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El proceso abierto contra el juez Garzón cuenta con numerosas implicaciones sumamente interesantes, tanto políticas y jurídicas como históricas y éticas. Confieso que lo de menor interés bajo mi punto de vista es la dimensión personal del asunto, que dibuja al juez demócrata, campeón de la defensa de los derechos humanos, sentado en el banquillo por grupúsculos ultraderechistas. Garzón, que ni escribe ni razona impecablemente, ni es tampoco un magistrado cuidadoso con las exigencias del garantismo más elemental, probablemente no se identifique demasiado con muchos de quienes han salido a la calle para apoyarlo. Ahora bien, su actuación y valentía, además de para retratar con sus reacciones a opinantes y políticos --¿qué entenderá por democracia la Sra. De Cospedal?--, ha servido para poner ante nosotros toda una serie de desafíos jurídicos.

Creo que el fondo del asunto genera menos discrepancias de lo que pudiese parecer. Solo un alma mezquina y aviesa puede negar el derecho de los familiares a enterrar con dignidad a las víctimas. Solo un ignorante puede creer que sepultados en cunetas y amontonados en fosas comunes se encuentran por igual los cuerpos de 'nacionales' y 'rojos'. Ya el régimen franquista se encargó tras su triunfo de honrar a los caídos de su bando, los cuales, por cierto, distaban de ser derechistas y católicos en su integridad, pues no pocos republicanos batallaron a favor de Franco por obligación. Pero el caso es que la ley 52/2007 no niega a los herederos de las víctimas del ejército republicano y las milicias la recuperación de sus restos, como tampoco lo hacen los colectivos y asociaciones que interpusieron sus denuncias ante la Audiencia Nacional.

¿Por qué, entonces, se ha convertido en asunto litigioso e inflamable conflicto político una cuestión que hubiese sido fácilmente resoluble? Desde la óptica de la localización e identificación de los restos, que es en exclusiva la adoptada por las agrupaciones denunciantes, el presente estado de la situación se debe, como en casi todo lo demás, a las reticencias, titubeos y, en suma, a la falta de decisión ejecutiva exhibida por el gobierno. Comprendo que para los pregoneros de la España "sexta potencia mundial" y "democracia desarrollada" había de resultar enojoso abrir fosas donde yacen más de ciento treinta mil individuos asesinados. La cura de humildad, la toma de conciencia de que por estos lares no hemos sido capaces de culminar unos caminos dolorosos ya transitados por otros países a quienes miramos con desdén y superioridad, habría sido fabulosa. Mas la cuestión es que, si un espectáculo semejante no se deseaba, entonces el actual partido en el gobierno no debería haber prestado su apoyo a la ley mal llamada de Memoria Histórica.

Pero el caso es que lo hizo y desde 2007 rige entre nosotros una norma que regula, con estrechez de miras, estos particulares. Hasta este punto es del todo razonable la opinión de quienes creen que estamos ante una cuestión política, solo asumible desde el gobierno y la legislación estatal, mas en ningún caso frente a un tema judicial. Pero si lo traspasamos podremos apreciar hasta qué extremo nos encontramos ante el choque de dos culturas jurídicas, la una estatalista y legalista y la otra constitucional, o, lo que es lo mismo, la una decimonónica y franquista y la otra democrática y presuntamente actual.

Me explico. Dos de los argumentos que sirven para fundamentar la incompetencia de Garzón y su consiguiente prevaricación refieren, por un lado, la incapacidad del juez para investigar asuntos que ya entran en el terreno de la historia, y por otro, la imposibilidad de que revise actuaciones delictivas cuyos autores han perecido, o bien han sido expresamente perdonadas por la ley o han prescrito por el paso del tiempo.

En el primer caso, se arguye, como no existe competencia legal expresa que habilite a los jueces para localizar, identificar y rescatar los restos de las víctimas, el juez instructor vulneró los principios básicos del procedimiento criminal. Para pensar de este modo hay que detener la búsqueda de fundamentos jurídicos en el plano de la legislación estatal pretiriendo, al mismo tiempo, la Constitución. Sin embargo, si no olvidamos sus contenidos y mandatos podremos observar que su art. 24 declara que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Pues bien, ¿existen derechos e intereses legítimos en este campo que los particulares y agrupaciones denunciantes puedan invocar? En mi opinión, sí, sin duda alguna, al menos después de la ley de 2007, que proclama expresamente en su art. 11 el derecho de los familiares a reclamar de las "Administraciones públicas" la colaboración para localizar e identificar a las víctimas. Si tales administraciones han hecho bien poco por satisfacer ese derecho, la instancia no solo adecuada sino única ante la cual reclamar su satisfacción es la justicia. Y lo de menos habrían de ser los melindres del deslinde competencial entre órganos jurisdiccionales, pues discutible es que una acción de este tipo no se canalice mejor a través de la Audiencia Nacional y demostrado además queda que el bloqueo a Garzón está justificando numerosas declinaciones y renuncias de los juzgados provinciales.

Así las cosas, y como en tantos otros episodios, lo que tenemos es una vulneración flagrante de nuestra ley fundamental al condenar a miles de ciudadanos a la indefensión aun después de haberse declarado y consagrado por la ley unos derechos a los que ahora se les niega tutela judicial.

Algo parecido sucede con el segundo argumento. El escollo a salvar aquí es el de la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de los directos responsables, por prescripción de los delitos cometidos o por la amnistía concedida en 1977. Ya indiqué que todos los diques interpuestos en este extremo tienen, a mi entender, un claro propósito político: el de evitar cualquier precedente que pudiera alentar investigaciones que lleguen hasta la transición, pues quizá no falten quienes, con más de sesenta años hoy, practicaron en su juventud y primera madurez torturas, confiscaciones y asesinatos, sea como agentes oficiales o como comisarios oficiosos, y sea directamente o en grado de encubrimiento o complicidad. Y es que, de aceptarse la calificación de los primeros crímenes franquistas como delitos de lesa humanidad, no habría excesivos obstáculos para estimar del mismo modo los crímenes posteriores, dado que el delito contra la humanidad no implica la existencia de multitud de víctimas sino el quebrantamiento de aquello --la libertad, la dignidad-- que cada sujeto individual porta como miembro de una comunidad universal, justamente la humanidad. Y en tal atropello incurrían tanto el general Mola o Queipo de Llano durante la contienda como los policías, chivatos y magistrados al cargo de la represión extralegal de la disidencia política.

Mas ciñámonos al plano jurídico y, lo reitero, a las exigencias de los familiares de las víctimas, que no llega a la reclamación de la responsabilidad penal de los responsables de la represión hasta su final. Según el auto del juez Garzón, los crímenes a investigar alcanzaban hasta 1952. El pretexto de la extinción de la responsabilidad penal de los autores por su fallecimiento, aunque razonable, solo puede formularse con total seguridad después de comenzadas unas pesquisas que muy bien podrían afectar a individuos aun con vida, mas no desde el mismo comienzo de la instrucción. Y las réplicas que aluden a la irretroactividad de la ley penal y a la ley de amnistía solo resultan sostenibles, como ya anticipé, desde una perspectiva estatalista y legalista del derecho, que no deja de reñir con otras realidades que igualmente componen el ordenamiento jurídico actual.

