viernes, 15 de agosto de 2008

Democracia y capitalismo (I)

El exceso de información y de actualidad nos condena a la ignorancia y el olvido. En estas últimas semanas, se han sucedido vertiginosamente varias noticias relacionadas con los sistemas políticos latinoamericanos de cariz socialista. Alguna de ellas ya ha sido enterrada por el aluvión periodístico ulterior: ¿alguien sabe, por ejemplo, qué tal van las negociaciones para la compra por parte del Estado de la filial del Santander en Venezuela? Alguna cosa pensé escribir al respecto, básicamente que no comprendía tanto aspaviento ante una operación remunerada -no ante una expropiación- que, caso de gestionarse con acierto, podía demostrar algo tan sencillo como acuciante para la ética colectiva: la posibilidad de colocar la producción económica y el tráfico mercantil en función de una mejora universal de las condiciones de existencia.

Si me animo a comentaros algo de un asunto colindante es tanto porque temo que se disuelva en el torrente informativo como porque creo sinceramente que en él se concentra toda la problemática que se cierne sobre los sistemas democráticos de mercado libre. Me refiero, cómo no, al caso de Bolivia y a los resultados de su reciente referéndum revocatorio. Concentrémonos en los aspectos sociopolíticos que este suceso pone de relieve y dejemos de lado la ignominiosa campaña de algunos medios, especialmente de El País -en este aspecto indistinguible de El Mundo o ABC-, exultante cuando los resultados en el departamento de Santa Cruz arrojaban una derrota estrepitosa de Evo (80% vs. 20%) y aséptico y lacónico cuando, hoy, con el 96% de los votos escrutados, la proporción se ha equilibrado (60% vs. 40%).

Unidad y división. Todos los medios conservadores, aun los disfrazados de progresistas, reprochan al presidente boliviano que provoque la división social con sus medidas económicas y culturales. La forma, constantemente publicitada, que adopta dicha división es la desobediencia activa de capas multitudinarias y confortablemente adaptadas al estado de cosas anterior. Estos sectores tachan a las nuevas directrices gubernamentales de dictatoriales porque las viven como una imposición heterónoma que socava las bases de su existencia privilegiada o segura. La cuestión que hemos de plantearnos es si tal división viene provocada por las medidas socializadoras o si, más bien, las precede, aunque su existencia no tuviese la forma de una arisca reluctancia pregonada a los cuatro vientos. ¿Nadie recuerda ahora las revueltas campesinas bolivianas de los años noventa contra la privatización de los recursos naturales? ¿Por qué aquellas medidas económicas no eran divisivas, sino objetivamente indispensables para la modernización del país, mientras que sí lo son, en cambio, las actuales propuestas nacionalizadoras ampliamente respaldadas? En lógica sincera y desapasionada, habríamos de convenir que la división (de clases y razas) preexiste al actual gobierno y fue creada y fomentada activamente, represión y opresión mediante, por los anteriores dirigentes liberales; sin embargo, en su forma actual, la minoría socialmente poderosa ha dejado de monopolizar los medios de control político, si bien continúa teniendo los instrumentos necesarios para oponerse al Estado con tanta o más fuerza de la que éste dispone, de ahí el mayor impacto aparente de la fractura actual. Parece entonces que la estructura del capitalismo, donde anida siempre el huevo de la división (económica), resulta incompatible con la democracia, que requiere para ser eficaz una relativa homogeneidad en el poder social ostentado por cada uno de los miembros y grupos de que se compone la comunidad. Por tanto, para evitar estos callejones sin salida, o bien se restringe severamente la posibilidad del privilegio económico, lo cual implica una ordenada y masiva intervención pública en la producción y la distribución de los bienes, o bien se cercena la democracia sustrayéndole su principio rector de las mayorías y reduciéndola a un sistema donde participen solo los grupos sociales predominantes (o donde la participación de los grupos sociales dominados sea coherente con las pautas de los dominantes), o bien se concluye que la forma de gobierno más ajustada a la producción capitalista es la dictatorial.
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Pluralidad y mediación. Al diagnóstico de que todos los males se coagulan en la división producida por las medidas socializadoras sigue, casi de modo matemático, la propuesta de buscar vías de mediación y composición entre los grupos enfrentados. Nada habría que reprochar a este consejo si tras él no latiese el propósito, a veces transparente, de que la solución está en el desestimiento, en la 'sensata' y 'realista' comprobación por parte del socialismo de que la estructura económica es inmodificable mediante el uso de la autoridad política. Es decir, tras ese consejo no existe sino una invitación a no perturbar la situación de la minoría económicamente poderosa, en lugar de la más pertinente recomendación a ésta de que, siendo la situación privilegiada en la que vive una distorsión forzada del equilibrio social, debe avenirse a modificarla sustancialmente. Véase que la cadena de razonamiento conservadora y antidemocrática -secundada, como digo, por gran parte de la 'progresía' española- es del todo coherente: la unidad social ha sido alterada por medidas que no se ajustan a la estructura interna de la comunidad -menos mal que esa estructura interna no es de carácter espiritual y nacional-, por tanto, para recobrar la paz social se exige una vuelta al redil de Evo y sus secuaces, que comprendan los límites inquebrantables y las fronteras intraspasables de la actividad política. La cadena de razonamiento democrática ha de ser justo la inversa: la estructura social nunca es unitaria, sino plural; se caracteriza por la lucha agónica por el poder político con el empleo de medios discursivos; su conquista y su ejercicio no pueden consistir en la eliminación física o la neutralización social del oponente, quien ha de disponer de recursos a su alcance para hacer valer sus convicciones; por tanto, el estado de la minoría se caracteriza por la garantía y el respeto de sus derechos básicos (vida, propiedad, opinión, pensamiento, movimiento, domicilio...), no de sus privilegios (propiedad de medios de producción), y por la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones políticas con la fundada esperanza de ser capaz algún día de ejercer el poder. La crítica que debe formularse entonces desde esta perspectiva, más que a Evo, quien no cesa de hacer llamamientos a la concordia y la lealtad, es a la minoría disconforme, siempre presta a colocarse fuera de la jurisdicción estatal y de los mecanismos de composición democrática, como demuestra su ausencia (también en Venezuela) de las Cámaras representativas cuando los resultados electorales no les favorece.
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Ahora he de marcharme. Dejo para mañana los dos extremos que aún me parecen de interés: el que opone soberanía nacional y soberanía popular y el que contrasta las esferas de la economía y la política.

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