jueves, 17 de enero de 2008

Directores en menos de un minuto

Como muchos otros telespectadores, ayer vi el programa de La Primera '59 segundos', en una especie de arranque periodístico de campaña muy oportuno y pertinente, vista la enorme influencia del 'cuarto poder' en nuestra 'sociedad del espectáculo'. Sólo quisiera hacer tres glosas marginales al respecto:
El nerviosismo, el titubeo y el inquieto laconismo de Ignacio Escolar reflejaba la ausencia completa de hábito en el ejercicio del poder propia de la generación de los ahora treintañeros. Bastaba un mero contraste con el aplomo y la soltura de los restantes directores -muy en especial los de Pedro Ramírez- para apercibirse, no sólo de que están ya curtidos en su función profesional de simplificar y determinar la compleja realidad política, sino de que sencillamente son almas ya vendidas al diablo del poder por las que ya no corre ni siquiera sangre -de hecho, el rostro ojeroso y la pose algo siniestra de Zarzalejos son casi vampirescos-. Con todo, Escolar fue capaz de marcar el paso en algunos temas, como el diálogo con ETA, asunto en el que los directores de El Periódico y La Vanguardia no hicieron más que repetir lo ya dicho por el joven periodista.
El País vuelve a delatarse con su espantada. La confluencia tranquila entre el aparato conservador y sin escrúpulos del SOE felipista y los editores monopolistas de PRISA parece haberse terminado, precisamente con una política exquisitamente liberal que ha tratado de diversificar un poco más la oferta mediática por el lado izquierdo de nuestra opinión. Como suele ocurrir, los detentadores de intereses oligárquicos y monopolistas, que no cesan de difundir en sus medios la fe en el credo del liberalismo feroz, abandonan ipso facto su ropaje liberal en cuanto la competitividad parece amenazar su posición privilegiada. ¡Aún hoy recuerdo cuando se le escapó al locutor del Telediario que E-On ponía a Endesa como condición de su OPA que se cancelaran los blindajes multimillonarios y los contratos vitalicios de sus consejeros de administración! ¡Resulta que justo aquellos que pregonan las virtudes de la flexibilidad y la movilidad en el empleo son contratados fijos con indemnizaciones estratoféricas por despido! De nuevo, liberalismo a beneficio de inventario. Eso es lo que volvió a demostrar el oligárquico y manipulador medio del conservadurismo templado español.
Por último, la obviedad: el abismo que media entre la opinión pública y la opinión publicada, que no es más que un chiringito de cuatro lobbys financieros, pertenecientes a familias concretas (Polanco, Lara, etc.) que no cesa de ejercer violencia, canonizando lo justo y excluyendo lo desviado, sobre las creencias sociales. Cómo se explica sino que de siete periódicos convocados sólo uno sea abiertamente del PSOE (El Periódico) y otro oscile entre la parte zapaterista del SOE y las izquierdas minoritarias, plurales y desencantadas (Público). Es que acaso de 40 millones de votantes, la opinión de los 10 escasos que representan al PP, y los 6 o 7 de la parte conservadora del SOE, merecen el 80% de la letra impresa periodística. En fin, una nueva muestra de cómo la espontaneidad social del liberalismo y las 'democracias avanzadas' no es más que una orquestación planificada al detalle de grupos de poder que no tienen nada de anónimos ni de invisibles.

domingo, 13 de enero de 2008

La tortura y los registros de la convicción

Con suma desazón, he leído en estos días varios artículos de periodistas conservadores sobre los incidentes ocurridos con el presunto etarra Igor Portu. En algún caso, sólo podían apreciarse vísceras costumbristas regodeándose en la violencia y elevando a prerrogativa de la guardia civil la tortura de los sospechosos de terrorismo. Otros ejemplos, particularmente decepcionantes, invitaban a realizar un referéndum sobre la potestad policíaca de agredir a los etarras. Este razonamiento lo hacían precisamente aquellos que se cuidan de proponer consultas directas -o que bien las califican con premura de populismo irresponsable- en asuntos como el modelo territorial o el modelo de reparto de la riqueza. Que no hagan extensible el expediente de la democracia directa a estos otros asuntos, ya da una idea de la noción sesgada y a beneficio de inventario que sostienen de la democracia. Por último, había quien justificaba las lesiones como costes imprevistos pero necesariamente asumibles del mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público. Todos ellos, en resumen, defendían la impunidad de los agentes de la guardia civil.
Como suele ocurrir en otros asuntos, en este en particular se confunden dos planos completamente diferenciados de la acción social. Si observamos lo sucedido desde una perspectiva meramente privada, es comprensible la empatía hacia unos guardias que vengaban de esa forma el reciente asesinato de dos de sus colegas, siempre y cuando tales guardias sean considerados meras personas privadas. Personalmente, si situamos la cuestión en un plano moral estrictamente individual, no me permitiría condenar sin más estas agresiones puntuales. De hecho, si alguien asesinase a un ser querido, y me fuese dado el placer de poder vengarme personalmente, lo haría con casi toda probabilidad.
En cambio, todo se transforma si nos elevamos al plano de la generalidad en el que forzosamente se desenvuelven las normas jurídicas. Defender aquí la facultad de torturar significa abrir la puerta a la arbitrariedad, la inseguridad y la violencia, justo aquellos peligros que el derecho quisiera conjurar. Por eso hay tanta impremeditación en quienes sacan la cara por los policías torturadores sin discriminar los planos de la comprensión moral y de la censura jurídica, sin diferenciar los niveles de lo privado y lo público. Proyectadas a la lógica de las leyes, sus propuestas significan sencillamente una invitación a consagrar en el derecho la potestad para torturar cuando así lo recomiende una sospecha personal. Pero esta patente de corso es la negación misma del derecho y de la igualdad ante la ley. Lo que a mi entender corresponde entonces no es salir en defensa de los funcionarios policiales, como ha hecho Pérez Rubalcaba, sino instar una investigación concienzuda que permita concluir si hubo, o no, lesiones gratuitas.
Está bien tomarse la justicia por la propia mano, pero ateniéndose luego a la justicia de las leyes y el Estado. Si no es así, no puede justificarse de ningún modo el derecho, que pasaría a ser defensa legal para unos y desprotección total para otros. Y lo que es peor: situado el discurso en el mero uso de la fuerza, a expensas de la justicia legal, tampoco quedarían argumentos para combatir a quienes sólo saben manifestar sus reivindicaciones a través de la violencia. Es revelador que quienes, en apariencia, se presentan como los mayores y más firmes luchadores contra el terrorismo sean los primeros que presentan sus convicciones en el mismo registro que los terroristas.