Es esto lo más interesante. ¿Puede sostenerse la vigencia de determinados preceptos de la ley de Amnistía de 1977 una vez asumido como parte del ordenamiento interno cierto derecho internacional? Tal derecho internacional, ¿no es considerado de rango superior a la legislación estatal por el art. 96.1 de la Constitución? Es más, el derecho penal internacional, que atiende efectivamente a la protección de determinados derechos universales, ¿no permite mantener una visión particular tanto de la ley penal como del procedimiento criminal en atención precisamente al carácter de los derechos protegidos?

Solo si el razonamiento concluye en la literalidad de la legislación del Estado y no llega al derecho constitucional, ni al internacional, ni tampoco y sobre todo al terreno de los derechos y libertades en sus preceptos declarados y protegidos puede pensarse que basta una ley como la de amnistía, o un principio ordinario como el de irretroactividad, para impedir la investigación de crímenes contra la humanidad. Indagación que probablemente no se habría traducido en condenas, objetivo rutinario del proceso penal, pero que sí habría posibilitado una calificación jurídica de los hechos y, por consiguiente, una ulterior reparación de sus consecuencias, colocando con ello a la justicia (y el procedimiento) no tanto en función de la ley y su aplicación cuanto de los derechos y su protección.

Pero regresemos a la prevaricación del magistrado. ¿No hay, después de lo indicado, razones para pensar que éste no actuaba injustamente a sabiendas sin más? ¿No existen acaso fundamentos jurídicos en que apoyar sus resoluciones? A mi juicio, figuran de sobra, pero la cuestión principal, en cambio, ha dejado de ser jurídica para convertirse en política. Las actuaciones del Supremo y de alguno de sus instructores suponen, efectivamente, un ejemplo de justicia política, o sea, del uso de la justicia con fines políticos, en un grado mucho mayor que el implicado por las decisiones de Garzón, enderezadas al fin y al cabo a la satisfacción de determinados derechos de los familiares de las víctimas. Si este propósito puede reputarse político, banderizo o parcial o bien es porque se quieren preservar determinadas inmunidades, o bien porque a muchos conservadores de hoy les sigue pareciendo defendible tanto la sublevación como la posterior represión.

Y éste, quizá, constituya el principal y más inquietante problema de los aquí abordados, el carácter preconstitucional y antidemocrático de buena parte del conservadurismo español. Desde esta perspectiva se entiende que sepa mal a los herederos ideológicos del franquismo conocer que lo por entonces sucedido tuvo condición genocida, pues se propuso la supresión física o la neutralización civil de un colectivo identificado con unos determinados postulados políticos y éticos. Ellos prefieren seguir difundiendo el bulo exculpatorio de la equivalencia de los crímenes de ambos bandos o, en casos extremos, el de la responsabilidad primera y principal de socialistas y republicanos. Y a refrendar institucionalmente esta preferencia parecen acudir los medios, políticos y magistrados comprometidos en frenar a Garzón.

Algo que, por cierto, ya habían logrado de más sin necesidad siquiera de procesarle e inhabilitarle.

Lo de Garzón

Vista su capacidad catalizadora, no se me ocurre mejor asunto que tratar a mi regreso que el de Garzón. En este tema quizá pueda aportar algo debido a mi formación jurídica, aunque vaya adelantado que quien suscribe, como todos y cada uno de los opinantes a los que he leído y escuchado, no se ha empollado de cabo a rabo el cruce de autos y diligencias que comenzó cuando Garzón estimó las demandas de asociaciones de víctimas del franquismo. Por lo tanto, el valor de mis palabras es meramente relativo, si bien los argumentos que se me ocurren me inclinan a favor de un juez con quien, por otra parte, simpatizo poco, por sus decisiones y doctrinas en otros terrenos tan poco garantistas.

Los censores de Garzón le acusan de prevaricar por haber comenzado a instruir un proceso contra unos militares golpistas cuya responsabilidad penal se ha extinguido con la muerte, o bien con la prescripción de sus delitos conforme a la legislación penal vigente por entonces, que era la del código penal de 1870 reformado en 1932. Como el asunto ha pasado a convertirse en historia, debe entonces dejarse en manos de los historiadores y sustraer el problema a cualquier inquisitoria judicial.

Ahora bien, ¿estamos seguros de que todos los responsables de la sublevación han perecido? Para estar conformes habríamos de delimitar cronológicamente los sucesos como hizo la propia historia oficial del franquismo, es decir, acotándolos al cuatrienio 1936-1939. No obstante, sabido es ya por todos que el estado oficial de guerra, y con él la represión que amparaba, estuvo vigente durante algunos años más. He aquí el punto capital, según se insistirá a continuación.

Pero antes es conveniente referirse al otro extremo de este apartado de la discordia: ¿estaba sin más tipificado penalmente, fuese en el código penal o en el militar, lo que los sublevados estaban llevando a cabo?, ¿no era más bien una acción criminal carente de previsión legislativa explícita?, ¿qué hacer entonces cuando debemos enfrentarnos a unos hechos que no son delictivos según las figuras penales pero que suponen una realidad infinitamente más criminal y cualificada que la tipificada en ellas?

El positivismo estrecho carece, claro, de respuestas ante un fenómeno como ése, porque deliberadamente desconoce que con anterioridad a una cristalización jurídico-positiva existe una dimensión de carácter, no diré axiológico, pero sí al menos sociológico. En teoría, lo tendría fácil si entendiese que en el ordenamiento jurídico, incluido el penal, pero sobre todo en el constitucional, se contienen principios generales que habrían de ser aplicables por la justicia cuando la ley no los declara taxativamente. Se podrá decir que el código penal de entonces prohibía el recurso a la analogía, cosa que es también discutible porque algunos de sus preceptos la contemplaban de manera expresa. Pero la cuestión es que nos colocamos ante un fenómeno que trasciende el nivel jurídico-penal sin más para colocarse en el plano de lo netamente constitucional. Ya existían de hecho principios consagrados en la Constitución de 1931 (art. 25) que impedían la discriminación o el privilegio por razones de clase social o ideología política. Lo que, en términos éticos, se estaba realizando era la aniquilación de la diferencia política mediante su supresión o sometimiento forzado. Lo que, en términos jurídicos, se estaba realizando era entonces de una naturaleza que va más allá de lo jurídico-penal para adentrarse en el terreno de lo constitucional.

