre todo por dos razones: el PSOE apenas ha subido 40.000 votos, mientras que el PP ha visto incrementado su electorado en más de 250.000 votos. Qué quiere esto decir: a mi juicio, la sangría de IU, que ha bajado más de 320.000 votos no se ha traducido, en absoluto, en una subida equivalente en el PSOE. Antes al contrario, si tales votos -junto a los de ERC- han ido a parar al PSOE para hacer causa común contra la derecha entonces eso significa que el PSOE ha perdido casi medio millón de sus electores habituales, gran parte de los cuales habrían pasado al PP. Motivo, pues, para que el SOE se preocupe y revise su regocijo.

Una equidistancia deletérea

Vivimos en un tiempo que confunde independencia y neutralidad. Como herencia del liberalismo moderado decimonónico -doctrina que conforma la auténtica geneaología de la derecha española actual, plasmada en la Constitución de 1845, continuada en la Restauración e intensificada durante el franquismo- se sostiene hoy que la justicia equivale a la ecuanimidad. Lo curioso y revelador es que este imposible justo medio se adopta siempre en el interior de un espectro político interesado y prefabricado, que atribuye el peligro totalitario a cualquier reinvindicación de izquierdas crítica con el demoliberalismo y exime de toda responsabilidad histórica a las corrientes ultraderechistas, centinelas últimos del orden instaurado. Ser neutral significa entonces ser condescendiente con los movimientos fascistas e implacable con los grupos de extrema izquierda.

Una buena muestra de ello nos la ofrecen los acontecimientos de ayer en el barrio de Lavapiés, cuyos coletazos se prolongan hasta estas mismas horas. La autorización municipal a la manifestación fascista ya da buena cuenta de la órbita ideológica que puede llegar a abarcar, y digerir, el PP del tan moderado Gallardón. A quienes defienden la despreciable idea de que la democracia debe englobar todas las direcciones políticas, incluidas las contrarias a la democracia misma, se les olvida siempre que, en contraste con esta permisividad con los grupúsculos neonazis -recordémoslo: hasta tenían garitos y pasta procedentes del bolsillo del repeinado Florentino Pérez-, en el País Vasco las prohibiciones, suspensiones y persecuciones de asociaciones, partidos y manifestaciones son el pan nuestro de cada día. Apena tener siquiera que afirmarlo y explicarlo: la consigna inspiradora de estas actuaciones judiciales y políticas es netamente propagandística y ciega por completo ante la complejidad del nacionalismo vasco. En un derecho penal democrático y constitucional no cabe, en efecto, abolir el principio de responsabilidad individual y, bajo la proclama garzoniana del 'conglomerado ETA' o el lema jiménezlosantino de 'ETA-Batasuna', condenar movimientos, castigar asociaciones o perseguir partidos en bloque. Pero, sin embargo, se hace.

La cuestión, querido lector, es que escribo este post debido a la tristeza y la preocupación que me han provocado los comentarios que estos incidentes -en los que la policía nacional flanqueaba y defendía a los fascistas cargando contra los izquierdistas- han suscitado. Te paso, para reflexionar en común, un par de ellos, extraídos de la correspondiente noticia en El País:

Pepe: "Antifascistas? Yo creo mas bien que los fascistas son los mierdosos de la ultraizquierda...quien ha provocado los incidentes? Esa cuadrilla de maleantes, okupas, moros y demas gentuza? A la puta camara de gas todos cojones."

Leña al Mono: "Mi agradecimiento a las Fuerzas Policiales. Han hecho bien su trabajo dando caña a las hordas rojas y marxistas de ideas intolerantes y violentas. GRACIAS ZAPATERO."

