viernes, 28 de mayo de 2010

Veracidad

Como corren tiempos técnicos y estadísticos, buena parte de la verdad es objetiva, mal que pese a los relativistas. Las ideologías, los principios y las convicciones muy bien pueden obedecer a querencias personales, razones biográficas, consideraciones racionales o inclinaciones apasionadas. Pero los datos son los datos y su objetividad resulta indiscutible. Otra cosa es cómo se interpreten.


Todo el obvio preámbulo viene a cuento porque hoy leí un esclarecedor artículo sobre el funcionariado europeo que viene a desmentir, en general, todo el relato conservador acerca de la hipertrofia burocrática española, mucho más radicada, caso de existir, en la engolfada y expansiva masa de cargos de libre designación inflada por los partidos que en la nómina de funcionarios de carrera.


Si los datos que, negro sobre blanco, registra el citado artículo cuestionan cierto discurso oficial, viene a echar directamente por tierra algunos análisis recientes. Me refiero en concreto al que hace unas semanas publicó en El Mundo Víctor Pou Serradell, profesor de la Escuela de Dirección IESE, perteneciente a su vez a la Universidad que el Opus Dei tiene establecida en Navarra. En su artículo, titulado El fin de un modelo político estatista, se aseguraba que "hacia finales del siglo XIX, Grecia ya contaba con la burocracia mayor de Europa", mientras que "en la actualidad ... un millón de personas aproximadamente, o sea, un trabajador griego de cada cuatro es un empleado del Estado".


La realidad, por el contrario, es otra muy distinta: de 27 países europeos analizados, resulta que el que más funcionarios por habitante tiene es Suiza (1 por cada ocho), seguida de Finlandia, Letonia y Malta (1/9). Con un funcionario por cada doce habitantes figuran Francia y Bélgica, mientras que nosotros, en una discreta decimosexta posición, ascendemos a un funcionario por cada dieciocho, con la misma cifra que Alemania y un funcionario más per cápita que Italia. ¿Y Grecia, dónde está la estatista Grecia? Pues en el número veinte de la lista, con un funcionario por cada veinte habitantes. Si hacemos entonces los cálculos pertinentes, y dividimos sus 11.260.400 habitantes entre los veinte que corresponden a cada funcionario, resulta que el Estado elefantiásico griego cuenta con 563.020 funcionarios, prácticamente la mitad de lo que afirmaba el citado economista.


Estamos, en efecto, ante un problema. Se llama impunidad de la mentira y consiste en la sustitución de la información por la propaganda política. Sobre él, como rasgo consustancial de la sociedad del espectáculo, ya trató Guy Debord. Puede pensar el lector que ahora, en lugar de datos contrastables, exhibiré mis inclinaciones ideológicas, pero el caso es que tengo la recurrente sensación de que la mayoría de todas estas falsificaciones (e invenciones) de datos --y hasta del mismo lenguaje-- proceden de la derecha. ¿Merecerían este tipo de falsedades alguna reprobación, algún tipo de control? Mi lado jacobino me dice que sí, pues creo que son perfectamente distinguibles la opinión y la transmisión de datos. Pero mi lado reacio a la autoridad me hace partidario de otro tipo de fiscalización, más espontánea y ciudadana.


Por eso, ya puestos, os confieso mi sueño académico. Creo que la frase más repetida por todos los políticos y periodistas en todos los debates y tertulias es la que, en beneficio propio, acude al "ejemplo de los países de nuestro entorno", ejemplo del que se saca una cosa y su contraria con el solo fin de sustentar las propias pretensiones. La cuestión es que el reiterado recurso a esta comparación suele ser directamente proporcional al desconocimiento de la realidad política, jurídica y económica de "los países de nuestro entorno".


¿Y mi sueño? Ahí va: un instituto de derecho y economía comparados dedicado precisamente a publicar (traducir) todo lo concerniente a datos, hechos y documentos en que se refleje la estructura jurídica y económica de dichos Estados, principalmente del alemán, que no por casualidad es el más citado. Y una de sus labores, claro, sería ejercer, a modo de observatorio, de censor de políticos y periodistas, publicando periódicamente las mentiras (propagandistas) que tanto unos como otros suelen poner en circulación cuando hablan de las experiencias y medidas adoptadas en los restantes países europeos. Una cura de nuestro enquistado provincianismo, vaya.

