sábado, 21 de mayo de 2011

Decálogo para una regeneración económica

1. Nuestra Constitución establece que el sistema fiscal ha de ser 'progresivo'. Esta característica no se logra con aumentos de los impuestos al consumo y la simplificación y reducción de tipos del impuesto sobre la renta. Se necesita un sistema fiscal constitucional verdaderamente progresivo que grave más a los que más tienen.



2. Se requiere igualmente un combate eficaz contra el fraude fiscal y la economía sumergida que acabe con la situación inquina que prevalece en la actualidad, donde unos (los asalariados) tributan hasta el último céntimo en proporción a lo que ganan y otros, en cambio, evaden buena parte de sus ingresos.



3. Si se quiere una economía asentada sobre pilares consistentes, hay que beneficiar la economía real sobre la especulativa. Y para ello es indispensable que aumente la tributación por rentas de capital y por transacciones financieras, al tiempo que se relaja y bonifica fiscalmente a las rentas de trabajo.



4. Si uno de los máximos problemas actuales es el de las deslocalizaciones de las grandes empresas, muchas de ellas subvencionadas con dinero público e incentivadas fiscalmente para atraer su asentamiento, la única solución viable es la participación pública en el capital de grandes empresas, canjeando subvenciones por acciones, y pudiendo vender éstas en caso de deslocalización, para atender a los gastos generados por la destrucción del empleo.



5. Si una de las más flagrantes injusticias en el mercado actual es el diferencial entre los precios de origen y el de venta al público de los productos básicos, hay entonces que fomentar seriamente las cooperativas de productores y de consumidores y aplicar con rigor leyes que garanticen la competitividad entre distribuidores, acabando así con la actual situación de oligopolio. De hecho, sería indispensable un impulso serio y articulador del tejido productivo real fomentando a la pequeña y mediana empresa y la creación de cooperativas.



6. Si el discurso liberal legitima que se contengan los salarios pero no, en cambio, las rentas empresariales porque estas constituyen el capital con que se reinvierte en el tejido productivo, hagamos entonces al liberalismo ser coherente consigo mismo prescribiendo a las empresas el deber de reinvertir en economía real parte de sus beneficios anuales.



7. Parece estar más que demostrado, con datos, cifras y facturas sufridas cada mes, que las privatizaciones se han saldado con el enriquecimiento de unos pocos, con un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y también con su encarecimiento. Hay que apostar con tesón por estatalizar grandes empresas que solo pueden funcionar en régimen de oligopolio y que son vitales para el interés general, como a no dudarlo lo son las empresas energéticas o las encargadas de la producción y distribución del agua.



8. Vistos los gastos provocados por el rescate de bancos y cajas, parece más que razonable defender una inversión de tan elevados montantes en la creación de una banca pública, en régimen de competencia con la privada y encargada de proveer financiación de un modo no exclusivamente guiado por la ganancia y el beneficio inmediatos.



9. Es igualmente indispensable una mayor transparencia financiera y una vigilancia más estricta de la ética en el mundo de los negocios. A través de registros públicos de cargos e ingresos debiera conocerse el nombre y salario de los consejeros de las principales empresas. Tendría que establecerse un régimen de incompatibilidades que impidiese la presencia de una sola persona en varios consejos y deberían asimismo conocer una limitación legal sus disparatadas remuneraciones, no ya solo en la cantidad, sino en su origen, impidiendo que las operaciones de alto riesgo con perjuicio posible para la sociedad puedan ser bonificadas y premiadas en el mundo empresarial.



10. Y, por último, sería necesario modificar los índices de medición macroeconómica actuales para dar entrada a otros factores que contabilicen aspectos claves como la libertad ciudadana, la calidad de los servicios públicos, el nivel cultural medio y los ingresos medios.

jueves, 19 de mayo de 2011

Decálogo para una regeneración política

Creo que una buena forma de organizar las propuestas e ir clasificándolas acaso podría ser la siguiente:

(1) Medidas para una regeneración política y democrática;

(2) Medidas para una regeneración económica y laboral;

(y 3) Medidas para una regeneración mediática y cultural.

Medidas que quizá puedan plantearse teniendo siempre a la vista la Constitución, que nos asiste de cabo a rabo con los derechos que declara y las posibilidades que abre.

Y aquí va un decálogo de medidas para una regeneración política y democrática.