La democracia en el debate

La democracia puede concebirse de dos maneras: o bien como un sistema de gobierno encargado de gestionar un orden de poder establecido, o bien como sistema de gobierno en el que el orden es creado por los acuerdos y convenciones adoptados por la mayoría. Vivimos de lleno en la democracia entendida en el primer sentido. Su frontera más nítida la traza el hecho de que cuando la mayoría adopta decisiones contrarias al statu quo, quien, asentado en el privilegio, detenta el mayor poder social, se alza contra las leyes democráticas anulándolas por la fuerza. Tanto el PSOE como el PP confluyen en esta tipología de democracia, y eso lima todas las aristas sustantivas que pudieran existir entre dos sensibilidades de izquierda y derecha. Por eso ha sido cómico y penoso contemplar a sus líderes respectivos recriminándose mutuamente por los males provocados por un modelo, el del capitalismo especulativo más voraz, al que ambos se adhieren ciega y acríticamente. La despedida de Zapatero ha sido reveladora: él a nadie puede garantizar tener éxito, sólo puede proporcionar los medios para que todos tengan la oportunidad de alcanzarlo. El problema, en cambio, es que en la ética del éxito está la base de la irresponsabilidad social, de la corrosión del carácter, del resentimiento creciente. Ninguno, ni el Rajoy de los precios de la leche, ni el Zapatero de los 400€, tiene armas para combatir esa plaga precisamente porque ninguno de ellos cree en la democracia como poder popular ni en la política como instrumento de transformación social.

Ambos han delegado ya desde hace tiempo la configuración de la sociedad a quienes ocultamente dominan de hecho.

Independencia de criterio

Se echa de menos en estos tiempos la independencia de criterio. Tiene esto sus razones materiales: con unos aparatos de partido con un poder formidable, con una prensa plenamente interesada en aquello sobre lo cual informa y con una casta intelectual, política y profesoral completamente dependiente de la trabada red de influencias de grupos empresariales, editoriales y partidistas es prácticamente imposible que emergan personajes capaces de desembarazarse de todo este lastre para acuñar ideas independientes, visiones personales y opiniones auténticas.

Sólo esta red parece ser el vehículo de la esperanza.

Instantáneas personales

Hace aproximadamente una semana acabé mi tesis doctoral. Lo que en principio iba a ser un estudio biográfico sobre un jurista de segunda fila de la Europa de los años veinte y treinta se ha convertido, al final, en un ensayo sobre las transformaciones del liberalismo en el momento de la socialización democrática. La conclusión no ha podido ser más amarga. En términos estrictos y materiales, en Europa no existe democracia hasta que las constituciones de entreguerras, empezando por la alemana de Weimar de 1919, sancionan el sufragio universal, incluido el femenino. Tampoco había ni un solo intento de protección institucional de los desfavorecidos que contase con su opinión y sus aspiraciones. Lo único que se había ensayado, además de tener una naturaleza despótica y paternalista, tenía como primordial propósito neutralizar una presencia molesta y disturbadora de la paz de los propietarios, del famoso 'orden público'. En una palabra: ante este contexto de democracia y políticas sociales el camino optado por el liberalismo fue el de la defensa violenta, grupos militares mediante, de sus propios privilegios. La sociedad actual no se comprende si no se acepta que, en buena medida, fue engendrada por esa reacción virulenta del poder social contra las medidas democráticas. Uno de los exponentes más inteligentes del socialliberalismo, actual presidente del INE, lo sugiere cuando admite que, de aspirar a objetivos más ambiciosos, la misma democracia se arruinaría. El problema es que entonces no hay democracia que valga, sino gestión de una situación de poder dada. Con tales planteamientos, como puede observarse, los primeros que condenan a la resignación o a la revolución derrotada a la izquierda son aquellos que se llaman liberales y demócratas. En uno de sus magníficos textos sociológicos de los años cuarenta, Francisco Ayala ya afirmaba que el liberalismo no dudaba un minuto en 'salir al paso de la democracia en cuanto ésta trata de realizarse radicalmente'. La entidad y autenticidad del gobierno democrático sólo pueden calibrarse cuando sus medidas afecten al poder social; mientras, no es más que su cómoda y soporífera correa de transmisión.