6 comentarios:

Fito dijo...

Si los porcentajes, en lugar de sobre población total, se hicieran sobre población activa, serían mucho más interesantes.

Dick Turpin dijo...

Hola Fito. En el artículo que te menciono viene el contraste con la población activa para el caso de España y, en efecto, tampoco es tan exagerada la proporción como pretenden los derechistas liberales.

De todas formas, el economista opusino hablaba de datos en relación a la población total, faltando descaradamente a la verdad, y practicando el todo vale con tal de arrimar el ascua a mi sardina neoliberal. Eso es lo que comienza a ser ya inadmisible.

Muchas gracias por comentar

Josué J. Llaves dijo...

Me recomendaste el artículo, tan interesante como tu comentario, y ya te hice notar el desliz que ahora reproduces: en Francia y Bélgica no puede haber "doce funcionarios por habitante". ¿De dónde podrían salir?
Desde luego esto no os quita, ni a ti ni a tu fuente, un ápice de razón.
Un abrazo.

Dick Turpin dijo...

Vaya errata, Keys, paso a corregirla! Merci!!

Non Sola Scripta dijo...

Estoy con Fito, los porcentajes serían más interesantes sobre población activa, no sobre población total.

Por otro lado, hay que definir bien el término "funcionario", porque es muy diferente, como apunta Vicenç Navarro, restringirnos a los funcionarios de carrera que a los contratados por el Estado. En la mayoría de países europeos, por ejemplo, los maestros de infantil y primaria, que son los funcionarios más numerosos en España, son contratados.

Otros deberes para tu soñado instituto de política y economía comparativa: he leído en una entrevista a Duran Lleida decir que el impuesto del patrimonio es troglodita (sic), que no existe en ningún otro país europeo: ¿es eso cierto? ¿No hay impuesto equivalente? Sería interesante saberlo.

Dick Turpin dijo...

Yo también creo que de ese modo serían más esclarecedoras las estadísticas. Y, en efecto, tienes razón en que la delimitación del estatuto del empleado público es vaga, pues hay toda una pluralidad de fórmulas --del régimen laboral a las consultorías prestadas por autónomos-- que encubre puestos remunerados establemente por el Estado. De cualquier modo, el cáncer y la hipertrofia burocrática, caso de existir, radica a mi juicio más en toda la pléyade de chupócteros, concentrados, al menos en Andalucía, en las diputaciones, que en los funcionarios de carrera, notables profesionales la mayor parte de las ocasiones.

Lo cierto es que desconozco, como el común, si existe un impuesto exactamente igual al de Patrimonio en otros países. En Francia desde luego hay un gravamen a las altas fortunas que contabiliza, aunque no solo, el patrimonio.

Lo que resulta irónico es la argumentación de Duran i Lleida (troglodita), muy extendida por otra parte en todos los sectores de la opinión y la cultura. ¿Es algo desechable porque sea anticuado? Llama poderosamente la atención que eso lo diga un católico tradicionalista, pero es un argumento falaz de uso universal. Recuerdo cuando leí en la Historia de la Filosofía contemporánea de Villacañas un comentario que venía a decir: 'pensar así supondría que no hemos avanzado nada desde Adorno'. Qué gracia: lo dice un autor que en el 90% de su obra filosófica --que no historiográfica-- no hace más que trasplantar al presente la obra ilustrada de Kant, es decir, de un autor dos siglos más viejo que el propio Adorno (de hecho en 'Res Publica. Los fundamentos normativos de la política', a veces se confunde su voz con la de Kant), y en menor medida la de Weber, autor excelente que sin embargo estaba formateado por las claves institucionales del II Reich.

En fin, otra cosa interesante, mi buen NSS, sería destripar las argumentaciones --políticas y filosóficas-- porque suelen estar plagadas de remansos de pereza irracional que en nada sirven para debatir. Si el IP servía para redistribuir, para censar patrimonios y para recaudar 1.800 millones de euros --tres veces más que la subvención completa a partidos y sindicatos que los ultraderechistas quieren eliminar--, pues qué más da para recuperarlo que sea viejo y amanolado sin parangón en Europa, ¿no? La solución de su opinión esta en otro sitio: en que a buen seguro lo pagaba el catolicón de Durán.

Un saludo y bien finde