1. Reforma del régimen electoral en un sentido más proporcional, siguiendo las recomendaciones del propio Consejo de Estado;


2. Sometimiento a referéndum de todas las decisiones de gran trascendencia política y económica.


3. Sistema obligatorio de listas abiertas para todos los partidos y en todas las elecciones, tanto locales como autonómicas y generales;


4. Aplicación obligatoria de primarias para selección de líderes municipales, autonómicos y estatales y abiertas a militantes y a inscritos en listas públicas de simpatizantes;


5. Prohibición absoluta de presentarse a cualquier elección a los imputados en procesos criminales incoados por casos de corrupción;


6. Inhabilitación durante 30 años para ejercer cargos públicos o empresariales a los representantes públicos condenados por sentencia firme en casos de corrupción;


7. Declaración obligatoria del patrimonio y los ingresos de los representantes públicos, antes, durante y después de su mandato político;

8. Supresión de la financiación privada a partidos políticos y limitación considerable de la financiación pública;

9. Mayor limitación del período y los gastos destinados a las campañas electorales;

10. Incompatibilidad absoluta entre cargos representativos (locales, autonómicos y estatales) y cargos empresariales, ya sean como consejeros de administración o como asesores; incompatibilidad vigente mientras se ostenta el cargo representativo y que no caduca hasta pasada una década después de haberlo dejado.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Juventud y derecho constitucional

Queridos amigos, me animo a escribiros un par de reflexiones por si pueden contribuir en algo a vuestras (nuestras) movilizaciones.




Es irónico ver a muchos políticos veteranos alarmados ante las concentraciones juveniles de los últimos días. Debe recordarse por eso que la gran mayoría de ellos procede de una generación, nacida en la década de los cuarenta o los primeros cincuenta, que se echó a la calle con apenas veinte años para combatir una dictadura y una crisis económica fulminante. Con sus huelgas prolongadas, sus movilizaciones y su compromiso contribuyeron a acabar con un sistema injusto y opresor. Y como sus aspiraciones y reclamaciones eran legítimas, muy pronto comenzaron a formar parte de los centros decisorios para tomar ellos mismos parte de las riendas del país. En las primeras Cortes democráticas, por ejemplo, ya se sentaba como diputado Rubalcaba, quien quizá se presente a presidente en unos pocos meses.




No encuentro motivo alguno para impedir que esto vuelva a ser así. Ninguna dictadura, ningún régimen marchito y corrupto, se desplomó hasta que la parte más crítica y activa de la juventud no salió a la calle para quejarse y reivindicar. La juventud es un valor que os legitima y que además pone en evidencia la necesidad urgente de un brusco relevo generacional. A mi humilde juicio, no solo debéis criticar a quien gobierne del modo que se viene haciendo, es que tendríais vosotros mismos que gobernar.




Pero es que además os asiste y legitima también el propio derecho constitucional. Según nuestra Constitución, el Estado español es 'un Estado social y democrático de derecho', no un Estado liberal de mercado, y los principios supremos en los que se fundamenta han de ser 'la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político' (art. 1.1). Es evidente que el actual Estado desatiende las implicaciones más elementales de la 'igualdad' y la 'justicia', y con su oligarquía bipartidista y mediática, atenta claramente contra 'el pluralismo político'.




Pero hay mucho más. La Constitución impone (art. 7) que 'la estructura interna y funcionamiento' de los partidos sean 'democráticos', y eso, con las listas cerradas y las designaciones a dedo, se incumple clamorosamente. Los poderes públicos (art. 9.2) deben obligatoriamente 'promover las condiciones' necesarias para el goce efectivo de la libertad y la igualdad, y deben asismismo 'remover los obstáculos' que impiden 'la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica', algo incumplido con el actual régimen electoral y con las últimas reformas laborales.




La Constitución garantiza además el derecho 'a recibir información veraz' de los medios (20.1.d), derecho constantemente conculcado por buena parte de la prensa y los informativos actuales. Fundamental es, por otra parte, 'el derecho a la educación' universal, algo que choca con el encarecimiento constante de las tasas.




La Constitución ordena el establecimiento de un 'sistema tributario inspirado en la igualdad y la progresividad' (31.1). Las últimas rebajas de impuestos a las rentas altas y la consiguiente subida del IVA (impuesto anti-progresivo) vulnera evidentemente este mandato. La propiedad privada no es sacrosanta en nuestro ordenamiento constitucional, que permite la expropiación con indeminización por motivos 'de interés social' (33.3). ¿No es acaso del mayor 'interés social' el que se facilite el derecho a la vivienda expropiando inmuebles infrautilizados por sus propietarios o por las promotoras y los bancos? La Constitución, por otra parte, obliga a la ley a 'garantizar la fuerza vinculante de los convenios colectivos' (37.1). ¿Por qué, entonces, la última reforma laboral autoriza a que el trabajador individual revise a la baja, en acuerdo con su empleador, los términos del convenio colectivo de su sector?




Y, en fin, la Constitución (92.1) permite las consultas al cuerpo electoral a través de 'referéndum' cuando se trata de adoptar 'decisiones políticas de gran trascendencia', como lo es la de poner a disposición de la banca miles de millones de euros, y autoriza además la 'intervención de empresas' cuando así convenga al 'interés general' y cuando éstas solo puedan desarrollarse en régimen de monopolio (128), como ocurre, por ejemplo, con las eléctricas y energéticas actuales.




Por eso, queridos amigos, vuestras concentraciones y marchas son tan oportundas, saludables y necesarias. El régimen actual, oligárquico, clausurado sobre sí mismo, mendaz y corrupto, necesita de vuestra energía y participación para refundarse. Y para ello os asiste y legitima nuestra propia Constitución.




Tenéis todo mi apoyo y entusiasmo,


Sebas