sábado, 15 de diciembre de 2007

Titularidad y gestión

Hace poco que me mudé a mi nueva casa y, entre las gestiones de acomodo, contraté teléfono e internet. Tratando con la empresa suministradora, me comentaba la agente comercial que podía obtener una subvención de la Junta andaluza al darme por primera vez de alta en el servicio. "Yo mismo se lo gestiono. No tiene que tomarse ninguna molestia. La Administración nos abona a nosotros directamente la subvención y se la descontamos automáticamente de la factura", recitaba de memoria la teleoperadora, no sin antes advertirme que la primera factura no comprendería un mes completo, sino solamente veinte días -por el precio del mes entero, claro-.
Hace dos días recibí un sms de la administración autonómica en el que me comunicaba que, al no haber cumplido los trámites preceptivos, daba por desistida mi solicitud de subvención al programa Hogar Digital. Me puse inmediatamente en contacto con ONO -mi operadora telefónica- a través, por supuesto, de un 902, es decir, pagando por cada minuto de llamada. Hablé con tres latinoamericanos. La nacionalidad, desde luego, es indiferente y en nada afecta a la eficacia del servicio. Sin embargo, parace que ya es habitual que todas las llamadas de consultas se derivan a países en vías de desarrollo, donde pagan sueldos mucho más bajos y donde, más de una vez, la preparación es sensiblemente menor. El caso es que la única solución que supieron darme por respuesta fue que no me preocupase, que ignorase el mesaje o, simplemente, que esperase a la fecha de facturación.
Toda esta introducción sólo tiene la finalidad de agregar una prueba empírica más al sinfin de pequeños abusos que hemos de soportar casi a diario, desprovistos de protección alguna que sea eficaz, inmediata y accesible. Es un dogma del nuevo tiempo (hacer) creer que el carácter privado de un servicio garantiza infaliblemente la eficiencia de la prestación y, con casi toda probabilidad, el abaratamiento de sus costes. No quisiera simplemente insistir en la evidencia de que la privatización de los servicios no supone una gestión impecable, según demuestran los apagones veraniegos, ni tampoco un descenso de su precio, como adveran día a día las refinerías. Dada su elementalidad, creo también innecesario ahondar en la burda propaganda que nos llueve desde todos los diarios, insistiendo en la necesidad de subir el precio de las facturas para poder cubrir los costes de producción de la energía. ¿Dentro de los costes de producción hemos de incluir forzosamente los meteóricos sueldos de los directivos de Endesa, Iberdrola y Gas Natural, aquéllos mismos que tiene puestos blindados y proclaman por doquier las virtudes de la flexibilidad y temporalidad en el trabajo? (Por cierto, ¿son hoy las eléctricas otra cosa que monopolios privados geográficamente circunscritos a un territorio menor que el del Estado?)
La cuestión de fondo, a mi juicio, es la confusión interesada de dos conceptos diferentes y que, por tanto, se desenvuelven en planos heterogéneos. Una cosa es la titularidad del servicio -del equipamiento, la infraestructura, el capital, los beneficios- y otra muy distinta su gestión específica. En una palabra: que un servicio sea público o privado no tiene porqué implicar necesariamente la eficacia o ineficacia de su gestión. Es así perfectamente concebible un servicio sufragado con fondos públicos y prestado con perfecta diligencia, al igual que un servicio nefasto en manos privadas. Bastaría con tomar medidas que garantizasen la profesionalidad del funcionario para que las ganancias producidas por el suministro de necesidades básicas revirtieran de nuevo en la sociedad. Habría también que poner freno al empeoramiento deliberado de los servicios públicos, antesala necesaria para comenzar la propaganda privatizadora (ojo, en este sentido, con la educación). Por mucho que la historia parezca evolucionar hacia otro norte, sigue siendo intolerable que la lógica del enriquecimiento se apodere de la producción y distribución de bienes -que no mercancías- como el agua, la electricidad o el combustible.
Al parecer, el ministro 'socialista' Solbes ha declarado hoy que "aún no sabemos lo que cuesta el euro". Por el contrario, la rutina nos lo recuerda con obcecación todos los días.

2 comentarios:

baron_dandy dijo...

Es el eterno dilema sobre qué funciona mejor, si lo público o lo privado.
Es cierto que existen empresas públicas que, por su menor organización burocrática, funcionan aceptablemente. Como también lo es la existencia de empresas privadas ruinosas que acaban desapareciendo.
Centrándome en lo público, encontrar un equilibro entre flexibilización, entendida como la capacidad de adaptación de la organización a los constantes cambios y exigencias del "consumidor" de servicios públicos, por un lado, y eficacia por el otro, es dónde, desde mi punto de vista, se encuentra el meollo de la cuestión.
Y ello conlleva, entre otras muchas cosas, aceptar que en lo público la clase funcionarial (y los sindicatos al frente) deben estar dispuestos a una pérdida de su estatus actual. También, una mayor vocación de servicio público de la clase política en general y de nuestros gobernantes en particular, dejando a un lado el uso de los recursos financiados por todos para perpetuación del partido en el poder.

Anónimo dijo...

Pues, en mi opinión, este calvario minimalista y prolijo de la sociedad de consumo para sacar a dentelladas, más o menos sangrientas, las plusvalías (o los beneficios) a los usuarios o a los ciudadanos en general, no es más que un ejemplo de lo que el sistema, a gran escala, hace contodo el que puede yu cuando puede... ¿han dicho algo de esto las asociaciones de consumidores?