Excepción permanente

No debiera sorprender a nadie la deriva que han tomado los acontecimientos con la última y controvertida (des)aplicación de la ley de partidos. Las normas jurídicas no sólo prohiben conductas, también generan atmósferas, sentimientos colectivos, cultura al fin y al cabo. Y sencillamente, dicho engendro legal, que afecta de lleno a derechos constitucionales sustantivos para la articulación democrática, no podía dejar de tener caros, profundos y acaso irreversibles efectos culturales. Con su aprobación, fruto de la connivencia entre PP y PSOE, se traspasó la línea roja, y un terreno que había de resultar espontáneamente vedado a la intervención gubernativa quedó expedito, pensándose, claro, que solamente sería necesario internarse en él una sola y definitiva vez. Pero estas cosas dan ejemplo y sirven de precedente para legitimar conductas semejantes en el futuro.

Desde entonces en nuestro país se ha normalizado prohibir partidos, disolver asociaciones, cerrar periódicos, en fin, suprimir y negar libertades públicas esenciales en nombre de la seguridad y como medidas 'de necesidad' para combatir el terrorismo. Pronto se interiorizó la idea de que tal estado de excepción permanente, y territorialmente acotado, no sólo era compatible con el Estado de derecho sino que era la más acabada expresión de su autodefensa, cuando en realidad se está demostrando que fue uno de los ataques más severos a uno de sus puntos de flotación. La norma, por insensatez e irresponsabilidad del legislador (por darle la vuelta a estos dos términos que pretende monopolizar el conservadurismo), había empezado a crear cultura, una cultura anticonstitucional y antidemocrática concretamente, en la que cabe perseguir las ideas y expulsar a determinados sujetos de la condición de ciudadano.

Lo escandaloso, aunque previsible, no resulta tanto que el Tribunal Supremo intente ilegalizar una candidatura --con la que no simpatizo-- sin pruebas suficientes (¿con qué evidencias fehacientes se está condenando en España por terrorismo?), ni que quede al descubierto su escasa profesionalidad por la decisión de un Tribunal Constitucional que parece haber actuado al dictado de El País, que ya advirtió que con chapuzas como las del Supremo el Tribunal de Estrasburgo tumbará, por antijurídica, la famosa ley de partidos. Lo triste, aunque predecible, es que toda la plana mayor conservadora (y, en ocasiones, socialdemócrata) haya irrumpido atacando al máximo órgano constitucional por su 'falta de realismo' cuando ha estimado, sencillamente, que para negar libertades básicas se necesitan algo más que indicios. A su juicio, bastarían con cuatro vaguedades para negar derechos fundamentales a colectivos enteros. Ese es el valor real que para estos señores tienen tales derechos; y hasta sus más aparentemente mesurados representantes, como Ignacio Camacho, se permiten injuriar --'pedazo de rufián', llama hoy a Carlos Fabbretti-- a los adversarios y tratarlos ya, con la brocha más gorda que puedan imaginar, como si de asesinos condenados en firme se tratase.

Alegan como prueba que Otegi, desafiante y cobarde como siempre, haya pedido el voto para Iniciativa Internacionalista. Pero desconocen con ello que defender el derecho de autodeterminación desde la izquierda radical no es un delito, sino estar inserto en la estructura de ETA como instrumento auxiliar para el cumplimiento de sus fines; y tamaña acusación hay que probarla solidamente. El independentismo, en efecto, no es ilegal, sino cualquier método violento de imponerlo, aun en su grado más remoto de inducción, colaboración o provocación. Sin embargo, el problema de fondo es que, tal y como deseaba el conservadurismo, se ha conseguido identificar, de La Rioja para abajo, izquierda abertzale con (proto)terrorismo y criminalizar así sin más a cerca de doscientas mil personas. Ese es el gran favor de ETA a la izquierda de su país y el gran legado que nos está dejando con su absurdo y criminal combate contra el Estado: que éste sea cada vez más autoritario y menos constitucional.

A ver si Otegi y compañía toman nota de una vez y por las malas suprimen definitivamente esa ignominia que todos terminamos pagando en forma de recorte consentido y espoleado de libertades.