¿Cómo aplicar, pues, principios ordinarios de la legislación penal como la irretroactividad de las leyes a hechos de cualificación constitucional? ¿Cómo dejar impunes unas acciones que materialmente eran mucho más criminales que los delitos incluidos en el código, empleando para tal calificación los mismos criterios que determinaban la tipificación habitual? ¿Cómo, en fin, puede dejar de responderse ante unos hechos materialmente criminales por la simple circunstancia de que la ley no los haya previsto? Si hiciésemos un ejercicio de historia-ficción, y pensásemos que tras la Segunda Guerra la sociedad internacional se opuso por la fuerza al régimen franquista, derrocándolo y restaurando la República, lo que hubiese cumplido hacer, mucho más con el precedente de Nuremberg, no es encausar a los culpables ante los jueces ordinarios o ante el mismo Tribunal Supremo, sino habilitar una Corte ad hoc encargada de esclarecer los hechos y depurar responsabilidades por unas acciones contrarias a la Constitución misma, en el sentido más profundo del término, pero sin tipificar en el código penal. A lo que me refiero, como indicaré al final, es que se trataba y se trata de la persecución de enemigos del orden constitucional y, como bien saben los partidarios del Feindstrafrecht, la represión del enemigo supone la suspensión del orden jurídico-penal ordinario.

Pero hay más. Antes lo anunciaba: la causa abierta por Garzón solo inicialmente podía detenerse en los años cuarenta. Después del fin oficial de la guerra, comenzada la década de los cincuenta, la represión continuó hasta el mismo final del régimen. Lo peculiar de esa represión es que conformaba un plano estructural de la dictadura que era en buena parte contrario a su ropaje jurídico formal, esto es, a los derechos solo nominalmente declarados en el Fuero de los Españoles. Ya nos lo enseñó Ernst Fraenkel a propósito de la dictadura nacionalsocialista: los totalitarismos tuvieron una doble faz, conviviendo en ellos el estrato de las proclamaciones legales y de justicia con su conculcación constante, es decir, con un estado de excepción material --no declarado, no legalizado-- permanente. Por eso mismo la ley de amnistía de 1977, al eximir de responsabilidades a las autoridades de orden público lo hacía reconociendo su agresión a los derechos de las personas y no tanto invocando el cumplimiento de un deber o de un mandato legal.

Por tanto, si con lo de Garzón se abría el riesgo de enjuiciar a los responsables de una represión que sobrevenidamente pudo denominarse genocida, aunque materialmente lo fuese con anterioridad, la cosa podía llegar mucho más lejos de lo previsto, hasta el punto de poder salpicar a miembros del ejército, la magistratura y la patronal muy vivos y operativos en la actualidad. Ahí radica el problema, y no en la vana pretensión de enchironar a Franco. Téngase en cuenta que hablamos de unos hechos que podían haberse saldado con el desenterramiento de familiares, pero también con reparaciones económicas, restituciones patrimoniales y, si no condenas penales, sí desde luego con el oprobio de los culpables supérstites. Téngase en cuenta, en fin, que se trata de la depuración de unas responsabilidades contraídas, en principio, hasta 1977 por unas autoridades que sentenciaban penas de muerte, confiscaban patrimonios o torturaban sin más, todo ello acogiéndose a unas previsiones legales inexistentes, o formalmente contrarias al sedicente Fuero de los Españoles.

Y aquí viene la segunda objeción: todas esas actuaciones quedaron amnistiadas irreversiblemente por la ley de 1977, que con una amnistía quería decretar la amnesia colectiva*. Curiosamente, todo el garantismo legalista de la primera argumentación se viene en esta ocasión abajo. ¿Es posible la vigencia de una ley contraria a la Constitución? ¿Hace falta derogarla expresamente para reconocer su nulidad? ¿No bastaría con que cualquier juez astuto la declare inconstitucional, como puede hacerse con cualquier ley previa a la Constitución que se oponga a sus preceptos? Es más, ¿no la ha derogado ya expresamente en la parte que corresponda la incorporación al ordenamiento jurídico estatal del derecho internacional de los derechos humanos que España reconoce y suscribe y que tiene rango superior al de una simple ley?

Otros alegan una razón estrictamente política: la ley de 1977 es, como decía ayer Ignacio Camacho, un componente fundamental de nuestro pacto fundacional y, por tanto, un factor no susceptible de revisión. ¿No sabe ese agudo señor que los pactos se rigen por el principio rebus sic stantibus? ¿No se ha alterado suficientemente el estado de cosas como para justificar una revisión de las cláusulas del acuerdo, o es que se nos está insinuando que de revisar algunos apartados de la transición tenemos de nuevo encima el golpe de Estado y los fusilamientos arbitrarios? Además, ese pacto fundacional y constituyente sellado en la transición no solo se caracterizó por garantizar la impunidad de torturadores, asesinos y confiscadores. También era propio de él dar entrada a unas reivindicaciones progresistas y nacionalistas totalmente arrumbadas hoy día. Si la derecha de entonces no era, espero, la de ahora, tampoco lo era la izquierda, mucho más firme y combativa en sus reivindicaciones sociales, como mucho más exigente era también un nacionalismo que veía como posibilidad, hoy cerrada, la misma independencia. ¿Es que entonces vamos a leer el pacto fundacional de la transición a beneficio de inventario?

España ha vivido sumida en un sueño. Que franquismo y crisis aparezcan simultáneamente no es, como pretende la siempre miope derecha española, una estratagema para ocultar las responsabilidades gubernamentales. Supone más bien la obligada confluencia de dos elementos: uno, la crisis, que nos ha despertado de pronto, y otro, el franquismo, que conforma buena parte de la realidad que nos hemos encontrado al despertar. Y es que la estructura judicial, empresarial, burocrática y política está todavía plagada de miembros activos del franquismo a los que haría muy poca gracia que indagasen en sus pasadas actuaciones o en el origen de sus fortunas. La intensidad del escándalo conservador ante las palabras acusatorias de Jiménez Villarejo no es sino directamente proporcional a su veracidad. Y para dejar constancia de ella, pese a lo que equivocadamente se afirma, era indispensable una acción de naturaleza judicial, no una ley estatal, que como mucho puede ordenar la búsqueda y desenterramiento de los restos de las víctimas pero no puede promover la investigación oficial de hechos con el fin de proteger derechos amparados por la Constitución.

En definitiva, la respuesta conservadora, como siempre y en el fondo, se limita a advertir que si se sigue ese camino hasta el final lo que se encuentra es la verdad, sí, pero la verdad de quién manda, que reaccionaría defensivamente, y de modo violento, frente a cualquier tentativa inquisitiva de dicho género. ¿Que significado tienen si no todas esas indicaciones acerca de la deriva frentista que abre la recuperación de la memoria y la restitución de la dignidad? En ese sentido, en el sentido de unos artículos donde todavía vierten sus admoniciones provectos militares en la reserva, estamos mucho más cerca de Honduras que de Alemania, por si alguien creía lo contrario. Lo decisivo, por desgracia, es que se ha perdido la oportunidad de aprovechar el momento de retraimiento del franquismo sociológico para consumar su completa eliminación. Aunque parezca lo contrario, las políticas de recuperación de la memoria y la neutralización política del conservadurismo antidemocrático eran mucho más viables a fines de los ochenta que en una actualidad de renacimiento conservador; de un renacimiento conservador solo concebible precisamente porque faltó aquella neutralización.

