Juventud y derecho constitucional

Queridos amigos, me animo a escribiros un par de reflexiones por si pueden contribuir en algo a vuestras (nuestras) movilizaciones.

Es irónico ver a muchos políticos veteranos alarmados ante las concentraciones juveniles de los últimos días. Debe recordarse por eso que la gran mayoría de ellos procede de una generación, nacida en la década de los cuarenta o los primeros cincuenta, que se echó a la calle con apenas veinte años para combatir una dictadura y una crisis económica fulminante. Con sus huelgas prolongadas, sus movilizaciones y su compromiso contribuyeron a acabar con un sistema injusto y opresor. Y como sus aspiraciones y reclamaciones eran legítimas, muy pronto comenzaron a formar parte de los centros decisorios para tomar ellos mismos parte de las riendas del país. En las primeras Cortes democráticas, por ejemplo, ya se sentaba como diputado Rubalcaba, quien quizá se presente a presidente en unos pocos meses.

No encuentro motivo alguno para impedir que esto vuelva a ser así. Ninguna dictadura, ningún régimen marchito y corrupto, se desplomó hasta que la parte más crítica y activa de la juventud no salió a la calle para quejarse y reivindicar. La juventud es un valor que os legitima y que además pone en evidencia la necesidad urgente de un brusco relevo generacional. A mi humilde juicio, no solo debéis criticar a quien gobierne del modo que se viene haciendo, es que tendríais vosotros mismos que gobernar.

Pero es que además os asiste y legitima también el propio derecho constitucional. Según nuestra Constitución, el Estado español es 'un Estado social y democrático de derecho', no un Estado liberal de mercado, y los principios supremos en los que se fundamenta han de ser 'la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político' (art. 1.1). Es evidente que el actual Estado desatiende las implicaciones más elementales de la 'igualdad' y la 'justicia', y con su oligarquía bipartidista y mediática, atenta claramente contra 'el pluralismo político'.

Pero hay mucho más. La Constitución impone (art. 7) que 'la estructura interna y funcionamiento' de los partidos sean 'democráticos', y eso, con las listas cerradas y las designaciones a dedo, se incumple clamorosamente. Los poderes públicos (art. 9.2) deben obligatoriamente 'promover las condiciones' necesarias para el goce efectivo de la libertad y la igualdad, y deben asismismo 'remover los obstáculos' que impiden 'la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica', algo incumplido con el actual régimen electoral y con las últimas reformas laborales.

La Constitución garantiza además el derecho 'a recibir información veraz' de los medios (20.1.d), derecho constantemente conculcado por buena parte de la prensa y los informativos actuales. Fundamental es, por otra parte, 'el derecho a la educación' universal, algo que choca con el encarecimiento constante de las tasas.

La Constitución ordena el establecimiento de un 'sistema tributario inspirado en la igualdad y la progresividad' (31.1). Las últimas rebajas de impuestos a las rentas altas y la consiguiente subida del IVA (impuesto anti-progresivo) vulnera evidentemente este mandato. La propiedad privada no es sacrosanta en nuestro ordenamiento constitucional, que permite la expropiación con indeminización por motivos 'de interés social' (33.3). ¿No es acaso del mayor 'interés social' el que se facilite el derecho a la vivienda expropiando inmuebles infrautilizados por sus propietarios o por las promotoras y los bancos? La Constitución, por otra parte, obliga a la ley a 'garantizar la fuerza vinculante de los convenios colectivos' (37.1). ¿Por qué, entonces, la última reforma laboral autoriza a que el trabajador individual revise a la baja, en acuerdo con su empleador, los términos del convenio colectivo de su sector?

Y, en fin, la Constitución (92.1) permite las consultas al cuerpo electoral a través de 'referéndum' cuando se trata de adoptar 'decisiones políticas de gran trascendencia', como lo es la de poner a disposición de la banca miles de millones de euros, y autoriza además la 'intervención de empresas' cuando así convenga al 'interés general' y cuando éstas solo puedan desarrollarse en régimen de monopolio (128), como ocurre, por ejemplo, con las eléctricas y energéticas actuales.

Por eso, queridos amigos, vuestras concentraciones y marchas son tan oportundas, saludables y necesarias. El régimen actual, oligárquico, clausurado sobre sí mismo, mendaz y corrupto, necesita de vuestra energía y participación para refundarse. Y para ello os asiste y legitima nuestra propia Constitución.

Tenéis todo mi apoyo y entusiasmo,

Sebas