Las prejubilaciones de Telefónica

Con algo más de tiempo para navegar por estar griposo en casa, me siento muchas veces tentado de incluir apuntes con reflexiones suscitadas por la lectura de algún artículo o noticia. Han sido varias las ocasiones en que me he puesto a escribir sobre la Universidad o nuevamente sobre economía, aunque me he abstenido finalmente de hacerlo para aprovechar el tiempo en deberes más apremiantes.

No me resisto, sin embargo, a transmitiros mi perplejidad, mi absoluta incomprensión, ante el expediente de regulación de empleo de Telefónica. En principio, nuestro benemérito Corbacho amagó diciendo que no consentiría que compañías con millones de euros de beneficio destruyesen empleo impunemente, aun con el miserable acuerdo de estos sindicatos burocratizados. Como suele ocurrir con los paños calientes socialdemócratas, aquellas declaraciones se han quedado en agua de borrajas, y tras unas modificaciones cosméticas, Trabajo ha terminado admitiendo la propuesta del operador.

No es esta lamentable flexibilidad gubernamental, ni la vergonzosa complicidad sindical, la que me lleva a escribir el apunte, aunque dan tela que cortar para varios. Lo sorprendente a mi juicio del asunto es el contenido de la regularización laboral prevista. Hasta el mismo lenguaje demuestra estar viciado cuando con sus sustantivos nos lleva a inferir normalidad y regularidad de lo que es biológicamente anormal y sociológicamente irregular. Por lo visto, las prejubilaciones que Telefónica tenía previstas se iban a aplicar a empleados mayores de... ¡48 años! Una vida laboral truncada antes de los 50, edad en la que más bien habría de comenzar el cenit profesional, una vez alcanzada la serenidad, la madurez intelectual y la amplitud de miras necesarias para ejecutar un buen trabajo y que sólo dan la experiencia y el esfuerzo continuado. El caso es que la objeción ministerial a esta barbaridad no ha sido, como esperaba escuchar, una prolongación de la edad a partir de la cual puede solicitarse la prejubilación, sino la supresión de cualquier límite de edad, para que pueda acogerse a ella todo trabajador interesado.

Claro, este tipo de políticas son posibles, además de por la aquiescencia del poder político y de los representantes sindicales, por la existencia de toda una legión de licenciados jóvenes bien cualificados y dispuestos, la mayor parte de las veces por necesidad o dignidad, a trabajar por poco más de mil euros. Por eso no es de extrañar que estemos casi en el último puesto mundial en lo que respecta a la posición económico-social de nuestros graduados universitarios. Pero ni siquiera colocados en la óptica empresarial funciona la medida, pues o bien los puestos que van a ser destruidos o sustituidos carecen de importancia estratégica, y entonces ha sido todo un éxito endilgar a la Seguridad Social el salario de cientos de empleados, o bien volvemos a contemplar una nefasta política empresarial, regida en exclusiva por la política cortoplacista de los costes y los beneficios en lugar de por criterios, con mayor proyección temporal, de calidad, experiencia y seguridad.

La pena es que, de ser auténticos liberales, esta última y censurable tendencia sería castigada por la demanda ante una oferta inconsistente, pero ¿alguien cree aún que en telefonía como en otros sectores -léase electricidad- existe aquí un régimen de libre competencia? ¿No presenciamos más bien los antiguos monopolios produciendo ahora beneficios privados?