Apuntes sobre textos, vivencias, inquietudes e indignaciones
viernes, 10 de diciembre de 2010
Las cuentas de la abuela
sábado, 9 de octubre de 2010
Una nota constitucional
martes, 28 de septiembre de 2010
Huelga e historia
Reforma laboral y legislación racional
viernes, 17 de septiembre de 2010
Guardería neoliberal vs. Guardería del bienestar
lunes, 13 de septiembre de 2010
¿Una política de la naturaleza?
domingo, 22 de agosto de 2010
Sin título
No han sido pocos los intentos de ponerme a escribir algún apunte, pues, aunque encerrado trabajando en el Max Planck, ha habido estímulos y curiosidades que me animaban a hacerlo. En cuanto apreciaba el tiempo que la tarea me iba tomando, me invadía la culpa por no dedicarme a mis auténticas responsabilidades, y la abandonaba. Si hoy la retomo es porque, como excepción, y después de una noche ―corta, de cualquier modo: ya no son como antes― de despedida, me he regalado a mí mismo una jornada de lecturas, escaneos y caminata.
He querido comentaros algunas anécdotas alemanas, ya fuesen ilustradoras de una inclinación reguladora y jerárquica hasta el exceso o de un modo de organizarse la vida social, laboral y económica que, según pienso desde que vine por primera vez, solo podemos envidiar e intentar emular. He querido también indicaros que he abierto un nuevo blog, Polemizando con Ignacio Camacho, de tono más polémico y directo, aunque sin incurrir por ello en el tono soez habitual en las abundantes tertulias ultraderechistas. Pero, ante la imposibilidad de ir actualizándolo como debiera, tanto por falta de tiempo como por no poder consultar desde aquí la página de ABC ―desconozco la misteriosa razón que me ha impedido hacerlo―, preferí anunciarlo a mi regreso.
He querido hablar, y seguramente lo haré a la vuelta, sobre los resortes ―emotivos, racionales― que explican el ser conservador. De apariencia realista y moderada, los postulados conservadores han solido perfilarse en polémica con una concepción sublimada de lo que significa ser de izquierdas, la cual, en realidad, tergiversa, simplifica y distorsiona el núcleo materialista de las convicciones de izquierdas.
He querido escribir sobre las disociaciones ideológicas en que vivimos instalados. Disociaciones que afectan tanto a nuestra estructura económica como política. Como sucedió en otros tiempos, se da en éste un marcado contraste entre lo que efectivamente está instaurado en la realidad y las categorías con que nosotros ―los agentes de dicha instauración― lo interpretamos. Por un lado, una vida económica explicada como sociedad artesanal y competitiva formada de emprendedores arriesgados; por otro, una vida política comprendida con categorías parlamentarias, democráticas e individualistas. La realidad, en cambio, muy poco se parece a tales representaciones, que sin embargo cuentan con una vocación normativa, con una vis reguladora y ética, que tampoco cabe desconocer.
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Pero, sobre todo, Chirbes, Rafael Chirbes: los títulos precisos, cargados de significación ―Los disparos del cazador, La larga marcha, La caída de Madrid―; la historia política española contada por fin con una sensibilidad materialista, sin resentimientos, pero sin justificaciones ni equiparaciones, distribuyendo a cada cual ―ingenuidad, dogmatismo, crueldad, oportunismo…― lo que le corresponde. Chirbes y el oportuno recuerdo de que bajo nuestros pies, allá en el pasado, primó la barbarie, la subyugación, el sufrimiento, la violencia. Y Chirbes lo cuenta de un modo fluvial, por el que te deslizas, resbalándose los ojos por las páginas, devorando cada capítulo sin que ninguno llegue a saciarte, porque cada uno te ha dado tanto, te ha mostrado tanto y tan bien, que no puedes evitar el deseo de seguir recibiendo, como si en algún momento te fuesen a revelar el auténtico y doloroso secreto jamás contado del devenir español.
sábado, 3 de julio de 2010
El problema "jurídico" del aborto
En efecto, el asunto de la interrupción voluntaria del embarazo cuenta con una dimensión biológica indiscutible. ¿A partir de qué momento puede hablarse de vida humana?, ¿puede sin más atribuirse humanidad a una multiplicidad de células en proceso de reproducción exponencial?; aunque durante las primeras semanas del embrión no quepa hablar estrictamente de vida humana, ¿no estamos de cualquier modo ante un proyecto de ésta, ante una expectativa probable que se frustra de manera irreversible con el aborto? Todo esto, desde luego, encierra gran interés, pero solo toca de soslayo la cuestión de su enmarque jurídico.
