jueves, 13 de diciembre de 2007

Los socialistas, los populares y el Impuesto de Patrimonio

Redactando el apunte anterior me venía a la cabeza una reflexión que me suscitaban las últimas declaraciones y propuestas económicas de los dos partidos predominantes. En realidad, esa reflexión no es más que una mezcla de dos convicciones cada vez más arraigadas: una se refiere al desconocimiento y la indocumentación que signan nuestro tiempo, la otra, a la impertinencia de los juicios que se pretenden universales.
En efecto, estoy plenamente de acuerdo con Debord cuando caracterizaba este presente por el secreto deliberado y la falta de transparencia. Si así no fuese, sería pública y notoria la situación patrimonial de nuestros líderes políticos y los asesores, directivos y demás personajes que pululan en su entorno condicionando decisivamente la gestión política. Esta era una de las grandes utilidades de aquella propuesta, pronto devuelta al cajón, de hacer pública y accesible la composición y las ganancias de los consejos de administración de las empresas que cotizan en el Ibex-35. Vano intento, agresivamente recibido por los editorialistas de El País, que lo tachaban de una intolerable muestra de suspicacia ante las honestas y abnegadas fuerzas productivas de nuestro país. A lo que iba: si conociésemos el patrimonio de los dirigentes políticos del PSOE, el PP y los restantes partidos que bendicen esta supresión de los impuestos directos me apuesto el cuello a que se demostraría claramente que lo presentado como una medida adoptada en beneficio de "las familias españolas" no es en realidad sino una reforma que afecta muy principalmente a quienes la han adoptado, y a quienes los jalean desde los medios para que la adopten.
Lo alarmante de todo esto no es que caminemos hacia un sistema impositivo donde sólo queden impuestos indirectos, pues, una vez suprimido el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, poco más quedará aparte del IVA y de los Impuestos especiales sobre carburantes, tabaco y alcohol. Ni siquiera es preocupante, pisoteada como está la Constitución (léase País Vasco y Ley de Partidos, por ejemplo), que estas medidas abroguen en la práctica el mandato constitucional de la progresividad fiscal. A mi juicio, la cuestión se refiere sobre todo a la única mentalidad que, al parecer, puede engendrar el modelo liberal y, además, a la dificultad insuperable de gobernar a lo grande una sociedad cada vez más diferenciada internamente.
Con respecto a lo primero, baste decir que desde el liberalismo siempre se concibe la ganancia como fruto del ingenio, el esfuerzo, el trabajo o la audacia individuales, escamoteándose con ello el componente necesariamente social que tiene cualquier ganancia económica. El Impuesto del Patrimonio o el de Sucesiones no suponen una confiscación encubierta, como algunos pretenden, sino la justa reversión a la sociedad de lo que, en rigor, ha sido también fruto suyo. Si los liberales fuesen consecuentes, y creyesen de veras en la concurrencia y la competitividad igualitaria, no defenderían la eliminación del Impuesto de Sucesiones, sino la del derecho mismo a heredar, del que proviene la acumulación constante del privilegio y la supremacía económica.
Sobre la diferenciación de nuestras colectividades no hay más que constatar la falsedad que esconden hoy los tradicionales conceptos del interés general, el bien común, y demás directrices éticas reinventadas por la burguesía decimonónica. No es que hayan dejado de existir asuntos que a todos incumben. El problema es que muy difícilmente puede ningún sector de la sociedad atribuirse el derecho de interpretar en exclusiva qué es lo que interesa a la generalidad. Por eso, ya va siendo hora de abandonar prejuicios estatalistas y empezar a reconocer que la gestión política legítima pasa por reducirse a una esfera más local.
Por cierto, habría que recordar a Solbes su juicioso apotegma: "no existe burbuja alguna hasta que no explota".

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Esto no viene mucho a cuento con el post, pero me ha parecido interesante: laRepublica.es

Ayer se publicaba una encuesta en la que se aseguraba que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pasaba a ser el líder internacional peor valorado por los españoles, por delante del líder cubano, Fidel Castro, y del presidente de Estados Unidos, George Bush.

Según la encuesta, los españoles dan a Chávez una nota de un 1,4 sobre 10, por debajo de Castro (1,9); Bush (2,2) y los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega (2,9), y Bolivia, Evo Morales (3,2), en una tabla en la que el más valorado es el Alto Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, con un 6,2.