Hace poco me decía un aparcacoches que ojalá entrase Rajoy para poner orden en España y 'echar a todos estos inmigrantes que nos ha colado ZP por la puerta de atrás'. Lo curioso es que hablaba con un compañero de fatigas marroquí a su lado, quien lo miraba entre perplejo y ausente. Lo penoso es que no llegase siquiera a percibir que su destino en un régimen autoritario sería el de ser un sicario o el de ser liquidado.

En un reciente almuerzo familiar, un pariente militar me decía que sólo debe obediencia al Rey. Siempre representaba al ejército como fuerza unitaria frente a la estéril controversia permanente de los partidos y la democracia parlamentaria. Trasunto institucional de la unidad de España, el ejército todavía custodia, según las palabras de este pariente mío, la esencia de la patria contra sus eventuales enemigos, aunque éstos aparenten ser sus mismos representantes. Habría que ir con micrófonos y cámaras para conocer los discursos con los que los oficiales arengan a sus subordinados. Quizá nos soprenderíamos al conocer el rancho espiritual que mantiene en pie a nuestros soldados.

Esta semana leí con gran desazón que Javier Ortiz dejaba sus Apuntes al Natural. Qué pocos van quedando ya. El día que no tengamos su auxilio, ni que haya nadie que atesore las cualidades de la crítica frente al poder, la generación de la treintena se va a sentir muy desolada.

Directores en menos de un minuto

Como muchos otros telespectadores, ayer vi el programa de La Primera '59 segundos', en una especie de arranque periodístico de campaña muy oportuno y pertinente, vista la enorme influencia del 'cuarto poder' en nuestra 'sociedad del espectáculo'. Sólo quisiera hacer tres glosas marginales al respecto:

El nerviosismo, el titubeo y el inquieto laconismo de Ignacio Escolar reflejaba la ausencia completa de hábito en el ejercicio del poder propia de la generación de los ahora treintañeros. Bastaba un mero contraste con el aplomo y la soltura de los restantes directores -muy en especial los de Pedro Ramírez- para apercibirse, no sólo de que están ya curtidos en su función profesional de simplificar y determinar la compleja realidad política, sino de que sencillamente son almas ya vendidas al diablo del poder por las que ya no corre ni siquiera sangre -de hecho, el rostro ojeroso y la pose algo siniestra de Zarzalejos son casi vampirescos-. Con todo, Escolar fue capaz de marcar el paso en algunos temas, como el diálogo con ETA, asunto en el que los directores de El Periódico y La Vanguardia no hicieron más que repetir lo ya dicho por el joven periodista.

El País vuelve a delatarse con su espantada. La confluencia tranquila entre el aparato conservador y sin escrúpulos del SOE felipista y los editores monopolistas de PRISA parece haberse terminado, precisamente con una política exquisitamente liberal que ha tratado de diversificar un poco más la oferta mediática por el lado izquierdo de nuestra opinión. Como suele ocurrir, los detentadores de intereses oligárquicos y monopolistas, que no cesan de difundir en sus medios la fe en el credo del liberalismo feroz, abandonan ipso facto su ropaje liberal en cuanto la competitividad parece amenazar su posición privilegiada. ¡Aún hoy recuerdo cuando se le escapó al locutor del Telediario que E-On ponía a Endesa como condición de su OPA que se cancelaran los blindajes multimillonarios y los contratos vitalicios de sus consejeros de administración! ¡Resulta que justo aquellos que pregonan las virtudes de la flexibilidad y la movilidad en el empleo son contratados fijos con indemnizaciones estratoféricas por despido! De nuevo, liberalismo a beneficio de inventario. Eso es lo que volvió a demostrar el oligárquico y manipulador medio del conservadurismo templado español.