Tampoco cae de lleno en él su aspecto religioso y moral, aunque muy bien puede esta faceta inspirar regulaciones jurídicas. Aquí el principio motor resulta meridianamente claro, pues si a dios pertenece en exclusiva la prerrogativa de dar la vida no puede considerarse sino pecaminosa la aprobación de una norma que permite interrumpir su proceso de creación. Entre este planteamiento y aquel otro que propugna la abstención o el rechazo de los preservativos no hay, como suele pretenderse, solución de continuidad, pues también en este segundo caso, donde la actitud regresiva y reaccionaria aparece indisimulada, se está previniendo el sabotaje de la propagación divina de la vida humana. Y no deja de haber reveladoras tensiones entre esta impostada defensa del derecho a la vida con el simultáneo consentimiento de guerras, invasiones y muertes que exhiben con cinismo muchos católicos conservadores. Ya sé que dentro del marco de reflexión católico caben, en virtud de un libre albedrío del que carece el feto, este tipo de pareceres simultáneos, pero para quien no se mueve en dicho marco continúan resultando chocantes.
Mucho más concierne a la dimensión jurídica del aborto su aspecto ético, lo referido a la concurrencia del derecho a decidir de la madre con la expectativa de vida (digna) del concebido no nacido. En el fondo, la regulación jurídica no prohibicionista viene principalmente a cohonestar en lo posible ambas posiciones igual de legítimas. Querer involucrar también en ello al padre, como sugería hace poco un tertuliano conservador de una televisión local andaluza, podría resultar creíble si no fuese evidente, por desgracia, que en la abrumadora mayoría de los casos quien termina cuidando y, caso de ser así, cargando con el bebé y los niños es la mujer.
Con estos elementos, podemos aproximarnos ya a los motivos inspiradores de la regulación jurídica del aborto. Si se parte de una posición religiosa intransigente, su correlato normativo habría de ser la prohibición absoluta, su criminalización y consiguiente castigo. Por eso llama la atención que quienes, en vía de hipótesis, se colocan en este ángulo no se hayan rebelado contra la legislación anterior, que no era en absoluto prohibicionista. Si, por el contrario, partimos de premisas éticas, habremos de compaginar el derecho de libertad de la mujer y el derecho a la vida del nasciturus. Hasta ahora, la fórmula era dar prioridad al segundo como regla y otorgar, como excepción condicionada, supremacía al primero. La legislación actual parece haber invertido la ponderación, haciendo prevalecer de modo absoluto e incondicionado durante un tiempo prefijado el derecho a decidir de la mujer. ¿Por qué ha sido así?
La respuesta a esta pregunta es la que nos coloca ya ante la dimensión estrictamente jurídica del aborto. A lo último que ésta se asemeja es a la producción limpia e inmediada de realidad. Me explico: lo que las leyes regulan no es lo que habrá de producirse sin más en los hechos. El silogismo «si la nueva regulación permite el aborto libre durante un plazo determinado gran parte de mujeres lo practicaran» resulta en esencia incierto. Propio del pesimismo conservador, que concibe al hombre como tendente por naturaleza al pecado y la protervia sino existen constricciones y penitencias que lo contengan, este razonamiento oculta dos realidades: primero, el carácter trágico y doloroso de la decisión de interrumpir el embarazo, que ya hace de dique de contención frente a una supuesta extensión arbitraria, y después, y sobre todo, que dicha nueva regulación no ha hecho sino responder al estímulo de la realidad, en lugar de pretender fabricarla.
Sigo explicándome. La regulación estatal de una práctica social no es sino un intento de racionalizarla objetivamente con la finalidad de transmitir seguridad. Al protocolizar, simplificar y prevenir las acciones de los sujetos y de los organismos públicos, la vida social se organiza según parámetros calculables y previsibles. Desde luego tal regulación puede y ha de responder a premisas éticas y antropológicas determinadas, pero también es claro que desde los tiempos de las normas generales y abstractas es esa, la racionalización en pro de la seguridad, una de las funciones principales que el derecho desempeña.
