viernes, 10 de diciembre de 2010

Las cuentas de la abuela

Al final no hay nada como un lumbago para poner momentáneamente en suspenso las obligaciones y, aun con el incómodo pinchazo en la espalda, dedicarse unos minutos a las devociones. Muchas son las cosas que habría debido tratar en este portal tan abandonado que, sin embargo, no abandonaré jamás. Como me acerco a enriquecerlo justo ahora, pues trataré del tema que me tiene más mosqueado: las privatizaciones recién decretadas.

Comprenderán propagandistas y dirigentes que antes de nacer la economía política, y mucho antes de que esta ciencia social aspirase a convertirse en formal con modelos econométricos, derivadas, integrales y demás formulismos matemáticos, ya existía la administración doméstica, el cálculo mercantil y las cuentas de la abuela. A ellas, de hecho, cabe recurrir para demostrar con suma sencillez que las medidas privatizadoras son del todo antieconómicas e irracionales, es decir, contrarias a los fines que dicen perseguir.

¿Qué fines son estos? El aligeramiento de la deuda, la transmisión a los mercados de una imagen de solvencia, el acopio de recursos financieros. No, desde luego, como en tiempos de la desamortización, sacar un bien exento de la circulación mercantil para que ésta lo engulla consolidando las jerarquías sobre las que se asienta. Pues bien, ¿logra, por ejemplo, dichos fines la privatización del 30% de las Loterías del Estado?

Según he leído, el Estado espera ingresar por la privatización de AENA y Loterías 14.000 millones de euros, de los cuales cerca de 10.000 proceden de la venta parcial de la gestora aeroportuaria. De las Loterías se obtendrán, por tanto, unos 4.000 millones. El interrogante pertinente, según la lógica de las cuentas de la abuela, sería el siguiente: ¿cuánto tiempo tarda ese 30% de Loterías en suministrar al Estado una ganancia de 4.000 millones de euros?

Vayamos a los datos de recaudación semanal, tomando como ejemplo ésta que termina y la justamente anterior (para consultar los datos, acúdase a www.onae.es): la lotería primitiva de jueves y sábado, con una recaudación media de 17 millones de euros, detrae para premios unos 9, dejando de beneficios (parciales, pues de algo viven los loteros) unos 8, con lo cual entre jueves y sábado la cantidad recaudada no destinada a premios es de 16 millones. La Bonoloto tiene aproximadamente un millón diario de beneficios con sorteos lunes, martes, miércoles y viernes. Ya vamos entonces por 20 millones, a los que deben añadirse 3 por el gordo de los domingos y unos 7 por el sorteo de la lotería tradicional los jueves y los sábados. 30 millones de beneficios, multiplicados por 52 semanas dan un total de 1560 millones anuales. Para tirar por lo más alto, supongamos que 560 millones (y las ganancias no incluidas en nuestro cálculo de los restantes sorteos, de la quiniela a la hípica) van para sufragar los gastos de gestión, con lo que obtenemos 1.000 millones de beneficios netos para el Estado por año. En cuatro años, por lo tanto, se financia lo que se va a obtener con la privatización, y en doce, ese 30% que va a venderse produce por sí solo dicha cantidad. La medida adoptada, por seguir con el lenguaje de la abuela, no es otra cosa que 'pan para hoy y hambre para mañana'.

Las privatizaciones de sectores rentables no afectados por la corrupción y el favoritismo no son la solución sino más bien una de las fuentes del actual problema. Los mercados, dicen, no confían en la solvencia española en general, en que el Estado y los bancos vayan a pagar puntualmente los vencimientos de sus deudas. La lógica de la guerra preventiva se instala así también en el mundo de la economía: qué más da que el Estado tenga una deuda pública proporcionalmente menor a la de otros Estados sin problemas de solvencia (el 64% frente al 120 de Italia, por ejemplo), y qué importa que hasta ahora haya pagado puntualmente sus deudas. Al igual que con las guerras preventivas no se combate ningún mal, sino que se crean expectativas de ganancia para una minoría, con todas estas prevenciones no se ha conseguido sino encarecer el mercado de la deuda pública y generar una vía más de ganancia para la especulación.

Pero si esto sucede es porque el Estado ha sido arrinconado por la ola neoliberal hasta convertirse, como en tiempos de la monarquía tradicional, en una instancia tributaria a merced de la voluntad de los contribuyentes y sin capacidad para generar sustento propio. A nadie debe extrañar entonces que, bajo la forma de chantaje, pueda ahora doblegarse a todo un Estado para imponerle las condiciones decididas por agentes y programas que funcionan con la sola regla de la maximización de los beneficios. El problema que se está haciendo patente no es otro que la incapacidad estatal para generar recursos propios que permitan afrontar con solidez y solvencia estas situaciones críticas. En nuestro caso, las empresas públicas que persisten, salvando honrosas excepciones, suelen convertirse en campo de enchufismo y reproducción partidaria. Y las demás parece que recomienzan a privatizarse, dejando al Estado con menos medios, haciéndolo así más dependiente de la voluntad del capital y agravando, por consiguiente, el problema que tenemos en la actualidad.

Debería ser en toda lógica un tiempo de estatalizaciones y no de privatizaciones, de recuperación para la órbita estatal de toda una serie de sectores estratégicos --comenzando por la energía-- y de servicios públicos --empezando por la educación infantil-- que (1) funcionan de cualquier manera con cuantiosa financiación pública, (2) a altos precios para la ciudadanía, (3) salarios precarios para sus productores y prestadores y (4) sin la calidad, eficiencia y competencia técnicas que podría garantizar un personal cualificado de carácter funcionarial. Pero todo llegará...

PS: Y tan por lo bajo que tiré al calcular los beneficios anuales de la Lotería. No son 1.000, sino casi 3.000 millones lo que reporta en beneficios al Estado, con lo que en apenas dos años se obtendrían lo que se va a ingresar por su privatización parcial, y no más de seis años tardaría su 30% en generar esos 4.000 millones que al parecer tanto necesitamos. Lo dicho: desamortización al uso posmoderno...