Por último, la obviedad: el abismo que media entre la opinión pública y la opinión publicada, que no es más que un chiringito de cuatro lobbys financieros, pertenecientes a familias concretas (Polanco, Lara, etc.) que no cesa de ejercer violencia, canonizando lo justo y excluyendo lo desviado, sobre las creencias sociales. Cómo se explica sino que de siete periódicos convocados sólo uno sea abiertamente del PSOE (El Periódico) y otro oscile entre la parte zapaterista del SOE y las izquierdas minoritarias, plurales y desencantadas (Público). Es que acaso de 40 millones de votantes, la opinión de los 10 escasos que representan al PP, y los 6 o 7 de la parte conservadora del SOE, merecen el 80% de la letra impresa periodística. En fin, una nueva muestra de cómo la espontaneidad social del liberalismo y las 'democracias avanzadas' no es más que una orquestación planificada al detalle de grupos de poder que no tienen nada de anónimos ni de invisibles.

La tortura y los registros de la convicción

Con suma desazón, he leído en estos días varios artículos de periodistas conservadores sobre los incidentes ocurridos con el presunto etarra Igor Portu. En algún caso, sólo podían apreciarse vísceras costumbristas regodeándose en la violencia y elevando a prerrogativa de la guardia civil la tortura de los sospechosos de terrorismo. Otros ejemplos, particularmente decepcionantes, invitaban a realizar un referéndum sobre la potestad policíaca de agredir a los etarras. Este razonamiento lo hacían precisamente aquellos que se cuidan de proponer consultas directas -o que bien las califican con premura de populismo irresponsable- en asuntos como el modelo territorial o el modelo de reparto de la riqueza. Que no hagan extensible el expediente de la democracia directa a estos otros asuntos, ya da una idea de la noción sesgada y a beneficio de inventario que sostienen de la democracia. Por último, había quien justificaba las lesiones como costes imprevistos pero necesariamente asumibles del mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Todos ellos, en resumen, defendían la impunidad de los agentes de la guardia civil.

Como suele ocurrir en otros asuntos, en este en particular se confunden dos planos completamente diferenciados de la acción social. Si observamos lo sucedido desde una perspectiva meramente privada, es comprensible la empatía hacia unos guardias que vengaban de esa forma el reciente asesinato de dos de sus colegas, siempre y cuando tales guardias sean considerados meras personas privadas. Personalmente, si situamos la cuestión en un plano moral estrictamente individual, no me permitiría condenar sin más estas agresiones puntuales. De hecho, si alguien asesinase a un ser querido, y me fuese dado el placer de poder vengarme personalmente, lo haría con casi toda probabilidad.

En cambio, todo se transforma si nos elevamos al plano de la generalidad en el que forzosamente se desenvuelven las normas jurídicas. Defender aquí la facultad de torturar significa abrir la puerta a la arbitrariedad, la inseguridad y la violencia, justo aquellos peligros que el derecho quisiera conjurar. Por eso hay tanta impremeditación en quienes sacan la cara por los policías torturadores sin discriminar los planos de la comprensión moral y de la censura jurídica, sin diferenciar los niveles de lo privado y lo público. Proyectadas a la lógica de las leyes, sus propuestas significan sencillamente una invitación a consagrar en el derecho la potestad para torturar cuando así lo recomiende una sospecha personal. Pero esta patente de corso es la negación misma del derecho y de la igualdad ante la ley. Lo que a mi entender corresponde entonces no es salir en defensa de los funcionarios policiales, como ha hecho Pérez Rubalcaba, sino instar una investigación concienzuda que permita concluir si hubo, o no, lesiones gratuitas.

Está bien tomarse la justicia por la propia mano, pero ateniéndose luego a la justicia de las leyes y el Estado. Si no es así, no puede justificarse de ningún modo el derecho, que pasaría a ser defensa legal para unos y desprotección total para otros. Y lo que es peor: situado el discurso en el mero uso de la fuerza, a expensas de la justicia legal, tampoco quedarían argumentos para combatir a quienes sólo saben manifestar sus reivindicaciones a través de la violencia. Es revelador que quienes, en apariencia, se presentan como los mayores y más firmes luchadores contra el terrorismo sean los primeros que presentan sus convicciones en el mismo registro que los terroristas.