¿Qué quiero decir con ello? Pues, por ejemplo, que la prohibición absoluta del aborto no conlleva su desaparición, sino su desplazamiento a la clandestinidad, como acontece con la droga. Los conservadores, que cuando reflexionan económicamente tienen estos postulados muy en cuenta, los olvidan curiosamente cuando se trata de imponer conductas morales o identidades nacionales por decreto. En definitiva, la práctica del aborto desde la anterior ley hasta ahora no había revelado sino un fraude generalizado: el de justificar el aborto, dictamen psicológico mediante, invocando el riesgo de padecimiento mental o anímico de la madre. En la realidad, el aborto ya era libre durante las doce primeras semanas, pero tenía que contar con una autorización pericial expedida casi siempre de manera fraudulenta. Esto dejaba un flanco sin cubrir, pues era posible, como de hecho ocurrió, que a algún juez cruzado del catolicismo le diese por exhumar historiales de abortistas para rectificar los dictámenes psicológicos y condenar a las investigadas, cuyo derecho fundamental a la intimidad era vulnerado del mismo modo que se atropellaba la seguridad jurídica en su noción más elemental.
domingo, 13 de junio de 2010
Beneficio, armonía y capital
sábado, 29 de mayo de 2010
República y violencia
viernes, 28 de mayo de 2010
Veracidad
Como corren tiempos técnicos y estadísticos, buena parte de la verdad es objetiva, mal que pese a los relativistas. Las ideologías, los principios y las convicciones muy bien pueden obedecer a querencias personales, razones biográficas, consideraciones racionales o inclinaciones apasionadas. Pero los datos son los datos y su objetividad resulta indiscutible. Otra cosa es cómo se interpreten.
Todo el obvio preámbulo viene a cuento porque hoy leí un esclarecedor artículo sobre el funcionariado europeo que viene a desmentir, en general, todo el relato conservador acerca de la hipertrofia burocrática española, mucho más radicada, caso de existir, en la engolfada y expansiva masa de cargos de libre designación inflada por los partidos que en la nómina de funcionarios de carrera.
Si los datos que, negro sobre blanco, registra el citado artículo cuestionan cierto discurso oficial, viene a echar directamente por tierra algunos análisis recientes. Me refiero en concreto al que hace unas semanas publicó en El Mundo Víctor Pou Serradell, profesor de
La realidad, por el contrario, es otra muy distinta: de 27 países europeos analizados, resulta que el que más funcionarios por habitante tiene es Suiza (1 por cada ocho), seguida de Finlandia, Letonia y Malta (1/9). Con un funcionario por cada doce habitantes figuran Francia y Bélgica, mientras que nosotros, en una discreta decimosexta posición, ascendemos a un funcionario por cada dieciocho, con la misma cifra que Alemania y un funcionario más per cápita que Italia. ¿Y Grecia, dónde está la estatista Grecia? Pues en el número veinte de la lista, con un funcionario por cada veinte habitantes. Si hacemos entonces los cálculos pertinentes, y dividimos sus 11.260.400 habitantes entre los veinte que corresponden a cada funcionario, resulta que el Estado elefantiásico griego cuenta con 563.020 funcionarios, prácticamente la mitad de lo que afirmaba el citado economista.
Estamos, en efecto, ante un problema. Se llama impunidad de la mentira y consiste en la sustitución de la información por la propaganda política. Sobre él, como rasgo consustancial de la sociedad del espectáculo, ya trató Guy Debord. Puede pensar el lector que ahora, en lugar de datos contrastables, exhibiré mis inclinaciones ideológicas, pero el caso es que tengo la recurrente sensación de que la mayoría de todas estas falsificaciones (e invenciones) de datos --y hasta del mismo lenguaje-- proceden de la derecha. ¿Merecerían este tipo de falsedades alguna reprobación, algún tipo de control? Mi lado jacobino me dice que sí, pues creo que son perfectamente distinguibles la opinión y la transmisión de datos. Pero mi lado reacio a la autoridad me hace partidario de otro tipo de fiscalización, más espontánea y ciudadana.
Por eso, ya puestos, os confieso mi sueño académico. Creo que la frase más repetida por todos los políticos y periodistas en todos los debates y tertulias es la que, en beneficio propio, acude al "ejemplo de los países de nuestro entorno", ejemplo del que se saca una cosa y su contraria con el solo fin de sustentar las propias pretensiones. La cuestión es que el reiterado recurso a esta comparación suele ser directamente proporcional al desconocimiento de la realidad política, jurídica y económica de "los países de nuestro entorno".
¿Y mi sueño? Ahí va: un instituto de derecho y economía comparados dedicado precisamente a publicar (traducir) todo lo concerniente a datos, hechos y documentos en que se refleje la estructura jurídica y económica de dichos Estados, principalmente del alemán, que no por casualidad es el más citado. Y una de sus labores, claro, sería ejercer, a modo de observatorio, de censor de políticos y periodistas, publicando periódicamente las mentiras (propagandistas) que tanto unos como otros suelen poner en circulación cuando hablan de las experiencias y medidas adoptadas en los restantes países europeos. Una cura de nuestro enquistado provincianismo, vaya.