El dilema, en suma, consiste en saber si enemigos los tiene solo una comunidad entendida en términos románticos, nacionalistas, religiosos y fuertemente identitarios. Puede, por el contrario, que enemigos también los encuentre el orden constitucional, entendido como depósito de derechos y de principios éticos. ¿Qué hacer así con los que tienen como programa y objetivo permanente instaurar un medio social donde tales derechos sean vulnerados y dichos principios anulados? El progresismo relativista ha creído siempre que no se puede hacer nada pues lo contrario supondría equipararse al adversario por incurrir en sus propios medios. Probablemente no haya postura más errónea, pues la neutralización de la enemistad constitucional pudo verificarse por medios legales cuando ello fue factible, es decir, cuando se tuvieron las mayorías parlamentarias y el respaldo social necesarios para hacerlo. Pero, ¿cómo frenarla ahora?, ¿cómo impedir su auge en un tiempo en que las manifestaciones xenófobas y fascistas son autorizadas por las delegaciones del gobierno, mientras que solo les hacen frente quienes nos atravemos a calificar como anarquistas antisistema, cuando son en realidad, al menos en esos actos, defensores del orden constitucional?

Lo de Garzón, así, puede ser interpretado como el primer y último intento serio de cierta izquierda por emplear los medios jurídicos e institucionales a su alcance, ni siquiera ya para perseguir a los enemigos del orden constitucional, que en parte también, sino solo para obtener reparación y resarcimiento, sin castigo de culpables, por unos hechos deleznables. La obstrucción implacable a su tentativa nos pone de manifiesto la energía invertida en la salvaguardia de una determinada realidad, solo desbordable desde una perspectiva internacional. Y el fracaso estrepitoso de sus actuaciones no nos muestra sino el muy inquietante hecho de que el Estado democrático y social de derecho que fundó nuestra Constitución muy bien pudiera estar gobernado, dirigido, materialmente rellenado o al menos sustancialmente condicionado por los enemigos mismos de un Estado constitucional.

* Un colega historiador me pasa un artículo de Jaime Sartorius en el que intenta además mostrarse que la amnistía tuvo más bien como destinatarios a los opositores del franquismo, siendo entonces contraria a derecho internacional y constitucional justamente aquel precepto que exoneraba de responsabilidad a autoridades y agentes de orden público.

The Road

Hagamos un experimento. Se trata de invertir la secuencia del contrato social, haciendo que la voluntad de los hombres acuerde pasar al estado de naturaleza. Coloquemos a un sujeto socializado en el mundo actual en un escenario devastado, prácticamente sin recursos y con muy pocos congéneres con los que dialogar y compartir. Pongamos a su lado a un niño, nacido ya en esa situación apocalíptica, y apreciemos el contraste de actitudes y reacciones frente a una realidad tan hostil.

El primero se mueve por la lógica exclusiva de la autoconservación. Y si algo, al parecer, lo mantiene en pie, es la protección y la educación de ese menor, su hijo. El miedo, la desconfianza, la búsqueda permanente de recursos para el sustento y la persecución absurda de un Sur cálido, apacible e inexistente parecen ser los motores de su acción. A su hijo intenta instruirle en la supervivencia y en una distinción rudimentaria del bien y del mal, de los buenos y los malos. Su Ítaca particular, que tiene la forma de un vago y onírico recuerdo, es su hogar privado, la relación bilateral de los amantes y la familia, la belleza de su amada.

El pequeño, por el contrario, tiene ansia de humanidad, de contacto con sus semejantes. Su propensión natural al bien y al perdón le hace confiado, generoso, comprensivo. Disfruta del presente y solo por el contagio de su padre persigue esa meta inalcanzable que está siempre lejos y fuera de donde uno se sitúa a cada instante. Su lugar, en contraste con el padre, es el calor de los hombres, no un objetivo siempre desplazado que se alcanza en competición con el prójimo, con un prójimo que con tal también de autoconservarse llega a la cosificación más radical del otro, a quien convierte --aniquilándolo-- en carne para su alimento.

Si nuestra existencia actual ha colocado sobre nosotros, como una dura costra que no se puede despegar, la segunda naturaleza de la autoconservación competitiva, del autodestructivo darwinismo social, en un mundo sin constricciones morales, institucionales y legales, como es el representado en esta película, es ella la que imperará. Es más: es ella, por su propia lógica inmanente, la que terminará provocando el advenimiento del mal, donde ya reinará en solitario sin la menor traba.

Pero es el niño nacido fuera por completo de la red de socialización actual el que nos muestra que debajo de esa costra, reprimida y pura, yacía otra naturaleza, la verdaderamente humana, la que anhela el contacto sin mediaciones económicas con el otro, la que se realiza no ya tanto entre las cuatro paredes del hogar privado, sino en comunidad. El mensaje, claro, es nietzscheano: solo el niño puede engendrar un nuevo hombre. Cabe incluso que aquellos que recogerán al hijo lo hagan precisamente porque son conscientes de esa oportunidad de fundar, pese a las adversidades, una nueva sociedad sobre otros supuestos más éticos y acordes con nuestra naturaleza.

Falacias y trayectoria de una emergencia nacional

Por los datos estadísticos que reflejan la situación nacional, y por la interpretación que de ella hacen los medios informativos, diríase que nos encontramos al borde de un precipicio económico por el que todos podemos despeñarnos. Hay, además, al parecer, un consenso generalizado en relación a la ostensible ineptitud de este gobierno para afrontar la situación. Qué podía esperarse, me pregunto, de un gabinete presentado por su líder como el que incorporaba a más mujeres, a la ministra más joven y a la primera titular de defensa en toda nuestra historia, sin mención alguna a los méritos y capacidades que se presuponen indispensables para la decisión política y la gestión colectiva. La retórica, los gestos y el marketing no parecen ser, en efecto, los principales atributos para una gobernación hábil y solvente.

Aunque solo sea en esta ocasión, coincido en términos generales con diagnóstico tan pesimista y con censura tan severa. Buena persona, de talante amable y moderado, con un carácter sin aristas y honesto, nuestro presidente me ha parecido siempre un político de pocas luces, con escasas cualidades para el liderazgo y la proyección política, de temperamento maleable y, lo que es peor, sin don alguno para la oratoria y la expresión, lo que ya es indicio de la confusión mental en la que vive y de su predisposición estructural a los bandazos y la improvisación.

Si bien todo ello es cierto, no deja también de serlo el hecho de que muchos se aproximan al fenómeno de la crisis de manera interesada y con una notable carga ideológica, es decir, con todo un aparataje de conceptos, prejuicios y máximas que distorsionan el examen de la realidad. No me refiero sino a este reiterativo e impenitente conservadurismo, que culpa casi en exclusiva al presidente, como si fuese un dictador omnipotente, de la causación y empeoramiento de la crisis económica, aunque después no tenga empacho en admitir, cuando se trata de hablar en términos sociológicos y analíticos, que el Estado contemporáneo tiene muy limitada capacidad de acción e influencia en el mundo de las finanzas y la producción. Cosa que, como veremos, no acontece a la inversa.