La muestra fue realizada a 1.200 personas entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre, en plena crisis entre España y Venezuela por el incidente del Rey y Chávez en la pasada Cumbre Iberoamericana de Chile, en la que Don Juan Carlos le espetó al mandatario venezolano: "¿Por qué no te callas?".

En la tabla de valoración de líderes internacionales, Solana es el primero, con un 6,2, seguido del ya ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.

La organización encargada de la encuesta no era otra que el "Real Instituto Elcano", una fundación destinada a defender los intereses privados, presidida por el Príncipe de Asturias y en la que su patronato está compuesto por los presidentes de ATLANTIC COPPER, BBVA, CEPSA, EADS-CASA, ENDESA, FUNDACIÓN ASTROC, GRUPO PRISA, IBM ESPAÑA, IBERDROLA, INDRA, LA CAIXA, RENFE, REPSOL, SANTANDER, SGAE, TECNALIA, TELEFONICA, además de Felipe Gonzalez, Jaime Mayor Oreja, entre otros.

Esta encuesta, que destaca por el hecho de que son los líderes socialistas de la izquierda latinoamericana los peor valorados, parece ser el contraataque de los grandes capitalistas españoles después de las advertencias de Chávez al BBVA y al Santander, y tras las palabras de Daniel Ortega durante la última cumbre Latinoamericana.

Anónimo dijo...

Amigo, Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje de tu "post". La izquierda parece haber olvidado la economía y también la función de la la política fiscal.
Bajo el argumento falso de la neutralidad de la política económica, la desarmada izquierda europea defiende los mismos postulados neoliberales que la derecha. Lo vemos en los anuncios de rebajas de impuestos que se contagian de unas comunidades autónomas a otras. Lo vemos en la renuncia a intervenir en la política industrial o agrícola. Pero también lo vemos en la defensa que se hizo desde cierta izquierda de la Constitución Europea o en la negativa a discutir las bases políticas del código europeo de obligaciones. Como escribía hace poco Ugo Mattei, el derecho económico cada vez es más "soft" y la izquierda aplaude o mira hacia otro lado.

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con todo lo dicho. El abandono de un "derecho económico social" ya acompaña al ya abandonado derecho laboral, que desde hace muchos años ya perdió su original intención y pasó a ser un narcótico de las clases obreras y sindicatos. En vez de rebajas fiscales con trampa, el derecho laboral ofrece minucias como días de paternidad (lo cual está sin duda muy bien) o ayudas a la maternidad, para ocultar los verdaderos problemas de los trabajadores, y sin entrar en las verdaderas matrices de los problemas, como cuestiones salariales, de representatividad sindical o de seguridad en el empleo. Y mientras importamos de nuestra queridísima Unión Europea el famoso concepto "flexiseguridad", que lo que debe significar es que con seguridad tu puesto de trabajo será flexible y te podrán mandar al otro extremo del mundo a cambio de dos pesetas, o bien que te quiten el puesto de trabajo para enviarlo a países sin ningún tipo de control laboral ni de seguridad social, pero por supuesto países aplaudidos por nuestros dirigentes por su aperturismo.
Parece que poco a poco el derecho, como medio de actuación de los poderes públicos, deja de ser un instrumento de cambio para convertirse en la confirmación del cambio. No es que uno espere, como de la clase política, gran cosa del derecho, pero al menos intento conservar una "esperanza humilde" (que decía el tango)de que desde el poder público se pueda remover algo. Habrá que cambiar el tango por "esperanza inútil".

Anónimo dijo...

Heredar, apropiarse del dinero de otro aunque sea un familiar, no es resultado del esfuerzo, de la inventiva o la originalidad del individuo, tal y como defiende el liberalismo (comentado en este blog).
Si hay un impuesto justo, ese es para mí el de sucesiones y donaciones. ¿O no es justo que parte de lo gracialmente conseguido revierta nuevamente en la sociedad?.
En este país, dónde no se tiene el más mínimo empacho en aumentar los ingresos públicos por IRPF (asalariados principalmente), se suprime un tributo, el de sucesiones, a beneficio de los más pudientes. Y la iniciativa ya no sólo parte del PP (no debe causar extrañeza) sino del PSoE (que tampoco debería extrañarnos a estas alturas).