lunes, 11 de abril de 2011

Estado, banca y espectáculo

Ayer domingo se celebró por segunda vez un referéndum en Islandia para decidir si el país hacía frente a las deudas contraídas, e impagadas, de su banca. El fenómeno rápidamente fue traducido al lenguaje falaz, ideológico y malintencionado de los media. Los titulares que pude leer venían a afirmar que 'Islandia se niega a pagar la deuda a Gran Bretaña y Holanda', e incluso había algún periodista que, en lugar de a los países acreedores, se refería directamente a 'los ahorradores británicos y holandeses'. Atiéndase bien a la estrategia, pues un negocio interbancario resultaba así expresado como un problema abierto entre un país en su conjunto, Islandia, y muchos ciudadanos de otros dos países, esos 'ahorradores'. De un plumazo, se esfuman los agentes responsables, la banca misma. Es lo que tiene el espectáculo, que malforma con la aviesa intención de garantizar las jerarquías. Por eso el placer de leer un periódico equivale al del comentario de texto de una proclama propagandística mucho más refinada que las del Tercer Reich.


Con el sentido común, ese órgano al que tanto apelan los conservadores, y con el derecho por delante, e incluso con una economía sensata (otro término que intentan apropiarse los liberales), la realidad emerge como cosa bien distinta. Estamos, en efecto, ante una deuda considerable contraída por una banca radicada fiscalmente en Islandia. Nada sabemos acerca del capital que compone dicha sociedad bancaria, probablemente participado por empresas, corporaciones e inversores que no son islandeses. Por lo tanto, la nacionalidad se presenta como concepto incongruente respecto de la naturaleza de la banca.


Convengamos, sin embargo, en que al pagar allí (escasos) impuestos y al desarrollar allí parte de sus inversiones, podemos continuar considerando a dichos bancos como islandeses. Continuarían siendo, a pesar de todo, empresas dedicadas al negocio financiero. Deberán tener fondos de garantía que respalden parte de esas transacciones de las que se benefician. Y si han sido realizadas con manifiesta negligencia por sus administradores, habrán de responder estos por sus decisiones con su patrimonio personal. En caso de no tener fondos suficientes para hacer frente a los pagos debidos, tendrán que declararse en quiebra, se abrirá concurso de acreedores y se sufragarán los gastos hasta donde llegue el capital disponible, el fondo de garantía y los bienes y líquido de los consejeros en caso de gestión irresponsable. Habrá, como siempre ocurre, acreedores y proveedores que solo puedan cobrar parte de lo que le adeudan, parte que podrán continuar reclamando en lo sucesivo si el mismo banco vuelve a fundarse. Y aquí se detiene la salida jurídica al problema en el caso islandés.


En el británico y holandés la cosa es similar. El centro de gravedad se halla de nuevo en los bancos que han dispuesto de los fondos depositados por ahorradores. El vínculo enlaza a los clientes particulares con sus bancos, que han invertido en entidades islandesas. Si han colocado determinadas cantidades en negocios que han terminado mal, han de asumir las consecuencias con sus propios fondos. Tendrán, supongo, cierta cantidad para garantizar un porcentaje de los depósitos y cuentas. Y deberán asimismo detraer de negocios en los que obtengan plusvalías el importe necesario para equilibrar las cuentas por sus pérdidas 'islandesas', que en ningún caso suponen, salvo quiebra y concurso, la pérdida de los ahorros por parte de sus clientes.


Así, lo que en realidad es un negocio económico entre empresas bancarias termina, pues, representándose como un nexo político entre la ciudadanía islandesa y parte de la ciudadanía británica y holandesa, con culpable omisión de dichas corporaciones. Un fenómeno económico se torna político por el poder político que la economía tiene.


Hay, aparte, un dato todavía más relevante: y es que solo circunscribiendo lo ocurrido a sus justos patrones jurídicos y económicos puede continuar aspirándose a un libre mercado responsable. Solo si sabes que si la cosa sale mal podrás perder lo invertido tomarás las cautelas necesarias para evitarlo. Solo si se evitan rescates públicos de deudas privadas el capitalismo podrá ser fiel a sí mismo y continuar legitimándose. Porque, de lo contrario, además de promoverse una economía desquiciada, negligente y caótica, saldría a la luz otra evidencia que los capitalistas necesitan ocultar.


¿Cuál? Muy sencillo: que hay sectores económicos cuya envergadura e importancia colectivas los hace destinatarios naturales de una titularidad pública. Quizá la banca solo pueda continuar teniendo sentido, sin constituir un riesgo manifiesto para el conjunto de la comunidad, como entidades de crédito y depósito a pequeña escala. Cuando de ella nace la financiación de toda la estructura económica de un país su rango pasa del derecho privado al público, de ser un medio para la economía interindividual a ser el soporte económico de toda la colectividad. Y llegando a esa escala es natural que al final concluya apareciendo la única institución con legitimidad colectiva plena, el Estado.


Por eso, cuando los liberales justifican como paréntesis la intervención estatal porque hay entidades 'demasiado grandes para caer', hay que responder que, en realidad, son entidades 'demasiado grandes para estar en manos tan pequeñas', en las manos de unos particulares multimillonarios sin sentido alguno de la trascendencia colectiva de sus decisiones.