Quien quizá haya reflejado mejor este sinsentido fue el dibujante Fontdevilla, en una viñeta en la que representaba a un banquero, un empresario y un parado increpando a Zapatero por su estulticia económica cuando el primero concedió irresponsablemente créditos sin garantías para cobrarlos, mientras que los segundos se endeudaron y se embarcaron en dispendios inasumibles también de forma irresponsable. Si esta crisis es tan profunda y drástica, habrá que convenir, si queremos desperezarnos de una mentalidad vasalla y conquistar cierta autonomía personal, que en buena proporción la han provocado todos los especuladores imprevisores y cortoplacistas que han 'impulsado' nuestra economía. Y en no haber establecido un marco que limitase tales prácticas perniciosas, y en haberlas incentivado creyendo que en ellas se alojaba el maná de la abundancia, consiste el error imperdonable de este gobierno. Del que por cierto tiene cuanto poco responsabilidad solidaria el anterior de Aznar.

Hay además otra falacia común en la representación de la crisis y en la propuesta de sus soluciones. Ella se debe a una naturalización de los problemas económicos, como si fuesen sucesos anónimos procedentes de la providencia o la naturaleza en lugar de acontecimientos sociales causados por el concurso de ciertas voluntades humanas. Así las cosas, se considera poco menos que insoslayable una reforma del sistema económico-social en su conjunto con la finalidad, en suma, de reducir y socializar los costos del trabajo con la excusa de la competitividad y de transferir al sector privado el amplio campo del aseguramiento básico, aún en buena medida por explotar.

Aparte del carácter inhumano de algunas de estas consideraciones, pues en rigor no hay nada más productivo y competitivo que un esclavo, un trabajador forzoso o un empleado infrapagado, y dejando a un lado también el dato de que expresan en la teoría la progresiva emancipación del capital y la consecuente y proporcional inutilidad del trabajo productivo que se dan en la práctica, lo que todas ellas desconocen es el carácter esencialmente contingente, y por tanto político y modificable, de los fenómenos socio-económicos. Si en los años setenta, con la presión de la lucha contra la dictadura, que estaba impregnada de marxismo, y con el reflejo occidental del bloque soviético, parecía indiscutible que el valor lo producía casi en exclusiva el factor trabajo, hoy las tornas han cambiado, y se diría unánimemente admitido que los creadores de valor (de riqueza, empleo y prosperidad) son los empresarios y las corporaciones económicas, sin que a ello contribuyan, como de hecho lo hacen, los trabajadores.

Si lo primero era una exageración, lo segundo también lo es. La naturaleza de esta percepción no se debe sino a un renovado predominio de determinados poderes sociales, que se apropian, o intentar adueñarse, del discurso público para reflejar la realidad como si objetivamente estuviese constituida conforme a sus intereses privados --y de clase--. Y a juzgar por los acontecimientos, parece que lo han logrado.

El caso, con todo, es aún más grave. No se trata ya de la creación de un estado de opinión propicio para los propios intereses, sino del hecho, bien visible en estos días, de que la estructura social sobre la cual hay que gobernar determina inexorablemente el rumbo de las decisiones. No son pocos los que, aprovechando la situación de crisis, están deshaciéndose de trabajadores a muy bajo coste, a sabiendas de que ningún juez, dadas las circunstancias, se atrevería a declarar improcedentes tales despidos, y conscientes también, visto el patio, de que así se hace mella en el actual gobierno. Y tampoco deja de existir un interés político concreto, que trasciende el mero cálculo económico, en los dictámenes de las agencias de calificaciones, en las recomendaciones de ciertos organismos financieros que incomprensiblemente siguen gozando de credibilidad y en las supuestas fugas de los inversores y en los repentinos descalabros bursátiles a dos días de ser presentada la propuesta de reforma laboral. Siendo estos fenómenos exhibiciones de fortaleza y medios formidables de presión, queda claro, pues, que el sostenimiento y debacle de un gobierno en plena democracia depende de muchas cosas más aparte del voto ciudadano. En particular, de las decisiones acordadas en consejos de administración y gabinetes financieros de determinadas corporaciones. Y contra eso, que por otro lado empapa la permeable política europea, malamente se puede combatir.

Al menos a estas alturas, a las que hemos llegado con el concurso activo de los partidos socialdemócratas, de esos liderados por quienes se colocan puños impolutos y gemelos de oro para justificar cínicamente la barbarie. Lo que desde tiempo atrás hubiese cumplido hacer desde una perspectiva socialdemócrata real es fijar los objetivos ético-económicos a cumplir y desplegar una política adecuada para conseguirlos. Si tales objetivos hubiesen sido la protección del trabajo, la maternidad, la educación pública, la sanidad, las infraestructuras públicas, el desincentivo de la especulación y una determinante presencia del Estado en el sector productivo, con el fin de colocar la economía en función del bienestar de todos, algo diferente podría haber pasado.

En primer término, ni habrían existido rebajas consecutivas del tipo máximo del IRPF, ni se habría dado tregua al fraude fiscal, ni se habrían suprimido las contribuciones por patrimonio, ni se habría tolerado la precarización del empleo, ni se habría privatizado indiscriminadamente el sector público, ni se habría retirado el Estado de la economía, ni se habría permitido la especulación y el deterioro de los servicios públicos, ni se habría prácticamente eliminado el carácter progresivo de nuestro sistema tributario.

Bien mirado, ello nos habría evitado muchos de los problemas de los que hoy nos lamentamos: por ejemplo, contemplar inermes cómo las empresas deslocalizan sus factorías después de haber recibido subvenciones millonarias, sufrir pasivamente listas de espera o masificaciones escolares, o presenciar también sin armas las continuas subidas en las facturas de la electricidad con la excusa de que no sufragan los gastos de producción de un servicio que, prestado en régimen de oligopolio, por lo visto implica necesariamente sueldos e indemnizaciones multimillonarios a consejeros de dudosa preparación (v. gr. el caso Pizarro).

Una política socialista de verdad habría evitado, en suma, vaciar las arcas públicas, y habría favorecido un incremento de la tasa de natalidad y un empleo de calidad con el que afrontar el gasto futuro de las pensiones. En definitiva, podría haber esquivado los dos principales problemas a los que al parecer nos enfrentamos: por un lado, el carácter aparentemente insostenible de la aseguración, y por otro, un déficit galopante causado tanto por un gasto desproporcionado sin redundancia alguna en la estructura productiva como por una disminución voluntaria de los ingresos estatales.

El camino tomado por la socialdemocracia ha sido, por desgracia, otro. Ella ha contribuido en primera fila a la conversión del Estado en una especie de estructura funcionarial y policial que recauda impuestos directos al consumo para, en forma de cheques, subvenciones y ayudas directas, repartir después unas prebendas que tienen como fin perpetuarse en el poder y alimentar a los partidos y sus clientelas, a los sindicatos y sus intereses y, en definitiva, a la red de poderes y colectivos que, en rigor, timonea el proceso social. Un Estado, en conclusión, que ha dimitido de su función directora, solo admisible en democracia, delegándola a los sectores sociales con capacidad para asumirla, aun reservándose la capacidad de paliar los desastres y miserias de dicha dirección.

El problema es que el dicho de que cada pueblo tiene los gobernantes que se merece significa, en un enfoque materialista, que cada estructura social se dota del gobierno que necesita para poder reproducirse. Y, desde luego, la estructura de la sociedad actual, a cuya creación ha coadyuvado activamente el socioliberalismo declinante, requiere en términos objetivos una gobernación conservadora, que rompa las ataduras jurídicas e institucionales de un poder social cada vez más intenso.

El casi imposible desafío para la izquierda es cómo oponerse con estrategia a esta corriente imparable sin incurrir en la vacua retórica ideológica, ni en una acción revolucionaria y de ruptura de la que sería su primera víctima, ni tampoco en la condescendencia y en el amoldamiento a una situación inadmisible.

PS. Y ya que me he alargado tanto, alguien podría decirme dónde se mete Enric González!

Una historia de niños alemana

A cualquiera que le interese la historia política europea del pasado siglo le impresionará Das weisse Band, de Michael Haneke. Perturbadora, impecable, compleja y sutil, la película del realizador austriaco consigue dar la vuelta, de un modo convincente, al tan frecuentado tema de los orígenes del totalitarismo nazi. En este asunto se demuestra, además, toda la esterilidad del pensamiento filosófico, concentrado desde Lukács en denunciar los antecedentes intelectuales del nacionalsocialismo, como si las obras completas de Nietzsche y Pareto tuviesen mayor capacidad conformadora que la financiación millonaria que en los años veinte recibían los escuadrones paramilitares del partido nazi. Un primer mérito de la cinta es ya, por tanto, huir de esa genealogía intelectual (y banal) del fascismo para adentrarse en sus precedentes más materiales, políticos y culturales.

Si la opinión simplista contrapone sociedad burguesa y totalitarismo, entendiendo a éste como la negación de aquélla y no como su exasperación paroxística, el film de Haneke intenta complicar un poco las cosas. Y lo hace, sobre todo, cuestionando la representación vulgarizada del régimen liberal, caracterizado en su retrato por otros atributos bien diversos a los que habitualmente adornan en la historiografía al Estado previo a 1914. Valga mencionar tres de ellos: la ordenación jerárquica de la sociedad, su comprensión trascendental y su fuerte vocación utópica.

La jerarquización social, base para la posesión del poder y el ejercicio legítimo de la autoridad, contaba con dos claves: la familia y la propiedad. Como residuo del Antiguo Régimen, el dominio de la tierra aún estaba en manos de la antigua nobleza. Si esto, en buena parte, era así en Alemania, donde no había existido una ruptura neta con el pasado, lo mismo acontecía en otros países como la aristocrática Inglaterra, la España rural o, en menor medida, la misma Francia. Lo decisivo, de cualquier modo, es que el título de la propiedad legitimaba el dominio sobre el tiempo y el trabajo de las personas, de igual forma que el título de padre de familia amparaba un uso discrecional del poder sobre la mujer y los menores.

Siendo ésta la distribución del poder, ¿dónde se encontraba entonces el Estado? Ausente por completo, o bien compareciendo en una forma estrictamente represiva, y como garantía supletoria para que los mandatos basados en la supremacía patriarcal y la propiedad fuesen obedecidos. En ningún caso constituía el origen de la autoridad legítima, que se colocaba más bien en la tradición, en la historia, en el linaje y la propiedad.

Tanto en el ámbito doméstico como en el social, la finalidad permanente del poder no era sino conseguir una sociedad armónica. La voluntad del gobernante no pretendía sino realizar la palabra de dios en la tierra, custodiar el orden divino y castigar a aquel que lo quebrantase. Nada más lejos de dicha sociedad que pensarse a sí misma como el fruto de la voluntad corrompida de los miembros que la formaban. Como llega a decir el narrador de la historia, todavía a aquellas alturas (1914) pensaban que la comunidad se regía, como la naturaleza, por las leyes divinas, puras en sí mismas. Por tanto, los detentadores del poder no hacían sino ejecutar dichas normas trascendentes, procurando que la marcha de las cosas se compaginase con los ciclos y los ritmos de lo natural. No es casual, en este sentido, la elección de un escenario rural, desprovisto de las mediaciones y la complejidad de los contextos urbanos, para representar esa mezcla de providencialismo y utopismo que atravesaba la mentalidad burguesa y que en la película, por el influjo de Adorno, queda simbolizada en los blancos trigales mecidos suavemente por el viento.

¿Por qué puede brotar de aquí la barbarie más desenfrenada? Creo que por la combinación de dos factores. En primer lugar, porque la jerarquía parece conllevar irremediablemente la deshumanización del sometido. Así lo expresan con toda la crudeza el diálogo del médico con su amante, el accidente que sufre una segadora y el suicidio de su marido. Quien se encuentra en la cima, y basa su predominio en la instrumentalización del otro, termina viendo en éste un puro y reemplazable medio para sus fines superiores. La lucha de clases, como reacción frente a estas sumisiones férreas, sería una impotente rabieta infantil en comparación con el hondo calado que producía en los niños constatar que hay vidas fungibles.

Y, en segundo lugar, porque esos mismos niños, que después crearían y apoyarían al nazismo, crecieron contemplando, y sufriendo en sus propias carnes, un ejercicio arbitrario de la autoridad con la excusa de conquistar la pureza absoluta. La cinta blanca que da título a la película no era sino el recordatorio que el padre y pastor implacable ataba en el brazo de sus hijos para que tuvieran siempre presente la búsqueda de la bondad.

El nazismo sería así, visto desde esta perspectiva, la respuesta a tanta represión presuntamente civilizatoria, pero también una venganza contra este mundo producida con los mismos esquemas y formas que lo rigieron, la reacción desmedida pero mimética contra una comunidad opresiva, autoritaria y utópica en la justificación de sus excesos.

La película, en definitiva, plantea el desafío de enfrentarse a los oscuros parentescos que enlazan la sociedad anterior a la guerra, esa de la llamada belle époque, y el totalitarismo posterior. Frente a ellos puede adoptarse el hilo ilustrado y esperanzador que pese a todas las brumas intenta esclarecerlos. Es la postura del maestro enamorado, que, en el ocaso de su vida, nos cuenta, haciendo un doloroso ejercicio de memoria, los misteriosos sucesos que acontecieron en su villa en los años previos a la Guerra Mundial. Pero ante ellos también puede optarse por negarlos con obstinación y dogmatismo, aun con la consciencia y seguridad secretas de su existencia. Es la postura del pastor protestante, cuando le colocan frente a la posible y terrible verdad.

Véanla, disfrutarán de casi dos horas y media de buen cine.

Pablo Ordaz

Hoy me acuesto tarde. Estoy en uno de esos fines de semana de Rodríguez a los que doy un contenido eminentemente cultural. Aprovecho para ver cine y leer literatura y filosofía, dando al entretenimiento ritmo de jazz y bossa nova y acompañando la cosa con alguna copa de buen vino e incluso con algún vaso nocturno de whisky. En esta ocasión he visto El caso Winslow, buena cinta jurídica para entender la Inglaterra de principios del siglo XX, y la dramática Estación central de Brasil. Y en cuanto a los textos, me he deleitado, como siempre, con un par de conferencias de Theodor Adorno y he devorado, en plan homenaje, El estado de sitio de Camus.

Ya me marchaba a la cama cuando, antes de apagar el ordenador, leo en la cabecera de El País: Haití ya no existe, impactante titular suscrito por Pablo Ordaz. Leerlo me ha hecho recordar el supremacismo, la supina incomprensión, la altivez y la ceguera con las que este corresponsal contempla la realidad de Centroamérica. Sus anteojos europeos, que confunden y fusionan Estado y sociedad, que no conciben una masa de hombres sin orden institucional ni autoridades, sin un compás político de moderación, racionalidad instrumental y productividad, le impiden ver que Haití, aun castigado y humillado, sigue ahí, tratando a la desesperada de sobrevivir, e imagino que preguntándose, como todos lo hacemos en estos días, por qué la solidaridad no podría ser preventiva, por qué no podría activarse con la misma intensidad para apartar las causas de los desastres que para paliar sus deplorables efectos.

He recordado así unas líneas que dediqué a Pablo Ordaz en uno de los artículos que escribí para un dominical salvadoreño. Daban pie a ellas un texto anterior sobre las elecciones de aquel país. Ahí van, con retraso pero con cierta actualidad, visto el titular de Ordaz, ambos artículos.

Elecciones (marzo 2009)

Aquí como allá, estamos viviendo un marzo electoral. Por estos lares se decidían los gobiernos de dos regiones históricas: Galicia y el País Vasco. Los resultados han devuelto la presidencia gallega al partido conservador y han arrebatado la mayoría absoluta al nacionalismo vasco, que probablemente será desalojado del poder, después de más de veinte años gobernando. Su líder, Juan José Ibarretxe, ya ha advertido a sus adversarios que su partido seguirá “dirigiendo Euskadi sea desde donde sea”.

Ocupados los titulares con nuestras elecciones, todo anunciaba que el espacio dedicado a los comicios salvadoreños iba a ser ínfimo. Hasta un conocido humorista, Berto Romero, parodiaba la pasada semana en su late show la irrelevancia para los españoles de tan decisivas elecciones. Sin embargo, no han pasado en absoluto desapercibidas. Antes al contrario: desde la jornada del sábado 14 hemos asistido a un considerable despliegue mediático, con informaciones puntuales en cada telediario y con enviados especiales de los principales periódicos.

Ha sido también ocasión para conocer El Salvador. Nos ha sido presentado como “el país más pobre de Centroamérica”, con apenas infraestructuras sanitarias y desangrado por la violencia de “las maras”. Ahora bien, aunque todos coincidían en transmitir estas penosas circunstancias, ningún periodista se tomó el trabajo de contar las propuestas de los candidatos para resolverlas.

La campaña aparecía como una confrontación despiadada. De las intervenciones del Frente, se han destacado su desbordante, ingenuo optimismo y las continuas insinuaciones de fraude. Más se ha escrito sobre la campaña de ARENA, volcada por lo visto, no en defender un programa de gobierno, sino en apelar a las emociones, sembrando el miedo ante un comunismo inexistente.

Han interesado también los candidatos. Sergio Rodríguez, enviado de Público, subrayaba la pertenencia juvenil de Rodrigo Ávila a grupos paramilitares y su “prolífica trayectoria en el sector privado”. Manuel Cascante, de ABC, recordaba el liderazgo de Ávila sobre todas las fuerzas conservadoras salvadoreñas, y Pablo Ordaz, de El País, lo caracterizaba como “un religioso a carta cabal” sin dotes de hombre público: “ante un micrófono, se atora, suda, se trabuca, naufraga”. A Mauricio Funes se le ha reconocido su compromiso con la independencia cuando ejercía como periodista. Pero no todo han sido elogios: mientras que ABC nos daba a conocer sospechosas donaciones millonarias de las que había sido beneficiario, Ordaz lo retrataba como un títere de “los viejos comandantes”.

El acontecimiento se ha visto, en definitiva, como “un hecho histórico”, tal y como lo define Jacobo García en El Mundo, como una celebración de la democracia, a la que el primero en sumarse ha sido Ávila reconociendo cívicamente su derrota. Ahora muchos aguardan que el líder de ARENA no emule a nuestro dirigente vasco afirmando que su partido controlará El Salvador “sea desde donde sea”.

Ordaz (abril 2009)

Tal y como llegaron se fueron. Las noticias acerca de la vida política salvadoreña invadieron de pronto los titulares españoles, para marcharse poco después de la resaca electoral. Son las cosas de la sociedad del espectáculo, necesitada de efímera, obsolescente actualidad para que la marcha no se detenga. Las actitudes periodísticas exhibidas frente a la coyuntura histórica de El Salvador han oscilado entre la abierta simpatía hacia alguno de los candidatos por razones de afinidad ideológica y la neutralidad de quien levanta acta de un hecho aséptico sin connotaciones morales. Ha habido también alguna otra intervención informativa reveladora, a mi entender, de una reluctante disposición del hombre occidental respecto de las realidades sociopolíticas latinoamericanas. Me refiero a la suscrita por Pablo Ordaz, corresponsal de El País, el diario más leído por estos lares.

En su presentación de Mauricio Funes -«el candidato de la extrema izquierda»-, Ordaz se lamentaba de que el espectro político salvadoreño se caracterice por «su rechazo a los colores intermedios». Al parecer, todos los políticos moderados «han terminado cansándose y marchándose, acusados de traidores o cosas peores». Y, a pesar de que el mismo Funes asegurase que su propósito es conquistar una «gobernabilidad democrática», el periodista español no dejaba de encontrar tras «su cuidada imagen de intelectual moderado» al «candidato de un partido donde los viejos comandantes guerrilleros siguen teniendo mando en plaza» (El País, 17-III-09).

Por decirlo sin rodeos: la receta del citado corresponsal para El Salvador parece ser el bipartidismo centrista vigente en España e importado de la tradición anglosajona. Me refiero a un estilo de gobierno basado en el acuerdo sellado entre los dos partidos mayoritarios para no alterar determinadas instituciones consideradas fundamentales. Una forma de hacer política caracterizada, en consecuencia, por sustraer del debate público ciertas realidades, principalmente económicas. Es decir, una política despolitizada, concentrada en la gestualidad, la imagen y la retórica más que en la canalización pacífica de conflictos de intereses, culturales o económicos. El problema radica en que, de modo implícito, Ordaz deduce rasgos de civilización en este sistema occidental, mientras que tácitamente repudia, como signo de atraso cultural, la radicalización del discurso político salvadoreño.

Pero, ¿expresan mejor el espíritu de la democracia los inocuos enfrentamientos televisivos entre los líderes españoles que la controversia partidaria salvadoreña, donde se decide el destino del país? Me pregunto además si Ordaz se ha molestado en relacionar el carácter radical y polarizado de la realidad social salvadoreña con el tono empleado por sus políticos. Acaso reparase en su simplismo cuando el mismo Funes, en una entrevista, le recordaba que «la polarización política es el reflejo de la polarización social y económica que vive El Salvador».

El desplazamiento del reformismo

No sé a ustedes, pero a mí me cuesta horrores definirme políticamente con precisión. En muchas ocasiones, todo depende de mi interlocutor: si me encuentro junto a un comunista ortodoxo o a un izquierdista dogmático, mis ideas se tornan dúctiles, flexibles y recuerdo con claridad por qué no soy comunista ni religioso; si converso con un socioliberal, me escandalizo ante la torsión a que somete los principios de la izquierda y, sobre todo, frente a la complaciente tolerancia con que responde a determinadas conculcaciones de las reglas más elementales de justicia; y si charlo con un conservador de toda la vida, junto a la sana discrepancia, intento insistir en valores compartidos como el esfuerzo, el mérito, la responsabilidad, la cultura o el civismo tradicional. Y, como fatiga y corrore el discutir a cada instante, tendrán que disculpar que me prive directamente de relacionarme con ultraderechistas fanáticos o bien esquive los temas conflictivos si hablo con un liberal irredento, con un integrista católico o con un furibundo nacionalista.

Al menos tiene claro lo que no es, y eso es ya un primer paso para la autodefinición política, me dirán con toda la razón. Así es, si de algo tengo más o menos certeza es de que me muevo en la órbita de la izquierda y la democracia radical, pero impugnando esa actitud simplista que deja al conservador el monopolio sobre valores indispensables como los arriba mencionados y sobre medios igual de valiosos como el ejercicio de la autoridad legítima.

Descendiendo a los hechos concretos, la definición me resulta ya más titubeante. Mi particular percepción se debe, en definitiva, a mi trayectoria biográfica, cuyo primer estadio se caracterizó por la indignación permanente ante el gonzalismo y cuya segunda etapa estuvo signada por un rechazo aún más intenso frente al imperialismo aznarista. De ahí que, entre los tres presidentes que he tenido oportunidad de juzgar, prefiera a Zapatero, pese a toda su mediocridad, ineptitud, superficialidad e inconsistencia. Y es que solo un buen hombre, tolerante, respetuoso y amable, es capaz de permitir que sus dos hijas visiten al hombre más poderoso del mundo con atuendos de 'siniestras'.

Sé de más que para gobernar se necesita algo más que talante. Pero no es ése el asunto que hoy nos incumbe. Os comentaba que mi identidad partidaria depende de mi particular perspectiva generacional. En ella ha tenido un impacto poderoso la beligerante política de Aznar y su prolongación hasta 2008. A ella, y a las políticas de Camps y Aguirre, se debe mi profunda difidencia ante nuestro partido conservador. Si antes fui un crítico incombustible del PSOE, hoy, aun censurando con severidad la tibieza socialdemócrata, no albergo dudas de que la repulsa más intensa me la provoca el PP.

Eso me hace partidario del crecimiento de formaciones como UPyD, cuyos miembros más notables se atreven incluso a solicitar la despenalización del tráfico de drogas, y me aleja de un tipo social muy característico: el que siente más repugnancia por los socioliberales, a quienes considera traidores, que por los conservadores nacional-católicos, a quienes premia por su integridad y coherencia. Estamos ante un tipo dogmático, como puede verse, que valora y juzga la ideología ajena en función de la solidez e invariabilidad de los axiomas.

Dado mi pragmatismo, quizá en este punto del dogmatismo radique mi discrepancia. Considero además poco estratégico dar oxígeno y fortalecer a quienes de verdad se oponen al ideario izquierdista. Al menos a los socioliberales se les puede transmitir la culpa del abandono. También hay causas históricas que apoyan mi convencimiento: los últimos tres siglos demuestran que las mayores cotas de justicia y democracia se alcanzaron por la unión de los pequeño-burgueses progresistas y los deshauciados. Por eso me resulta tan criticable el rechazo izquierdista a la socialdemocracia, cuanto la intransigencia puritana que los socioliberales presentan ante 'la izquierda radical' y 'extremista'.

El motivo último de esta incomunicación, de esta alergia mutua, bien puede estar en un decisivo pero inapreciable corrimiento del espectro político. Como continuamos empecinados en emplear una terminología decimonónica para referirnos a nuestra actualidad, creemos que el PSOE es la izquierda reformista y lo que hay a su siniestra no son sino fuerzas marginales revolucionarias. Eso le ocurre a Daniel Innerarity, en cuyo artículo de hoy en El País intenta desmontar la valoración según la cual la debacle de las socialdemocracias se debe a su práctica sumisión a las reglas del liberalismo capitalista. Moderación y capacidad de gobernar de acuerdo a los agentes económicos (facultad que él confunde con la credibilidad), pero sin dejar que nadie sucumba del todo a la competencia, son sus recetas para salir del atolladero. En ningún caso aproximarse a los 'izquierdistas demagogos' ni caer en la futil retórica anticapitalista.

El problema, como decía, es que la izquierda reformista ha dejado de serla. Antes, se distinguía el reformista del revolucionario por los distintos medios con que pretendían llegar al mismo fin: el socialismo, una sociedad sin desigualdades económicas, o con desigualdades basadas exclusivamente en la capacidad y el mérito, pero sin llevar acompañadas prerrogativas de poder sobre otros conciudadanos. La socialdemocracia actual, pese a que pretenda legitimarse como reformista, ha dejado de serlo, pues sus reformas persiguen reequilibrar el capitalismo, mas no conquistar el socialismo. Y, en la medida en que ha abandonado dicha promesa, quienes todavía, siquiera remotamente, creían en ella, abandonan a su vez a la actual socialdemocracia.

Y no se trata, como pretenden algunos, de renunciar a lo que ya se ha demostrado desastroso, el sovietismo y la colectivización. La socialdemocracia no se opone, como Innerarity sugiere, al totalitarismo comunista, sino al verdadero reformismo. A aquellas formaciones que, lejos de la demagogia, la utopía y los imposibles, defienden medidas bien sencillas y poco traumáticas. Valgan algunos ejemplos: no suprimir el impuesto del patrimonio, participar las empresas estratégicas en lugar de subvencionarlas para poder responder a las deslocalizaciones, organizar una banca pública junto a la privada, expropiar los inmuebles sin uso, gravar la especulación, incentivar las actividades productivas y conceder capacidad decisoria a los empleados. Todo ello con el fin de corregir desigualdades y satisfacer universalmente necesidades no tan básicas, que van de la vivienda, el vestido y el alimento a la educación, la sanidad, el transporte y el ocio.

No se trata, pues, de mantener las esencias izquierdistas, como Innerarity sostiene, sino de tener siempre en el horizonte la emancipación ilustrada --plasmada en la máxima kantiana según la cual ningún hombre debe ser utilizado como simple medio-- y de tomar las medidas concretas, factibles, viables y negociadas, que la hagan posible.